Puerta abierta a la privatización de los servicios no sanitarios
“El auténtico negocio para la empresa” fue la crítica socialista al hacerse público el pliego de condiciones para el Hospital de Toledo. Y no fue la única. Las condiciones del documento llamaron inmediatamente la atención, y no fue sólo por la importante variación que significó del Anteproyecto que se había sometido a información pública en un principio. “Hospital sí, pero así no”, fue el llamado de Izquierda Unida al conocerse el contenido del mismo.
Muchos fueron los cambios desde el Anteproyecto al pliego de condiciones que hizo público la Junta. Pero, sin duda, el más criticado fue el que incorporaba al Complejo Hospitalario Universitario de Toledo los centros de especialidades de Toledo, Illescas, Torrijos y Ocaña, a los cuatro hospitales de la región: el nuevo Hospital Universitario, Virgen del Valle, Hospital Provincial y Hospital de Parapléjicos. Y no fue la creación de un gran Complejo lo que suscitó tantas críticas.
El documento adjudicaba también a la empresa adjudicataria la gestión de los servicios no sanitarios de todo este conjunto, además de también otro tipo de servicios, como el aparcamiento, los posibles locales comerciales. Para esto, se incluyó un canon anual dividido en una parte dedicada a pagar la inversión inicial y de reposición, y otro por el coste de los servicios que se presten en el edificio, y por el servicio de la deuda. A todo esto, se debe sumar un beneficio asegurado de un 11%, si bien el PSOE aseguró que el pliego señalaba entre un 12% y un 14%.
Representantes socialistas impusieron un recurso ante el pliego de condiciones, señalando que se vulneraban diversas leyes, tanto de España como de Europa, pero haciendo especial hincapié en que durante los treinta años de la concesión, los beneficios para la empresa podrían llegar a un total de 462 millones, “un auténtico negocio”, como lo calificó Fernando Mora, portavoz de Sanidad socialista en las Cortes regionales. El recurso del PSOE fue rechazado por el Tribunal Administrativo Central por “confundir control político con el control de la legalidad de las actuaciones administrativas”, según informó el propio Servicios de Salud regional.
Por otro lado, Comisiones Obreras interpuso también un recurso contencioso-administrativo contra el documento en octubre de 2014, pero en su caso dirigido a las cláusulas relacionadas con los trabajadores. El sindicato anunció que el recurso se interponía para evitar que el personal estatutario del Sescam pasase a depender ‘funcionalmente’ de la compañía adjudicataria, en una medida que sólo pretendía privatizar los servicios del hospital, como anunciaron. En este sentido, señalaron la falta de negociación colectiva, la vulneración del estatuto marco, y la vulneración del pacto de selección de personal, arguyendo que no se respetarían las bolsas de trabajo. El recurso se prevé para el 17 de junio de este año.
El sindicato ha anunciado, además, que recurrirá el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del nuevo Hospital de Toledo, “en cuanto salga publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha”. La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras ha anunciado que “temen” que la propuesta “privatizadora” se extienda a nuevas categorías profesionales.
El personal no fue el único cambio de los pliegos
Entre otros cambios, el Servicio de Salud regional (Sescam) redujo el valor de la obra ya realizada, que comprende entre un 50% y un 60% del total, en 20 millones de euros, pasando a valorar lo construido en 103 millones. Además de esto, el llamado Edificio A del nuevo Hospital Universitario de Toledo pasó a ser parte de lo que el Sescam llamó “edificios reserva”, cuando antes su uso debía ser definido por la empresa concesionaria de la obra.
Una gran modificación del pliego de condiciones, que ha sido constante en las críticas sobre todo desde el PSOE, fue la desaparición de la financiación del Banco Europeo de Inversiones. En 2013, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz señaló que el apoyo de la entidad bancaria era una demostración de cómo “Castilla-La Mancha recupera el crédito internacional”, además de servir como muestra de que “el Gobierno de Cospedal cumple sus compromisos y abandona la senda del despilfarro”. La Junta no volvió a enorgullecerse de esta financiación, mientras que el PSOE ha pedido en reiteradas ocasiones que se explique lo que pasó con los anunciados cien millones de euros.
La pérdida de esta financiación significó además, según los pliegos, que la empresa adjudicataria debía encargarse de financiar la inversión de la obra obra y el mobiliario no clínico con recursos propios, que podían llegar al 30% del total, y con financiación ajena, hasta el 70%.
