El caso Piaf de Vila-real incomoda al PP de Isabel Bonig
El caso Piaf empieza a incomodar al Partido Popular. No sólo de Vila-real, donde se centra la instrucción, sino también a nivel autonómico. La sospecha sobre el enésimo caso de corrupción dificulta el lavado de imagen que con tanto empeño iniciaron los barones de Castellón hace más de un año tras las elecciones municipales de 2015. El hecho de que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 haya declarado la complejidad de la causa, con el apoyo de la Fiscalía, ampliando de esta forma el plazo de investigación, supone un revés para el PP que preside Isabel Bonig, más cuando el exalcalde popular, Juanjo Rubert, y el exvicepresidente de la diputación con Carlos Fabra, Ramón Tomás, habían presentado sendos recursos. “Han puesto palos en las ruedas, obstaculizando e impidiendo el proceso”, denuncia el actual primer edil, José Benlloch.
La decisión del magistrado, en opinión del alcalde socialista, refuerza la decisión del ayuntamiento de denunciar a la empresa, vinculada a la trama Gürtel, y que reclama el pago de 600.000 euros de la etapa del PP al frente del gobierno local.
El auto de la Audiencia Provincial del pasado14 de septiembre reafirma la decisión del juez de declarar el caso Piaf como “complejo” en los términos que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, establece un plazo de instrucción máximo de seis meses, tras el cual el magistrado debe decidir sobre el archivo o apertura de juicio oral, siempre que la causa no sea declarada compleja al concurrir los requisitos que contempla la legislación, como que recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, que incluya muchos hechos punibles o involucre a mucha gente.
El juez que instruye el procedimiento ya declaró la complejidad del mismo en un fallo del 29 de abril de 2016, que las partes investigadas (entre ellos, el exalcalde y el exconcejal del PP) recurrieron “de manera sorprendente, porque quien no tiene nada que ocultar no debería tratar de impedir que la justicia actuara”, matiza Benlloch.
En un auto notificado esta misma semana, la Audiencia Provincial ha ratificado el dictamen del juez, al que se suma por primera vez también la Fiscalía.
“Hace cinco años, cuando llegamos al gobierno municipal de Vila-real, denunciamos que una empresa, que era la única que parece que podía trabajar en el ayuntamiento en los años del PP, intentó cobrar 600.000 euros en facturas que no se correspondían a trabajos realizados. Nosotros cumplimos con nuestro deber, que era evitar que ese dinero se pagara y, a partir de ahí, el caso está adquiriendo dimensiones cada vez mayores”, advierte el alcalde, quien recuerda que, desde que se denunció el expediente de facturas falsas, “se han ido conociendo noticias importantes que afectan al caso”.
En concreto, se refiere a la petición de cárcel por parte de Anticorrupción para los dos administradores de Piaf, Alejandro Pons y Santos Pozo, por supuesta financiación irregular del PP, y a la aparición de un acto del Partido Popular de Vila-real en los papeles de la Gürtel.
