La otra cara de Parc Sagunt II y la fábrica de baterías: los propietarios del suelo, en pie de guerra por las expropiaciones

“No nos oponemos a la segunda fase de Parc Sagunt, y mucho menos a la instalación de la planta de baterías, que va a suponer empleo y riqueza para la comarca, pero lo que no vamos a consentir es el espolio, que se aprovechen de nosotros”. Así se expresaba Francisco Campillo, presidente de Ascosa-Ava Sagunto, en relación a los precios que pretende pagar Espais Econòmics Empresarials, la empresa pública que gestiona el parque industrial saguntino, a los propietarios de los terrenos donde se ubicará la segunda fase del polígono industrial.

Precisamente, el president valenciano Ximo Puig anunciaba hace unos días la inminente licitación por más de 200 millones de euros de las obras de urbanización de Parc Sagunt II, los terrenos donde se instalará la gigafactoría de baterías de Volkswagen y donde ya se pueden ver máquinas trabajando y moviendo tierras, así como trabajos de la carretera que conectará el parque empresarial con la V-23, es decir, con el puerto marítimo de Sagunto, por 61 millones de euros. Sin embargo, todavía está en litigio la expropiación de los terrenos.

En los terrenos afectados por Parc Sagunt hay unas 2.000 parcelas con aproximadamente un millar de propietarios de los que un 20% ha aceptado los precios propuestos inicialmente por la Administración, entre 9 y algo menos de 16 euros dependiendo del estado de las parcelas -abandonadas o en producción-, mientras que unos 800 recurrieron al Jurado Provincial de Expropiación, que modificó al alza la propuesta inicial de la Administración y fijó un justiprecio de entre 16 y 26,50 euros el metro cuadrado -dependiendo de si el suelo estaba sin aprovechamiento o cultivado-. “Sin ser lo que se pagó en Parc Sagunt I, en la última expropiación para el desdoblamiento de la CV-309 se abonaron entre 30 y 42 euros el metro cuadrado, nos parecía justo”, apunta Campillo.

Sin embargo, y para sorpresa de los propietarios, Espais Econòmics Empresarials recurrió el dictamen del Jurado de Expropiación por la vía de lo contencioso-administrativo. “Esta decisión sorprende, porque normalmente son los dueños del suelo quienes recurren los precios marcados, no la Administración, como en este caso”, explica el representante de Ascosa-AVA, quien insiste en que, con la nueva propuesta que ellos aceptan, “sigue sin llegarse a los mínimos de las anteriores expropiaciones”.

Los propietarios afectados no acaban de entender la actuación de la Administración en este caso, “parece que lo único que pretenden es dilatar el pago dos o tres años, lo que a nosotros, sobre todo a quienes tienen los campos de cultivo a plena producción, nos supone tener los terrenos varios años sin poder producir”. “Y al final, estamos seguros de que el tribunal nos va a dar la razón”, indica Campillo, quien advierte de que, mientras a ellos se les ofrecen esos precios, a las empresas se les ha vendido el suelo por hasta 140 euros el metro cuadrado: “En el caso de la gigafactoría, a Volkswagen se le ha vendido a unos 50 euros (1,3 millones de metros cuadrados a 63 millones de euros), circunstancia que tampoco criticamos, por la envergadura de la inversión y las derivadas que va a tener en lo que a empleo y riqueza se refiera”.

“Maltrato” a los agricultores

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris, acusaban a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de “maltratar y negar un precio razonable” a los propietarios de los terrenos expropiados, al tiempo que aseguraban, en declaraciones recogidas por Europa Press, que es “indignante” que la Administración, “por los compromisos políticos adquiridos con esta multinacional que incluyen una lluvia de ayudas millonarias, quiera que lo paguen los agricultores de sus bolsillos y estafarles hasta el último céntimo, sobre todo cuando están atravesando una dura crisis de rentabilidad y este proceso les arrebata un espacio fértil de alto valor económico”.

La Unió y AVA-Asaja advierten de que o la Administración “rectifica, echa atrás las demandas y acepta pagar ya el justiprecio marcado por el jurado a los propietarios”, o el sector “saldrá a la calle y emprenderá movilizaciones ante las autoridades y empresas que sean necesarias”.

Propietarios que todavía no han cobrado un euro

Existe otro grupo de propietarios, que no está integrado en AVA, que también está luchando por sus derechos y por recibir un precio justo por sus parcelas. Todavía no han visto un euro a pesar de que aseguran que Parc Sagunt tiene consignado el pago de la expropiación. Sin embargo, como relata alguno de estos propietarios, la situación en la que se encontraban esos terrenos, provenientes de herencias y con la propiedad pendiente de regularizar, provocó que la empresa pública no les hiciera una oferta formal en su día: “Está todo en regla desde finales de 2021, sin embargo todavía no hemos cobrado ni se ha formalizado nada”, relatan.

Procedimiento establecido para la fijación de precios

Desde Espais Econòmics Empresarials aseguran que en todo momento se siguió el procedimiento establecido para la fijación de los precios de todos los propietarios que optaron por el proceso de expropiación: “Para ello, tal y como establece la normativa, se recurrió a un peritaje independiente que fijó los valores en función de los usos del suelo: plantaciones, variedades, antigüedad de las cosechas, etc... siguiendo en todo momento la normativa establecida”. 

Este proceso, sostienen que fue posteriormente aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo “y se procedió, en todo caso, de la misma manera que en Parc Sagunt I”. Posteriormente, explican que algunos propietarios decidieron recurrir legítimamente al jurado de arbitraje y, “ante la disparidad de precios que ha establecido en su resolución, ahora la vía que tienen tanto la Administración como los propietarios para llegar a un acuerdo es el contencioso, siguiendo el procedimiento habitual”.