El cambio sensato

En el último año las expectativas de cambio político en España han ido decreciendo a medida que Ciudadanos ha ido ganando en intención de voto y desbancando a Podemos como única alternativa potente de repuesto a los dos partidos mayoritarios. La formación naranja es una excelente opción B para las élites económicas frente al descenso del apoyo popular al PP, pues les garantiza su continuidad en el poder.

Es el “cambio estable y sensato” que el propio Albert Rivera pregona, es decir, cambiar algunas cosas en el plano cosmético para que nada cambie en el fondo. Es ese “Podemos de derechas” que el director del Banco Sabadell llamaba a hacer “entre todos” (entre todos los que gobiernan el sistema financiero y empresarial del país, se entiende).

Ciudadanos propone una regeneración política y aunque todos coincidimos en la necesidad de establecer mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, quizás la pregunta más importante es ¿cómo acabar con la corrupción intrínseca del sistema económico, con su tendencia a promover desigualdades?

En este campo, el partido de Rivera, que se autodefine como liberal, perpetúa las bases del actual modelo; su propuesta no ataja, por ejemplo, el grave problema del empleo inestable y precario: Ciudadanos apuesta por el contrato único, que en la práctica, según los sindicatos y los economistas más progresistas, no acaba con la temporalidad, sino que facilita el despido de los trabajadores, aunque todos sean indefinidos, al establecer unas indemnizaciones que aumentan en función del tiempo trabajado y hacen muy fácil despedir al trabajador reciente por muy poco dinero, con lo que en realidad se trataría de contratos temporales camuflados. Lo mismo ocurre con la idea del complemento salarial: en vez de garantizar que las empresas pagan sueldos dignos, se pretende que el Estado complete los salarios más bajos, lo que incentivará a los empleadores para pagar menos a sus trabajadores apelando a ese sobresueldo y desviando parte del gasto empresarial a las arcas públicas.

Tampoco favorecería a las economías más débiles la eliminación del IVA superreducido, que supondría la subida del precio de productos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos. Ciudadanos también ha votado en contra de recuperar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, que gravan sobre todo a las rentas más altas.

En política social, se manifiesta muy insuficiente su propuesta para hacer frente al grave problema de la ausencia de un derecho efectivo a disponer de una vivienda y que en la crisis se ha puesto especialmente de manifiesto con los numerosos desahucios, ya que el partido opta por la dación en pago al valor de mercado, que es inferior al de compra, dados los precios desorbitados que se pagaban antes de la recesión. De este modo, se sigue manteniendo una deuda con la entidad financiera que, en todo caso, habría que intentar renegociar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha criticado este punto del programa de Ciudadanos, así como su negativa a la dación en pago retroactiva para aquellas familias que ya han sufrido desahucios y arrastran deudas. La PAH tampoco comparte la idea de comprar inmuebles a la banca para aumentar el parque público de viviendas, pues supone favorecer a las entidades financieras.

En sanidad, han publicado documentos a favor del copago en las autonomías que pretendan aumentar el catálogo de servicios y han manifestado públicamente que la gratuidad sanitaria no debe aplicarse a los inmigrantes ilegales. En educación, se han mostrado favorables a aumentar la financiación a la educación concertada en comunidades como Madrid y a que los docentes puedan dejar de ser empleados públicos.

Tampoco se ha decantado el partido por reformas constitucionales de calado que permitan blindar derechos sociales o por una alternativa en cuanto a la organización territorial que pueda ser considerada por el independentismo catalán y que también beneficie al resto de autonomías.

Si a todas estas cuestiones añadimos los coqueteos que la formación naranja ha tenido con la ultraderecha en diversos actos públicos, como manifestaciones, o la concurrencia con Libertas a las elecciones europeas (de la que, eso sí, Rivera se arrepiente, pero que nunca hubieran pasado por la mente de un partido progresista), tenemos como resultado que el “nuevo partido emergente” emerge cada vez más pero de nuevo tiene poco, al menos, en cuanto a transformación estructural se refiere.

En consecuencia, es normal que ayer el presidente Rajoy diera a entender en un encuentro con la prensa que espera un apoyo de Ciudadanos no sólo a su investidura (si las encuestas no fallan y el PP es el partido con más escaños), sino a un acuerdo de gobierno. Rivera ha negado esta posibilidad en varias ocasiones, pero no ha descartado la abstención de su partido en la investidura que, según sean los resultados electorales, podría permitir a los populares volver a detentar el poder.

De este modo, el nacimiento y auge de Ciudadanos sería la jugada perfecta para el Partido Popular, pues supondría que todos aquellos votantes conservadores desencantados tuviesen una alternativa electoral que al final acabaría redundando en la perpetuación de su gobierno. Desde luego, si Ciudadanos no existiese, el PP y sus élites amigas tendrían, como decía aquel banquero, que inventarlo.