Acció Ecologista-Agró ha remitido a los miembros del Consejo Asesor de Participación y Medio Ambiente (CAPMA) un escrito justificado por la “falta de rigor” de este organismo y de la Conselleria, en el que detallan las actuaciones de la Generalitat Valenciana, “enmascaradas como necesarias para la reconstrucción, que solo benefician de nuevo a la especulación urbanística”.
El escrito se centra en las políticas “negacionistas” del Consell de Carlos Mazón, que “niegan el cambio climático y sus efectos”, que según el parecer de la entidad ecologista, “son muy peligrosas, matan personas y degradan el medio ambiente”. Alegan en el documento que la base de la reconstrucción debería ser el derecho en la vida y el disfrute de un medio ambiente equilibrado y saludable, y que hasta que no se restablezca esta premisa “no se estará actuando correctamente”.
Volver a la situación previa al desbordamiento de ríos y barrancos del 29 de octubre, día en el que la DANA arrasó parte de la provincia de Valencia, “no asegura este derecho, porque las condiciones meteorológicas se pueden repetir y volver a poner en peligro la vida de las personas que habitan el territorio, así como sus bienes y medio ambiente de la zona”.
Los ecologistas repasan las normas de carácter urbanístico que ha aprobado el gobierno valenciano del PP, “donde se han introducido propuestas tan osadas e imprudentes como que un Plan de Ordenación detallado pueda modificar el planeamiento estructural y se ha eliminado la tramitación de los instrumentos urbanísticos y el informe vinculante de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana”. Con esta normativa, sostienen, “se refuerzan y potencian los instrumentos urbanísticos para implantar usos en suelos no urbanizables, que son de uso excepcional, porque acaban convertidos en instrumentos de uso ordinario, como son los PIA (Proyecto de Interés Autonómico) o las DIC”.
No hay un problema de falta de suelo
La Comunitat Valenciana cuenta con alrededor de 400 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y 50 millones de metros de suelo urbano: “No existe, por lo tanto, un problema de falta de suelo sino de gestión del suelo clasificado y también de necesidad de filtrar estos suelos que fueron clasificados, en gran medida, en tiempo de la burbuja inmobiliaria”. En este sentido, apuntan que más del 70% del litoral valenciano se encuentra ya urbanizado: “Cualquier nueva normativa o regulación que afecte la franja costera tiene que tener como único objetivo la protección del poco suelo que queda libre y procurar su calidad, para que pueda cumplir con las funciones ambientales esenciales con que nos provee”.
Por estas y otras cuestiones, Acció Ecologista-Agró no quiere permitir que se utilice el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente para “blanquear” lo que para la administración es “participación pública” y que “realmente no es más que un trámite para continuar con las mismas políticas que rompen el territorio, no respetan los procesos naturales, niegan los efectos del cambio climático y no se adaptan a las nuevas condiciones generadas”.
“¿Dónde están los planes de recuperación, consensuados y en coordinación con todas las administraciones, y acordados por la población local?”, se pregunta la entidad ecologista, y añaden que la eliminación de la ley de la Huerta, que protegía las zonas cultivadas de la especulación urbanística, “favorece que se implantan en estos territorios actuaciones que aumentarán la impermeabilización del suelo, aumente el volumen de agua que corre por la superficie e incrementará el riesgo de inundación de las zonas próximas; una revocación que tampoco se ha llevado ni se ha hablado ni planteado al CAPMA, puesto que parece que solo el Gobierno valenciano tiene algo a decir respecto de esta normativa”.
Con las reformas legislativas realizadas, insisten desde Agró en que lo único que demuestra el Consell es que “continúa sin escuchar las asociaciones ecologistas, a la gente que habita esos territorios, y niegan normativas y recomendaciones ambientales procedentes de Europa, como el pacto verde europeo (famoso en nuestro territorio porque se ha convertido en moneda de cambio para la aprobación de los presupuestos)”.
Por estos motivos, insiste Acció Ecologista-Agró en que no continúa participando de un consejo (CAPMA) que no tiene en consideración su voz, y por eso, se niegan a contribuir “de esta farsa de participación” en decisiones con las que están “completamente en desacuerdo, hasta que no cambien las circunstancias, o se demuestre que la Generalitat se tome en consideración real la participación ciudadana y el medio ambiente”.
Recomendaciones “muy básicas”
Por lo que respecta a la legislación de ordenación territorial y urbanística, finaliza el escrito, se hacen algunas recomendaciones necesarias, “muy básicas”, como priorizar la consolidación de las ciudades existentes, tener en cuenta el principio de la no regresión ambiental en la hora de regular sobre un ámbito que ya ha sido evaluado ambientalmente, que la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) sea vinculante, la necesidad de crear un plan territorial para la instalación de plantas solares, y la creación de una regulación que resuelva los problemas ocasionados por una normativa sectorial y la obligación de revisar los planes generales.
También solicitan la desclasificación de suelos urbanizables en situación básica fruto de clasificaciones de suelos “anacrónicas y obsoletos” de tiempos pasados, “que no han sido evaluados ambientalmente”; y que se aplique la ley y que el servicio de evaluación ambiental caduque los procedimientos de aprobación de los planes que tienen la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATO) caducada.
Finalmente, para rematar el escrito, exigen la inmediata aplicación de la Disposición Transitoria Primera del PATIVEL, puesto que la dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental “está haciendo caso omiso de esta disposición que exige la inmediata desclasificación de los suelos urbanizables del litoral, que están paralizados, sin programa aprobado o anulado, como es el caso del PAI de Doña Blanca a Torreblanca, o el caso del PAI de Sant Gregori, en Burriana, y otros ocho sectores más que hay a lo largo de la costa que no tendrían que ser urbanizados.