La auditoría del hospital del Vinalopó constata una plantilla “reducida” con “sobrecarga de trabajo” por número de enfermos

La auditoría ciudadana sobre el hospital del Vinalopó, que pese a ser encargada por les Corts Valencianes, Sanidad no ha querido hacer pública, pone en entredicho la calidad asistencial que ha venido defendiendo el grupo Ribera Salud, y lo relaciona con el estado de una plantilla de empleados “desproporcionalmente reducida” y “una alta ocupación” de enfermos.

Esta segunda entrega que avanza este medio llega tras revelar cómo el informe también cuestionaba la eficiencia económica del centro propio del modelo Alzira en un documento de 78 páginas que criticaba entre otras cuestiones “la opacidad de la gestión y la falta de transparencia”, afirmaciones que ha negado la dirección del centro.

Ahora, la auditoría advierte que el tamaño de la plantilla del conocido como Departamento de Salud 24 Elx-Crevillent DS-24 “es desproporcionadamente reducido” tanto en atención primaria como en especializada en comparación con los centros de gestión pública directa“. En este sentido aclara que las diferencias de plantilla entre la concesión y los centros gestionados por la administración ”se magnifican en el personal sanitario no facultativo“, que es mayor en los departamentos comarcales (33% más) y de casi un 50% más en los departamentos de referencia tipo 2 (48,8%).

El informe incide en que dicha plantilla “se ve reducida todavía más, afectando especialmente a personal de atención especializada”, al tener personal “sinergiado” con el Departamento de Salud de Torrevieja, también de Ribera Salud. Es más, aclaran que “es difícil conocer el número total de trabajadores y trabajadoras” que existen entre ambos centros debido a la contratación parcial temporal “de un porcentaje muy elevado de los profesionales de cualquiera de las categorías sanitarias y no sanitarias, incumpliendo el pliego de condiciones implícita y explícitamente”, y a la “falta de rigor a la hora de informar a la administración, a los organismos públicos y privados del volumen total de trabajadores”, incurriendo en informaciones contradictorias. En el texto se alude que a podrían haber 1059 empleados, de los cuales 161 están “sinergiados”, según informó Recursos Humanos a un requerimiento de Inspección de Trabajo en 2016.

Más adelante la auditoría concluye que “una parte significativa” del personal que figura en plantilla “no desarrolla jornada completa en el mismo”, por lo que “la sobrecarga de trabajo que representa este déficit real de personal podría ser responsable de la llamativa alta tasa de rotación”.

A este respecto, cifra en más de 120 los profesionales que han optado por marcharse del Vinalopó, en 2017 y 2018, lo que a juicio de los autores del informe “parece lo suficientemente grave como para ser valorado e investigado tanto en sus causas como sus repercusiones a nivel asistencial”.

Equidad y pacientes

Esta reducción de la plantilla afecta fundamentalmente a enfermería “y podría llevar no solo menor comodidad de la persona ingresada o tratada”, asegura, “sino también a la cada vez más reconocida asociación de una baja ratio de enfermeras y con una mayor morbimortalidad”.

Asimismo, los indicadores de actividad del Vinalopó dibujan un hospital “con una alta ocupación cercana al 90%, un menor porcentaje de enfermos ingresados desde urgencias, una menor estancia a pesar de la mayor gravedad de los enfermos ingresados y una baja tasa de revisiones en consultas externas”. Una situación que achaca a la reducción de costes por una menor dotación de personal y una baja ratio de camas, 230 en concreto en 2017, “lo que supone una ratio de 1,49 camas por 1.000 SIP (Sistema de Información Poblacional), mucho menor que la media de la Comunidad Valenciana (1,93 camas por 1.000 SIP)”.

El sinergismo antes mencionado entre dos departamentos de gestión privada contiguos como Vinalopó y Torrevieja, unido a la coexistencia en Elche de manera excepcional de dos modelos diferenciados de hospital, como el público y privado, genera a ojos de la auditoría “problemas de igualdad” porque dentro de la misma ciudad y ante la misma patología, “los enfermos pueden ingresar (o no) y ser derivados a terceros centros (o no), dependiendo del departamento al que están asignados”.

La auditoría encargada por les Corts y cuyas conclusiones no ha respaldado ni PP ni Ciudadanos también destaca que durante los primeros años de funcionamiento del Vinalopó, inaugurado en junio de 2010, se produjo “una importante fuga de pacientes” hacia el hospital público de la ciudad, una tendencia que se ha venido reduciendo en los últimos años, aunque con un balance neto favorable para el otro centro hospitalario de Elche, “generalizado a todas las especialidades, pero más marcado para el servicio de Oncología”.

Aseguradora estadounidense

Por último, el informe no obvia el escenario que se vislumbra para este 2019, cuando está previsto que la aseguradora estadounidense Centene adquiera el otro 50% de la participación que tiene el Banco Sabadell sobre el grupo Ribera Salud, con lo que la actual del grupo empresarial español pasará a ser 100% de capital extranjero.

“La cesión de la asistencia a una empresa aseguradora puede generar problemas de confidencialidad y constituye una amenaza potencial para la economía (riesgo de rescate) y soberanía del sistema público de salud”, concluyen los autores. “Esto supone que una empresa aseguradora especializada en seguros médicos dispondría de los datos sensibles de salud de todo un sector de la población”, advierte la auditoría, “que podrían difundirse” -como de hecho ya ha ocurrido en América en 2016 cuando perdió datos de 95.0000 pacientes según apuntan- “y ser utilizados por las aseguradoras para discriminar a los potenciales clientes con peor estado de salud”, añaden.

La polémica ha acompañado a Centene también en España cuando se supo que el exministro Pedro Morenés había estado presionando en calidad de embajador en EEUU, y a petición de la diplomacia estadounidense, a Ximo Puig para que frenara la por entonces inminente reversión al sistema público del hospital de Alzira.

De momento, el tiempo juega en contra del gobierno del Botànic, que si bien no descarta lograr un acuerdo in extremis con la propiedad del hospital privatizado de Dénia -DKV y Ribera Salud-, todo parece indicar que el rescate no será posible de una concesión que caduca en 2023, mientras que la de Torrevieja concluye en 2021 y Vinalopó en 2025.