El recurso contra la jornada de 35 horas, “cortina de humo” por la corrupción, según CSIF
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSI.F en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha considerado tras el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central para que la jornada laboral de los funcionarios castellano-manchegos vuelva a incrementarse hasta las 37,5 horas influirá “negativamente” no solo en el personal, sino también “en los servicios que reciben todos los ciudadanos”.
En declaraciones a Europa Press momentos después de conocerse el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, Retamosa ha apuntado que repercutirá además en la conciliación de la vida familiar de los funcionarios. Además, entiende el presidente autonómico del sindicato que se verán mermadas las posibles ofertas de empleo público que se pudieran convocar en Castilla-La Mancha. “Es una noticia malísima”, ha enfatizado.
Rafael Céspedes, portavoz del sindicato ha recordado que esta medida se puso en marcha “de manera temporal” con el fin de atajar el déficit público. “El Gobierno Central, que parece haberse olvidado de sus resultados electorales en la Comunidad de Castilla-La Mancha, insiste nuevamente en castigar a los empleados públicos, culpabilizándoles de una crisis que no han generado”, señala.
Quedaría anulada la “única” medida positiva para con los funcionarios
Quedaría anulada la “única” medida positiva para con los funcionariosEl sindicato percibe esta decisión como una cortina de humo que “haga olvidar los verdaderos problemas que están acuciando nuestra sociedad, tales como la corrupción política”. Para CSI·F, recurrir la medida “de recuperar, que no rebajar”, la jornada laboral de 35 horas en Castilla la Mancha, es una decisión que “no sólo afecta a la dignidad de los trabajadores públicos, sino de compensación a las radicales medidas en recortes laborales que está sufriendo este colectivo”. Unos recortes laborales que no se dan en ninguna parte de la geografía española excepto en Castilla-La Mancha, en alusión a la “Tasa Page-Cospedal”, que consiste en la reducción, por quinto año consecutivo, en la nómina de todos los empleados públicos del 3%, y que aún todavía en el 2016 se está aplicando.
De llevarse a cabo este recurso de inconstitucionalidad, advierten, quedaría anulada “la única medida positiva” para los empleados públicos que el Gobierno de García-Page “ha firmado con sus sindicatos afines”, y que CSI·F se negó a firmar por ser “claramente insuficiente”.
El sindicato acusa de empobrecer más aún, con esta decisión, el servicio que viene prestando a la sociedad en servicios sociales básicos como la sanidad, bienestar social...“ya que si era pobre la oferta de empleo público, ésta se ve empeorada por la posible salida de interinos que supone esta medida”. Asimismo, creen que esta resolución vuelve a suponer un retroceso social al atacar de lleno en la conciliación de la vida familiar y laboral que tanta consideración merece en países emergentes económicamente como Noruega, Finlandia, Suecia...
