La jueza de la dana ha pedido a À Punt, la televisión autonómica valenciana, que “verifique” en sus archivos si conserva otras grabaciones en bruto de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe que dejó 229 fallecidos. Se trata de imágenes que aparecen en el documental 'Cecopi: les hores crítiques', de Televisión Española, en las que la investigada Salomé Pradas alude, tras la llegada de Carlos Mazón al Centro de Emergencias, al “conocimiento de la situación” en Chiva, cabecera del barranco del Poyo. La magistrada acepta así la diligencia solicitada por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV). El documental de TVE, que cuenta con la participación de un periodista de elDiario.es, “reviste efectivamente interés para la causa” y se erige en una “solicitud de prueba pertinente”.
“Cada uno de los vídeos, comenzando por el primeramente emitido por RTVE, está proporcionando valiosísima información sobre la reunión del Cecopi y las horas previas”, afirma un auto de la jueza dictado este miércoles.
El documental incluye imágenes grabadas originalmente por À Punt que, según la acusación popular que ejerce ACPV, no constan en el procedimiento. “Debe, en consecuencia, junto con la unión a las actuaciones del documental referido, acordar el requerimiento À Punt”, indica la resolución.
“Ha de valorarse el carácter de medio público en el acceso a las grabaciones, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento”, agrega la jueza.
La magistrada recuerda que el requerimiento a la cadena autonómica y la aportación, en su caso, de los vídeos “permiten dar una información veraz de lo sucedido” el día de la tragedia.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra concluye que la obtención de las pruebas solicitadas “se convierte en plenamente pertinente y proporcionada, y exige la continuación de la instrucción”.
“Retraso manifiesto” en el Cecopi
El auto también señala que en el procedimiento “se acumulan” decenas de testimonios de personas que “vieron a sus allegados fallecer, familiares que avisaron a los servicios de emergencia con resultado nulo, que alertaban del lugar concreto donde estaban a punto de perecer, que se despedían, que intentaban sostener a sus familiares, física y anímicamente, la grabación de cómo el agua arrastraba el coche donde iban dos víctimas [o] las declaraciones de familiares que murieron salvando a otros”.
La reunión del Cecopi, recuerda la instructora, se había convocado a las 15.00 para celebrarse a las 17.00, aunque “no se celebró inmediatamente tras su convocatoria”, recuerda.
“El retraso no sólo era manifiesto con carácter general para la organización de las medidas de protección a la población, (máxime si tenemos en cuenta cómo se desarrolló la reunión, con cortes continuos y desconexiones de los intervinientes presenciales para reflexionar), sino también en dicha reunión ya no se podían adoptar medidas para salvar la vida de las víctimas de Utiel, ya que a dicha hora habían fallecido en su mayoría o estaban a punto de fallecer”.
“Lo mismo sucedió”, agrega, “en localidades como L´Alcúdia, Godelleta, Turís y Torrent”.