La Diputación de Castellón vuelve a incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes en los Planes Provinciales
La Diputación de Castellón vive momentos de cambio. Atrás quedaron las polémicas y las descalificaciones, producto de intensos y excelsos debates, al más puro estilo de la vieja política. El acuerdo histórico de hace unas semanas para aprobar los presupuestos de 2017 (sólo Castelló en Moviment votó en contra) ha sentado un precedente de armonía y cordialidad que amenaza con instalarse durante el resto de la legislatura. El espacio de diálogo abierto por el Partido Popular ha tenido una nueva consecuencia en la gestión de los fondos públicos. Todos los partidos políticos han aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, lo que comúnmente se conoce como Poys, para el próximo año por un importe de 12 millones de euros.
La decisión del PP de volver a incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes no sólo ha implicado un respaldo absoluto de la oposición, sino que también ha conllevado la retirada por parte del PSPV-PSOE de la denuncia que había interpuesto contra la institución por los Poystras el verano. Las siete localidades que se benefician con la corrección del equipo de gobierno, más allá de aportar el peso demográfico en la provincia, presentan una característica en común:sus ayuntamientos están controlados por corporaciones progresistas desde las elecciones de 2015. Castellón, Vila-real, Vinaròs, Benicarló, Almassora, La Valld’Uixó y Burriana tienen al Partido Popular en la oposición. Ese matiz compositivo, en relación a legislaturas anteriores, había sido motivo de exclusión en 2016, pero ya no lo será para 2017. Dichas poblaciones, en función de sus habitantes, recibirán subvenciones de entre 225.000 euros y 150.000 euros.
La afinidad en el pleno ordinario de diciembre también ha marcado la sesión extraordinaria sobre el Debate del Estado de la Provincia, que se ha celebrado inmediatamente después. El presidente de la diputación, Javier Moliner, se ha contenido a la hora de exaltar los logros conseguidos. Ha evitado triunfalismos, ha hecho autocrítica y ha reclamado el apoyo del resto para elevar el tono reivindicativo ante la Generalitat y el Gobierno central. En este sentido, ha reiterado que “queremos infraestructuras del siglo XXI”, insistiendo en la llegada del AVE, la gratuidad de la AP-7 y la potenciación de los vuelos en el aeropuerto. La oposición igualmente se ha reprimido en sus reproches. La avenencia sólo se ha roto cuando se ha hablado del Hospital Provincial.
Mientras CsenMov, en boca de su diputado Iñaki Vallejo, ha solicitado una revisión del modelo de gestión del Consorcio y de la Fundación;Compromís, por Xavier Trenco, ha afedado al PP y a la Generalitat su “enfrentamiento”; el portavoz del PSPV, José Benlloch, ha pedido transparencia “para no ocultar el pasado y saber lo que ha ocurrido (en relación a las irregularidades cometidas en la época de Carlos Fabra)”; y Ciudadanos ha reclamado un esfuerzo institucional “para que dejen de salir continuamente noticias negativas”, según ha subrayado su representante, Cristina Garbarda. La respuesta del equipo de gobierno, por medio de su vicepresidente primero, Vicent Sales, ha delatado que en el tema del Hospital Provincial hará falta mucho tacto para llegar a un punto de encuentro: “La Conselleria está buscando facturas de 2003 cuando las mujeres no pueden hacerse mamografías en 2016”.
