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Los sindicatos se levantan con exigencias al nuevo Gobierno castellanomanchego

STAS ha pedido que se establezca la jornada de 35 horas semanales, según el compromiso presentado por García-Page a lo largo de su campaña electoral, entre otras nueve exigencias.

La Federación de Enseñanza de CSI-F ha señalado, por su parte, la importancia de un ‘Pacto por la Educación’ en el que se subsanen las reducciones presupuestarias y salariales.

Concentración interinos en Toledo 20 de marzo de 2015, foto por Comisiones Obreras

Poco más de un día ha pasado desde el anuncio del nuevo Gobierno y los agentes sociales ya han trasladado sus exigencias a Emiliano García-Page. Es el caso del sindicato STAS, de los trabajadores de la Administración, que ha dado la bienvenida al nuevo consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Alfonso Ruiz Molina, pero advirtiendo a la vez que no habrá cien días de cortesía “porque hay temas muy urgentes que debemos tratar”. El sindicato asegura que espera “talante dialogante” en las negociaciones y también “compromiso” con la recuperación de los servicios públicos.

Sólo hará falta que se ocupe el puesto de Director General de Función Pública para que el sindicato pida la convocatoria de las Mesas de Negociación y trate así un decálogo de reivindicaciones, que separan en tres bloques principales. De manera ‘inmediata’ piden que se establezca una jornada laboral de 35 horas semanales, según se comprometió Page en su campaña electoral, así como la suspensión del uso de movilidades en el personal laboral y las atribuciones temporales de funciones para cubrir bajas. El nuevo consejero de Administración Pública tendrá que estudiar las plazas que sean urgentes para cubrirlas también, según exige el sindicato.

En relación a diversos trámites legales que todavía están en curso, el sindicato exige que se retire el recurso ante el Tribunal Supremo del Plan de Recursos Humanos de los Parques móviles de la Junta y que se acate la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que lo anulaba. En esta línea, piden también que se aplique la sentencia del cese ilegal de los interinos en 2012, para posibilitar el reingreso de 73 trabajadores. En relación a esto, exigen saber el  coste que ha supuesto este trámite, algo que, según señalan, “el anterior Gobierno ha ocultado celosamente”. Además, piden que se anule la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo en distintas consejerías, con el que aseguran “el Gobierno de Cospedal pretendía cesar a decenas de interinos”.

Para los próximos presupuestos generales exigen también la convocatoria de una Oferta de Empleo Público, y la recuperación del complemento por Incapacidad Temporal, un recorte que aseguran intentó “criminalizar” la enfermedad de los empleados públicos. Finalmente piden que se estudie cuanto poder adquisitivo han perdido estos empleados públicos, y su posible recuperación, así como la negociación de un nuevo Convenio Colectivo del personal laboral.

La necesidad de un Pacto por la Educación

Por su parte, el sindicato CSI-F ha registrado ya una carta destinada a la nueva consejera de Educación, Reyes Estévez Forneiro, para trasladar también sus sugerencias para trabajar “para la recuperación y mejora de la Educación” en Castilla-La Mancha. Dentro de sus prioridades, el sindicato indica la necesidad de subsanar los recortes de cerca de un 30% en las partidas destinadas a educación, así como la reducción en las nóminas de los docentes que valoran en un 25%. No sólo esto, sino que también hay unos cinco mil docentes menos en los centros, además de un importante número de escuelas rurales cerradas, y la eliminación de apoyos y el aumento de los ratios.

Tras pintar este retrato, el sindicato ha asegurado que lo que buscan es un Pacto por la Educación, que ayude a plantear un sistema educativo estable y que “apueste” por la Educación Pública. El decálogo que proponen incluye la reducción de las ratios de las aulas, el horario lectivo de los docentes y también la eliminación de los recortes en los sueldos de los docentes. Además, piden que se llegue a un acuerdo de plantillas, la recuperación del contrato de los interinos y que se detenga el cierre de las aulas rurales por criterios “exclusivamente economicistas”.

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