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La constructora del nuevo remonte está obligada por contrato a atender las peticiones del Ayuntamiento

Ayuntamiento y Junta de Comunidades mantienen sus diferencias sobre quién debería hacerse cargo de los arreglos y corrección de defectos de obra que hay que realizar.

El contrato obliga a la constructora a obedecer las correcciones que haga el Ayuntamiento ya que serán los que se encarguen de su posterior mantenimiento.

Cospedal visita los inicios de las obras en el remonte de Safont

Cuando se va a cumplir una semana de la inauguración oficial del nuevo remonte mecánico de Safont que permite acceder a las escaleras mecánicas interiores del Palacio de Congresos, en funcionamiento desde marzo de 2009, sigue sin autorizarse por parte del Ayuntamiento de Toledo el uso de las dársenas situadas a sus pies y que están destinadas a que los autobuses turísticos dejen viajeros.

Desde la concejalía de movilidad se insiste en que es precisa una regulación mediante semáforo antes de permitir el acceso con el fin de evitar problemas en el giro a la izquierda de autobuses en una vía tan concurrida como es la Ronda del Granadal. Por su parte la concejalía de urbanismo insiste en que los técnicos municipales han observado otras deficiencias que deberían corregirse antes de aceptar la entrega de la obra de manos de la empresa pública GICAMAN dependiente de la Junta de Comunidades y que ha sido responsable de su contratación a la constructora Vías y Obras, del Grupo Dragados. Dicha entrega se encuentra pendiente de la celebración de una reunión conjunta entre ambas administraciones y, a la espera de que ésta se produzca, se suceden los “mensajes” cruzados.

Así, desde el Ayuntamiento se quejan de que hasta ahora la Junta no ha permitido ninguna supervisión por parte de los técnicos y que las deficiencias de la obra comienzan a aflorar y no se limitan sólo a dicho semáforo. Desde la Junta minimizan el problema para el tráfico y en cualquier caso responsabilizan al Ayuntamiento de falta de previsión y le reprochan que no se abra el uso de las dársenas.

El Pliego de Condiciones de la adjudicación de esta obra por parte de GICAMAN, que obliga al adjudicatario, preveía la posibilidad de que el Ayuntamiento exigiese la corrección de determinados aspectos antes de aceptar la entrega de la obra y que su coste sería por cuenta de la empresa constructora. Así, textualmente se indica en su apartado 5.6: “Dado que las obras de Edificación se van a entregar al Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, el ADJUDICATARIO se obliga a aceptar todas las reparaciones y subsanaciones de defectos que los técnicos municipales puedan establecer, siempre que la Dirección Facultativa así lo corrobore, con independencia de si se hubiere producido o no la Recepción. ADJUDICATARIO – GICAMAN.”

Es decir, que más allá de la polémica sobre los semáforos y el cierre de la dársena, es el Ayuntamiento el que está en condiciones de exigir, ya que debe hacerse cargo de su mantenimiento posterior, y la cuestión es por qué no se han analizado entre ambas administraciones los posibles defectos antes de la inauguración oficial, que parece haber sido precipitada.

Financiación de la Junta comprometida en 2009

Esta obra inicialmente se proyectó como III Fase de actuación del Palacio de Congresos del Miradero e iba unida a un futuro ferial en la zona. En noviembre de 2009 mediante convenio entre la Junta presidida por Barreda y el Ayuntamiento de Toledo, con García-Page al frente de un gobierno bipartito de PSOE e IU, se acordó que fuese el gobierno regional quien asumiese íntegramente el coste de la intervención que se limitó ya a un nuevo acceso mecánico al Casco que complementase las escaleras mecánicas de Recaredo construidas en 2000 con financiación del Banco Europeo de Inversiones. El Ayuntamiento aportó el proyecto original del nuevo remonte del arquitecto Rafael Moneo, que comprendía una ambiciosa actuación en la zona de aparcamiento de autobuses turísticos situada ante la estación.

La obra se adjudicó e inició en 2011 por el anterior gobierno, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por García Lozoya y Dragados, por un importe de 4.488.667 euros más IVA.

En enero de 2012 el gobierno de Cospedal decidió paralizar la obra y rescindir el contrato, indemnizando a la UTE con el 6% del importe pendiente de ejecutar y habiendo abonado certificaciones de obra por importe aproximado de 575.000 euros. Se justificó la decisión en la intención de revisar el alcance de la obra y su presupuesto.

Tres años de espera y año Greco sin remonte

Hubo que esperar hasta junio de 2013 para que se reanudase, de acuerdo a un nuevo proyecto del estudio de arquitectura Paz y Cal, que eliminó la actuación de la estación y recortó en distintos aspectos para que se pudiese adjudicar por un menor importe, curiosamente a una empresa del mismo grupo de Dragados, Vías y Obras, que obtuvo la licitación por 1.272.951 euros más IVA, una bajada del 37,5% sobre el presupuesto que generó sorpresa en el sector.

El coste final del proyecto “redimensionado” es el resultado de sumar ese importe de adjudicación a la indemnización de la resolución y a la obra previa, en total 2,4 millones de euros incluyendo el IVA y seis meses iniciales de obra, dieciocho de paralización y catorce de conclusión, es decir, más de tres años.

Este retraso ha hecho que la mayor parte del año de la conmemoración del IV centenario de la muerte del Greco, con una afluencia de visitantes record en Toledo, el nuevo acceso no ha estado disponible y se ha ofrecido una imagen de “campo de minas” en la entrada a la ciudad, tal como han criticado tanto el gobierno municipal como el grupo de Izquierda Unida.

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