La fiscalía todavía estudia si acusará mientras el PP pide 6 años para Trenzano por el caso de las subvenciones al hermano de Puig

Nuevo paso procedimental en la acusación a Rubén Trenzano por las subvenciones para el fomento del valenciano a los medios de comunicación de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. El ministerio público no ha acudido a los interrogatorios de Trenzano y todavía estudia si presentará acusación, mientras el PP ha tirado por lo alto y pide una pena de 6 años de prisión para el director general de Política Lingüística por delito de falsedad en documento público.

La acusación del PP radica en la divergencia en dos documentos firmados por Trenzano, director general de Política Lingüística, sobre el control de las subvenciones del valenciano a las empresas Comunicació dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U. -de los que es titular Francis Puig- en los ejercicios 2015 y 2016. Así en el documento de acusación presentado por el PP se señala que en el acuerdo del 6 de abril de 2018, se afirmaba que “la Administración de la Generalitat ha realizado las actuaciones de control que le corresponden”; no obstante el PP advierte que fue tres meses después, el 16 de julio de 2018, cuando se aprobó el Plan de Control de las subvenciones a los medios.

El PP afirma que este Plan de Control se aprobó “a raíz de la actividad fiscalizadora emprendida por D.ª Eva Ortiz”, portavoz adjunta en las Corts del Grupo Popular, y que fue dos días después, el 18 de julio, “cuando el acusado inició las actuaciones de comprobación y control, mediante los requerimiento formulados a las sociedades”. Añaden que esta comprobación de las subvenciones, por ley, debían hacerse “con inmediata posterioridad al otorgamiento de la su subvención” y que las empresas debían justificar las subvenciones recibidas en los ejercicios 2015 y 2016.

Con todo el PP afirma que la contradicción demuestra “la existencia de las falsedades contenidas en el acuerdo de 6 de abril de 2018”, pero también “que el acusado conocía que el contenido de dicho acuerdo era falso”. Añaden que esta falsedad se acredita con la existencia de un Plan de Control de 2017, “en el que el acusado trata de justificarse, pues dicho Plan de Control se aplicó únicamente a la subvención del año 2017, no así a las de los años 2015 y 2016”.

Ante esta situación el PP afirma que se demuestra un delito de falsedad en documento público por el cual piden una pena de prisión de 6 años, inhabilitación durante el mismo tiempo de condena, y una multa de 24 meses a 30 euros al día (21.600 euros). No obstante matiza que, en caso de entenderse que el delito de falsedad fuera por imprudencia grave pide la misma multa y la suspensión de empleo o cargo público por un año.