El Gobierno valenciano quiere rescatar para el mercado de alquiler unas 20.000 viviendas vacías de grandes propietarios antes de final de legislatura

El acceso a la vivienda es un serio problema, y más cuando existe un gran número de inmuebles vacíos -la mayoría de ellos, propiedad de entidades bancarias y fondos de inversión- que permanecen fuera del mercado. Esta misma semana, el Ayuntamiento de València y la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, anunciaban la creación de una comisión mixta para abordar esta cuestión en busca de una bolsa viviendas desocupadas en la ciudad, comenzando por el barrio de Orriols.

Precisamente, la Generalitat Valenciana está trabajando desde hace meses en un decreto ley que desarrolla la Ley de Función Social de la Vivienda que tiene, entre sus objetivos, movilizar inmuebles vacíos que son propiedad de grandes tenedores para su alquiler. El objetivo del Consell es que esta norma, que ya está en manos del Consell Jurídic Consultiu, pueda ser aprobada el próximo otoño, tal y como apuntaba el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar.

Según las estimaciones del departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau, una vez aprobado el decreto y hasta final de legislatura -aproximadamente dos años-, se podrían sacar al mercado unas 20.000 casas y pisos vacíos propiedad de la Sareb, bancos y diferentes fondos de inversión a lo largo de todo el territorio valenciano.

Estos grandes tenedores, según la norma, son las “personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica en el ámbito inmobiliario y dispongan de más de diez viviendas en cualquier régimen”. Por vivienda deshabitada, el Consell entiende: “Aquella que, siendo propiedad de un gran tenedor, sea declarada como tal mediante resolución administrativa por incumplir su función social al no ser destinada de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto o por permanecer desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a un año, sin que concurra causa justificada de desocupación”. 

Registro de viviendas vacías

Así, una vez se dispongan de las herramientas legales adecuadas, el Gobierno valenciano elaborará un registro de viviendas vacías en colaboración las administraciones locales y otras entidades que ayudarán en la localización de estos inmuebles. Este listado servirá de instrumento básico para su control y seguimiento, así como para la planificación de las políticas públicas de vivienda. Una vez se detecten, se les dará a los propietarios un plazo de seis meses para ponerlas en el mercado y se habilitarán una serie de mecanismos para posibilitarlo, ya sea de forma privada o con la mediación de la Administración, y se contemplan también bonificaciones y exenciones fiscales. En el caso contrario, se les aplicarán sanciones a los propietarios.

Para ello, se pondrán a disposición de los propietarios cuatro vías de actuación: la colaboración con los API (agentes de la propiedad inmobiliaria) para coordinar las gestiones entre propietarios e inquilinos; la utilización de la Xarxa Lloga, que pone a disposición de propietarios e interesados en el alquiler una bolsa de viviendas a través de un portal web; la mediación entre las partes para ofrecer ayudas al alquiler y asegurar el pago del mismo; y el alquiler solidario, por el que la Administración se hace cargo de todos los trámites, incluyendo la rehabilitación de la vivienda y su alquiler compensando al propietario.

El objetivo del decreto es, tal y como apunta Aguilar, “romper con la inmovilidad de las viviendas y destensionar el mercado, poniendo a disposición de los interesados una mayor oferta de pisos en alquiler, no únicamente de carácter social”.