La consellera de Transparencia abre un expediente al hermano de Ximo Puig por no publicar las subvenciones que recibe de la Generalitat
La consellera Rosa Pérez Garijo ha abierto un expediente a una empresa audiovisual de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat Valenciana, a pesar de que la comisión ejecutiva del Consejo de Transparencia, en su sesión del pasado 21 de noviembre, no apreció motivos para instar a la apertura de un procedimiento sancionador contra Comunicacions del Ports SA.
El Consejo de Transparencia no detalló las “causas que determinan la improcedencia” y la conselleria “considera conveniente la incoación del expediente” para recabar la documentación necesaria durante la fase de instrucción, de tres meses, y estudiar “la concurrencia o no de una infracción” así como las “responsabilidades que se deriven”, según una resolución firmada por Pérez Garijo el pasado 6 de febrero. Las ayudas a las empresas de Francis Puig están siendo investigadas por la justicia y ya se ha cobrado el más que probable procesamiento de un alto cargo de Compromís.
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, denunció la legislatura anterior que las subvenciones recibidas por el grupo de comunicación de Puig “exceden en cada ejercicio la cuantía límite” y, además, las empresas no cumplían con las exigencias de transparencia. Meses después, Ortiz registró un nuevo escrito en el que reprochaba que su denuncia inicial fue “obviada por la Conselleria”. Finalmente, la queja fue aceptada por la comisión ejecutiva del Consejo de Transparencia.
En sus alegaciones, el empresario Francis Puig considera que la información sobre las subvenciones que han recibido sus productoras, disponible en el portal de Gva Oberta, “no es correcta” (devolvió parcialmente algunas subvenciones) y señala que cuenta con un nuevo portal de transparencia. “Es público y notorio que, prácticamente la totalidad de los obligados no cumplen la ley de transparencia”, afirma el hermano del president de la Generalitat Valenciana.
La diputada popular solicitó la condición de interesada en el procedimiento y recibió toda la documentación aunque la comisión ejecutiva del Consejo de Transparencia ya notificó el 31 de octubre que “no aprecia motivos para instar la apertura de un procedimiento sancionador”. Sin embargo, al no haber justificado las causas de aquella decisión, “esta parte [la consellera Rosa Pérez Garijo]” no puede “determinar que los hechos sean sancionables”, por lo que finalmente ha decidido incoar un expediente.
El órgano instructor del procedimiento, formado por dos funcionarios, elaborará durante tres meses (plazo máximo para resolver el expediente) el pliego de cargo con la calificación inicial de los hechos y las posibles sanciones. El órgano, en un plazo mínimo de quince días hábiles, notificará a Francis Puig sus conclusiones para que plantee sus alegaciones y aporte la documentación que considere.
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