La ofensiva político-ciudadana para devolver a la gestión pública el hospital de Torrevieja llega también al del Vinalopó

Durante décadas, Elche reclamó un segundo hospital. La tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana contaba únicamente con un centro hospitalario, el General, que soportaba una notable falta de camas. Las reivindicaciones constantes del municipio, histórico bastión socialista, fueron escuchadas por el gobierno de Francisco Camps quien, en 2010, inauguró el tan esperado segundo hospital, pero no como imaginaban. El Consell del PP, siguiendo el modelo de Alzira, dividió Elche literalmente en dos partes y otorgó la zona sur a la empresa Ribera Salud para que gestionara la que sería el Área de Salud 24 de la Agencia Valenciana de Salud.

Nacía, con polémica, el hospital del Vinalopó cuatro años después de que el propio Camps inaugurara el de Torrevieja. Ambos tenían los mismos socios, la empresa Ribera Salud, principalmente, y ambos habían sido construidos por el mismo constructor, una UTE del empresario alicantino Enrique Ortiz, financiador ilegal confeso del PP y juzgado en estos momentos por participar en el supuesto amaño del Plan General de Alicante.

Ahora, la misma reivindicación ciudadana, respaldada por partidos políticos de izquierdas, ha vuelto a salir a la calle para pedir que los dos hospitales sean completamente públicos. Este sábado, la plataforma por la Sanidad Pública de Torrevieja ha convocado un nuevo acto reivindicativo a solo cinco días de que acabe el plazo máximo para que el gobierno valenciano comunique a Ribera Salud que no va renovar la concesión que caduca en 2021. 

Con cierta desconfianza que no ocultan, sus miembros siguen presionando a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que dirige Ana Barceló, para que cumpla la promesa que ha reiterado en numerosas ocasiones los últimos meses, mantener la hoja de ruta que llevó en 2018 a revertir el hospital de Alzira.

Vinalopó

¿Y qué pasa con el Vinalopó? Pues que su concesión vence en 2024, por lo que deberá ser el siguiente gobierno autonómico el que decida, nada más acceder al poder, si comunica a la multinacional su rescate o la continuidad. De momento, la Plataforma per la Sanitat PúblIca (Baix Vinalopó y Vinalopó Mitjà) no se queda parada y ha logrado llevar a los consistorios de Elche y Crevillent dos mociones que han sido en ambos casos aprobadas recientemente por los partidos de izquierdas que gobiernan los municipios. A falta de Aspe, que es otra localidad donde da cobertura el hospital del Vinalopó, y que aprobará la misma moción el próximo pleno, los integrantes de la plataforma pretenden visibilizar sus reivindicaciones durante los próximos años.

“En contra de lo que dice el hospital del Vinalopó en su constante publicidad en medios, no son modelo de éxito y no hay estudio que corrobore que el modelo de gestión privado sea más eficiente que el público”, dice Jaime Latour, portavoz de la plataforma. “En el Vinalopó carecemos de liquidaciones anuales, no existen, y deberían haberse revisado entre la empresa y la conselleria”, explica. “Tenemos un departamento financiado con dinero público y que no controla la conselleria”.

A su juicio, en contra de lo que se exigía en el contrato de creación tanto de Torrevieja como del Vinalopó, “estos hospitales no han adaptado sus sistemas de información a los requerimientos de conselleria”, perjudicando en este caso a un enfermo que pase de estar ingresado en el Vinalopó a otro hospital de gestión directa. “Hay problemas para acceder a su información, y viceversa, también hay dificultad por parte de la administración para controlar los datos de gestión”

También el ciudadano puede notar la diferencia con el público en el número de camas y de personal que tienen estos hospitales, asegura Latour, ya que el porcentaje es mucho más bajo, como consta en un informe encargado por las Corts Valencianes. “Esto se nota sobre todo en Atención Primaria donde el del Vinalopó tiene el triste récord de ser el departamento con cifras récord de cartillas, de tarjetas SIP, por médico de familia”, según la última memoria de conselleria (2018), es decir, hay mucha menos dotación de médicos de familia en relación a la población que cubre, “y esto se traduce en demoras de la atención”, como denunció la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche hace dos semanas.

Por último, señala este médico jubilado que “uno de los problemas que atribuimos a las concesiones es que rompen la cohesión social y favorecen un desmembramiento de los departamentos de salud”. Esto lo hemos visto también últimamente, esgrime, con la polémica que ha protagonizado Ribera Salud con su participación en los test serológicos masivos en Torrejón de Ardoz este verano. “Esto es increíble; un departamento que se financia con dinero público y cuyo personal se traslada a Madrid para hacer una operación de test serológicos que son desaconsejados por las principales fuentes científicas y lo hace al margen de conselleria. Se hace sin el conocimiento de la conselleria y sin poder abrirle expediente para sancionarlo”, concluye.