El control de la publicidad institucional en los medios será un pilar clave en la negociación del Botànic

El control sobre la publicidad institucional será uno de los pilares fundamentales en la negociación del segundo Gobierno del Botànic. Tanto Compromís como Podemos quieren evitar que el departamento de Ximo Puig tenga el control total del reparto de las campañas institucionales y aspiran a que Promoción Institucional salga de Presidencia, un departamento que ha estado exento de mestizaje y, por tanto, de vigilancia del otro partido del Gobierno.

Consideran estos dos socios del Botànic que el reparto económico entre los medios de comunicación valencianos se ha hecho con poca transparencia durante esta legislatura y dudan sobre si la discrecionalidad supera la que permite la ley de publicidad institucional. Las suspicacias de los socios han aumentado en las últimas semanas, máxime cuando dos de las responsables de comunicación del Palau durante esta legislatura han acabado en los dos principales periódicos de la Comunitat Valenciana.

Pese a haber terminado la legislatura y estar ya el Gobierno en funciones, la Generalitat valenciana todavía no ha publicado en el portal de Transparencia los datos de publicidad institucional correspondientes a 2018. El Ejecutivo autonómico encargó una aplicación para facilitar a la población el uso del portal de Transparencia, que podría estar funcionando desde febrero. De momento, los responsables de desarrollarla no cuentan con los datos sobre campañas institucionales para ponerlos a disposición de los ciudadanos. 

En 2016 y 2017, únicos datos disponibles referentes al Ejecutivo valenciano progresista, han sido los medios de Editorial Prensa Ibérica y el Grupo Prisa los más beneficiados por las campañas del Gobierno autonómico. Estos son los grupos editores del diario Levante-EMV e Información, el primero, y de la Cadena Ser, el segundo. En 2017, la Cadena Ser duplicó en cuantía recibida a su principal competidor, mientras que el periódico de Javier Moll superó en 176.000 euros a Las Provincias, llegando según lo publicado a los 378.382 euros dicho año.

La ley de publicidad institucional, aprobada en febrero de 2018, se proyectó con la vocación de evitar el partidismo y el 'autobombo' del Gobierno en los medios de comunicación con dinero público. Podemos pidió que se incluyera en la norma una comisión de control de la publicidad institucional, medida que se rechazó por PSPV y Compromís.

Según la norma, la distribución de la publicidad institucional se ajustará a criterios objetivos, “respetará los principios de eficacia, eficiencia, equidad y objetividad y se realizará en medios de difusión con estructura interna y externa de medio de comunicación que, además, se caractericen por la elaboración de contenidos informativos con criterios periodísticos”. Para determinar esos medios,  “se tendrán en cuenta como criterios prioritarios la audiencia, en primer lugar, y la implantación territorial y social, en segundo lugar”.