Antifraude detecta irregularidades en el nombramiento de la directiva del Ivacor procesada por malversación

La directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor), Gemma Contreras, está al borde del banquillo por un presunto delito de malversación, junto con la exresponsable del organismo Carmen Pérez. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha dictado el auto de procedimiento abreviado por el caso de la restauración de los libros antiguos de Luis Caruana Font de Mora, quien se ha salvado del banquillo, al no haber incurrido en responsabilidad penal alguna, según el juez.

En paralelo, la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, ha detectado irregularidades en el nombramiento de Contreras en 2015 como subdirectora de Conservación y Restauración del Ivacor. El puesto que ocupó Contreras fue de libre designación y debía ser por un plazo no superior a seis meses. A pesar de ello, ocupó el puesto durante casi tres años. Gemma Contreras es la actual responsable del Ivacor.

La Inspección General de Servicios destacó el “retraso de más de dos años” del Institut Valencià de Cultura (ICV), del que depende el Ivacor, en aprobar y publicar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La superación del límite temporal supone, según la inspección, una “dejación de funciones” que no comporta una nulidad de los nombramientos provisionales.

La RPT no fue aprobada hasta el 2019 por lo que “el cambio de adscripción de los puestos no contó con la adecuada y suficiente motivación fundamentada en el interés general”. El sindicato CGT, que ejerce la acusación popular en la causa por la restauración de los libros a antiguos, denunció el nombramiento ante la inspección y ante la AVA.

La Agencia Valenciana Antifraude, “vistas las conductas irregulares detectadas”, ha formulado varias recomendaciones al IVC “en aras a evitar las disfunciones o prácticas administrativas no ajustadas a derecho”. Sobre la “dejación de funciones” de la dirección del ICV por haber superado el límite temporal de los seis meses desde el nombramiento de libre designación, Antifraude pide que se instruya el “oportuno expediente en orden a determinar la exigencia de responsabilidad que corresponda”.

Además, también solicita a la dirección del ICV que establezca las “directrices e instrucciones internas que garanticen que las convocatorias públicas de los puestos de la RPT ocupadas provisionalmente se tramiten respetando los plazos legales”.

Antifraude concede al ICV el plazo de un mes para realizar el plan de implementación de las recomendaciones, con un “calendario pormenorizado” de las actuaciones y la identificación de los responsables del organismo que lo llevarán a cabo. Posteriormente, cada dos meses el ICV deberá informar sobre su grado de cumplimiento de las medidas previstas “hasta su total cumplimiento”. Si no llevan a cabo las recomendaciones, la AVA publicará el incumplimiento en su memoria anual.