76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante

El escándalo del reparto de viviendas protegidas de Alicante entre algunos cargos del PP y del Ayuntamiento de Alicante aún se hace más sangrante cuando se analizan los datos de solicitantes de este tipo de viviendas destinado a personas con rentas medias, bajas o vulnerables, según la tipología de los inmuebles. Unos datos que ponen en evidencia la emergencia habitacional que se vive tanto en la Comunitat Valenciana, como en el resto de España, y que han merecido la atención de la Sindicatura de Comtes.

Como ha venido informado elDiario.es, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cinco inmuebles de este residencial promovido por una cooperativa sobre unos terrenos que compró al Ayuntamiento alicantino por 6,6 millones. Tras el terremoto político que ha supuesto el asunto, tanto la edil como la directora general han anunciado ya su dimisión.

Mientras se urdía todo este proceso, el registro de demandantes de vivienda protegida de la Comunitat Valenciana se multiplicó por seis en tres años, puesto que a finales de 2022 había del orden de 13.600 demandantes. En concreto, según una respuesta parlamentaria facilitada a Compromís, que preguntó por los datos oficiales en mayo de 2025, la cifra ascendía a 76.475 “unidades de convivencia activas” inscritas. Por provincias, 24.011 en Alicante, 6.894 en Castellón y 45.570 en Valencia.

Un reciente informe de la Sindicatura de Comptes aporta más datos al respecto: “El 31 de diciembre de 2024, el total ascendió a 40.998 unidades de convivencia demandantes de vivienda protegida, lo cual implica que, en el periodo 2023-2024, la demanda prácticamente se ha triplicado, con un incremento del 186%”. Una línea ascendente que ha seguido en 2025.

Como ha informado elDiario.es, el decreto de 2024 aprobado por el Gobierno valenciano derogó, en el caso de las promociones privadas, la obligatoriedad de constar como demandante en los registros de la Generalitat y de presentar una declaración responsable de cumplimiento de requisitos. También la obligación de incorporar al registro de viviendas protegidas las promociones privadas.

El informe de la Sindictura, sin embargo, no solo valora positivamente este mecanismo, sino que insta a ampliar la información que ofrece para mejorar la transparencia de los procesos. En primer lugar afirma que “actúa como filtro previo a los procedimientos de adjudicación y permite aplicar baremos, criterios de preferencia y requisitos adicionales con base en la información declarada”.

En cuanto a las carencias, destaca que “no hay una integración plena entre el registro de solicitantes y el inventario del parque público, lo cual limita la capacidad de la Administración autonómica para vincular de manera ágil las necesidades residenciales con la disponibilidad real de vivienda. Este déficit de coordinación, que tiene que resolver la Consellería, resta eficacia al sistema y a la vez impide contar con una visión consolidada y fiable sobre la situación de la vivienda de protección pública en la Comunidad Valenciana”.

Además, el informe apunta que “la Consellería ha publicado información sobre los registros, pero esta resulta insuficiente y poco accesible” y añade: “No existe un inventario público actualizado del parque de vivienda de protección pública que permita conocer con precisión su composición, disponibilidad y evolución. No se ofrece, por otro lado, información transparente sobre el tiempo medio de tramitación desde la inscripción en el Registro de demandantes hasta la resolución de adjudicación, a pesar de que este constituye un indicador clave de la eficacia administrativa. Estas carencias reducen la transparencia y dificultan tanto el control social como la rendición de cuentas de la política pública de vivienda, lo cual representa un riesgo significativo identificado en la gestión autonómica del sistema de vivienda protegida”.

Ante esta situación, la Sindicatura remienda “reforzar la actualización periódica de los registros y mejorar la calidad y fiabilidad de los datos de solicitantes y viviendas disponibles”. También aconseja “integrar en una única plataforma los registros de demandantes con el inventario de viviendas, de forma que la Administración autonómica disponga de información consolidada y fiable, para una mejor planificación y asignación de recursos”.

También insta a la Conselleria a que adopte medidas “para garantizar la publicación periódica, actualizada y accesible tanto del inventario del parque público de viviendas como de los datos estadísticos derivados del Registro de demandantes, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal y autonómica de transparencia. Esto permitiría reforzar la rendición de cuentas, mejorar la confianza ciudadana y facilitar el acceso a información pública esencial para conocer la oferta y la demanda real de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana”.

En esta línea, la Conselleria de Vivienda ya ha anunciado, a raíz del caso de Alicante, que el proceso de visado por el que se verifican que los compradores de viviendas cumplen los requisitos se hará a partir de ahora por órgano colegiado en lugar de por un único funcionario.

Además, han explicado que están trabajando en una plataforma digital del Plan Vive en la que se dará información de todas las promociones de vivienda protegida que se saquen a la venta para que todos los interesados tengan la información de primera mano y puedan apuntarse a los diferentes procesos de adjudicación que seguirán gestionando las promotoras. En este punto también han asegurado que trasladarán a las mercantiles una serie de criterios objetivos para hacer las adjudicaciones de forma transparente.