La promotora de 500 chalets en Llíber distribuye carteles contra el diputado de Compromís que denunció irregularidades

“Hace unas semanas el Grupo Vapf repartió centenares de panfletos en pueblos de La Vall del Pop donde me atacaban por mis opiniones y acciones jurídicas contra el programa de actuación integrado (PAI) de Llíber por el cual la constructora pretende construir 500 chalets en un paraje de montaña. Sin embargo, no surgió efecto. Ahora, la constructora da un paso más en la presión al denunciarme, citándome a un acto de conciliación previa interposición de una querella”.

El diputado de Compromís, Gerard Fullana, se ha pronunciado así sobre las acciones que ha emprendido la mencionada promotora contra su persona: “Al parecer no le han gustado los videos qu elaboré para denunciar la situación y los efectos derivados de esta operación urbanística. En el vídeo denuncio la destrucción de patrimonio natural a través de un PAI que en mi opinión tendría importantes irregularidades y por este motivo se han interpuesto varias demandas tanto desde Compromís como desde ayuntamientos vecinos gobernados por la coalición valencianista”, ha comentado. 

Como informó este diario, en 2023, un promotor inmobiliario inició obras de urbanización en más de 400.000 metros cuadrados de terreno forestal para construir más de 488 chalés en el sudeste del municipio de Llíber.

Según Compromís, la Evaluación de Impacto Ambiental de estas obras se basa en estudios territoriales y ambientales realizados hace más de 30 años, con deficiencias metodológicas, sin participación pública y sin garantías de recursos hídricos suficientes para este crecimiento urbanístico, por lo que un juez tomó la medida cautelar de paralizar las obras del colector. Sin embargo, el ayuntamiento y el promotor han acelerado las obras en los últimos meses en otros ámbitos.

“Me amenazan con acciones penales si no afirmo en mis redes sociales que el PAI es totalmente legal, cosa que no haremos puesto que de hecho hemos presentado varias demandas denunciando irregularidades”, destaca Fullana. Además, la constructora pide que el diputado retire sus críticas por el corte y la ubicación de seguridad privada en caminos tradicionales y de uso habitual de la ciudadanía por los cuales se ha accedido históricamente a la cumbre del paraje. También denuncia la constructora la comparación de sus acciones como actividades “propias de la mafia”, que el diputado hizo en relación con las presiones de la constructora a activistas o al propio diputado a través de varias acciones los últimos meses o por el modus operandi en la aprobación del proyecto.

“Pretenden dictarnos las opiniones que tenemos que escribir en las redes y decir a los medios de comunicación, un hecho absolutamente repudiable en 2024 en una democracia avanzada no es un hecho aislado y forma parte de la mentalidad inherente a la extrema derecha autoritaria de limitar la libertad y derechos de la ciudadanía para asegurar los negocios y privilegios que unos pocos a fan a expensas de la mayoría”, ha destacado Fullana.

Desde la promotora han defendido que no puede permitir “la difamación y la mentira, ya que con ello, se está manchando el buen nombre de un grupo empresarial sin que se le pueda imputar ningún hecho delictivo o de cualquier índole que enturbie su trayectoria” y ha añadido: “Es por lo que, en defensa de su derecho al honor, se ha recurrido a la jurisdicción voluntaria para permitir al señor Fullana y a otros que recapaciten sobre sus concretas palabras y puedan rectificar aquellas que falten a la verdad, sin que ello suponga ningún tipo de coacción a su libertad de expresión o de pensamiento, ya que para expresar una posición política o social no resulta necesario perjudicar a terceros, responsabilizándolos de falsos delitos y de irregularidades, tergiversando la realidad de las cosas y realizando imputaciones que, de ser ciertas, serían constitutivas de delito”.

Presiones de la constructora en un momento judicial determinante

Según Compromís, las denuncias y campañas para presionar a activistas o políticos en contra del PAI de Llíber llegan en un momento determinando a los juzgados. Tres salas del contencioso administrativo de los juzgados de Alicante dirimen la paralización cautelar de todo el proyecto “por irregularidades en las obras del alcantarillado, por irregularidades en la reparcelación y por la falta de concesión hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar para construir cerca de 500 casas en un proyecto que duplicará las necesidades de agua de Llíber y que de continuar así dejará sin recursos al resto del Valle del Pop”.

El diputado Gerard Fullana es uno de los impulsores de las acciones judiciales que se dirimen en este momento a los juzgados: “Ya no solo es una lucha medioambiental, sino que es una lucha por la democracia y la libertad. No daremos ni un paso atrás, no dejaremos de denunciar con libertad contra la masacre medioambiental que se está perpetuando en Llíber ni retiraremos ni una sola de las demandas que hemos presentado a los juzgados”, ha destacado el diputado de la Marina Alta.

Así mismo, Fullana también ha destacado que desde el grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas y el grupo de la Diputación de Alicante se estudian más acciones judiciales contra los diversos proyectos que la Generalitat Valenciana está reviviendo. En el caso de la Marina Alta, Compromís ha denunciado la emisión de informes exprés por parte del Gobierno valenciano los últimos meses para acelerar y evitar la paralización en tribunales de los macroproyectos urbanísticos de Llíber y Pego.