La Comunitat Valenciana lidera el aumento de la partida para rentas mínimas de inclusión (65%) y el número de beneficiarios (121%)

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público su estudio sobre la evolución de las rentas mínimas de inserción en España desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y hasta 2021, una radiografía en la que la Comunitat Valenciana no sale mal parada. Así, frente a autonomías como Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que redujeron sus presupuestos para estas ayudas en el menos el 50%, La Comunitat Valenciana reforzó las partidas que complementan el Ingreso Mínimo Vital -es el caso de la Renta Valenciana de Inclusión- en un 65,3%, lo que se tradujo en un incremento de beneficiarios del 121%.

La cuantía media por perceptor de las rentas máximas de inclusión en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar, y sólo Catalunya, Baleares, la Comunitat Valenciana y Asturias están por encima de la media, frente a otros territorios como Murcia, Madrid o Aragón, donde la renta mínima de inserción no alcanza siquiera el 10%.

De este modo, el gasto medio por titular de la renta mínima de inserción en la Comunitat Valenciana está en los 5.816,83 euros, lo que supone el 17,88% de la renta media por hogar, que se sitúa en los 32.538 euros. Este porcentaje está dos puntos por encima de la media española (15,89% sobre una renta media por hogar que alcanza los 35.497 euros). Tan solo Catalunya (19,39%) y Baleares (18,55%) presentan porcentajes superiores. En la última década, estos porcentajes han pasado del 12,6% en 2011 al 17,9% del pasado año -una tasa inferior a la de los dos años anteriores, ya que en 2019 alcanzó el 20,5% y en 2020 el 23,4%-, y en España el crecimiento ha estado por debajo, pasando del 12,1% de 2011 al 15,9 de 2021. 

La Comunitat Valenciana, con algo más de cinco millones de habitantes, tiene al 21,3% en riesgo de pobreza (1.077.000 personas, es decir, que se encuentran en el 60% de la media de los ingresos anuales por unidad de consumo según la OCDE), de los que 84.070 son perceptores de rentas mínimas. Es decir, el 7,80% del total de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza -la tasa de cobertura valenciana ha pasado del 1,9% en 2011 al 7,8 en 2021, mientras que la evolución en el conjunto del Estado en esa década apenas fue de +0,5 puntos-. Este porcentaje es ligeramente superior al de la media en España (7,18%) y por detrás de Navarra (75,82%) y País Vasco (55,78%), ambas con régimen foral, y de Asturias (18,73%), Cantabria (12,21%), Catalunya (11,56%) y La Rioja (10,81%).

Por lo que respecta a los perceptores, mientras que en España se ha visto reducido el número de beneficiarios desde 2019 hasta 2021 (en un 19% entre 2020 y 2021), en la Comunitat Valenciana se incrementó en un 8% en ese año (6.245). Así, se pasó de 38.016 personas beneficiarias en 2019 a 77.825 en 2020 y 84.070 el pasado año. El valenciano es el único territorio, junto a Navarra, Canarias y La Rioja, donde ha crecido el número de perceptores de rentas mínimas de inserción.

Por lo que respecta al presupuesto destinado a estas ayudas, en 2021 sufrió un retroceso del 2% (casi 4 millones de euros menos) hasta quedar en poco más de 250 millones de euros. No obstante, esta cifra supone cerca de 100 millones más que en 2019, cuando la partida de destinada a las rentas de inserción fue de algo más de 151 millones de euros. En 2021, únicamente Catalunya aumentó el presupuesto en apenas un 1%.

Facilitar la inclusión social

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que “muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social” que, según avisan, “no es lo mismo que pobreza”, pues no solo se refiere a carencia material sino a la acumulación de vulnerabilidades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación.

La finalidad de las rentas mínimas de inserción, apuntan es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional.

Por ello, exigen a las autonomías que, como ya han hecho alguna de ellas, “destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del Ingreso Mínimo Vital a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas”.