El fiscal pide archivar la denuncia del PP contra el director de Política Lingüística por el control de las subvenciones al hermano de Puig

La Fiscallía ha pedido al juez que archive la investigación al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por el caso de las subvenciones al uso del valenciano recibidas por las empresas de comunicación del hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig. El informe del fiscal argumenta que no aprecia intención de Trenzano de ocultar la verdad sobre la limpieza de las ayudas a las empresas Comunicacions dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U. concretamente en los ejercicios 2015 y 2016.

La petición de archivo de la causa, adelantada por el periódico Las Provincias, supone que el PP se quedaría solo como acusación particular, acusación que llega a pedir 6 años de prisión por un presunto delito de falsedad en documento público. El PP señala como base de su acusación que el alto cargo de la Generalitat firmó el acuerdo del 6 de abril de 2018 en el que se afirmaba que “la Administración de la Generalitat ha realizado las actuaciones de control que le corresponden”; no obstante los populares advierten que fue tres meses después, el 16 de julio de 2018, y después de las denuncias que hizo el partido, cuando se aprobó realmente el Plan de Control de las subvenciones a los medios.

El fiscal en su informe argumenta la petición del archivo en que no aprecia en Trenzano la intención de ocultar la verdad o querer encubrir una conducta ajena, aportando como refuerzo el testimonio del técnico que elaboró el documento y que firmó el director general, que afirmó que el contenido era cierto. Es más, el ministerio fiscal reprocha al PP que busque confundir al instructor tratando de mezclar este asunto con la causa que investiga a Francis Puig por las irregularidades detectadas en la solicitud de subvenciones al fomento del valenciano, y por lo que le ha abierto un expediente la Conselleria de Transparencia.

Por otro lado, el fiscal también critica la instrucción del caso, al indicar que en el auto el juez parece esforzarse en explicar por qué el contenido del documento inicial firmado por Rubén Trenzano no es exacto, pero por el contrario no tiene en cuenta lo que le ordenó la Audiencia cuando reabrió el caso, que era especificar los supuestos indicios de mentira del director general de Política Lingüística para beneficiar a Francis Puig.

Concluye el fiscal que el hecho de que Trenzano firmara un documento con un contenido inexacto no es suficiente para acusarle si no se puede probar el ánimo de mentir, y además ubica la judicialización del asunto dentro de “las discrepancias propias de los avatares políticos”.