Memoria democrática

Hace dos años el pleno del Ayuntamiento de València aprobó con los votos a favor del gobierno de la ciudad declarar el 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Era una moción con un marcado carácter reivindicativo de la memoria democrática en España, asimilando la iniciativa con el entonces proyecto de ley de Memoria Democrática que finalmente designó ese día como el del homenaje a estas víctimas.

La memoria democrática pretende resituar en el lugar adecuado de la historia a todas aquellas personas que, perdieron la vida, sufrieron cárcel, exilio o persecución por sus ideas políticas, solamente esto, buscar otra interpretación a esta ley es simplemente estar de acuerdo con que los juicios sumarísimos de las tribunales franquistas no vulneraron derechos fundamentales, supone negar la realidad de las personas que sufrieron el exilio y por supuesto, que todas aquellas personas que quieran recuperar los cuerpos de sus familiares asesinados y enterrados en fosas comunes deben de hacerlo por su cuenta y riesgo, sin que el Estado Español les acompañe en este proceso que ayuda a restañar heridas.

El 31 de octubre no es una elección aleatoria, es la efeméride en la que recordamos el día en el que las Cortes Generales aprobaron en el año 1978 la Constitución Española, creo que una buena parte de la sociedad española estará de acuerdo en considerar la Carta Magna como una gran obra de reconciliación después de una guerra civil y 40 años de dictadura que tantas heridas y cicatrices dejó en la sociedad española.

Fijar esta fecha, tiene una clara voluntad de encuentro, de reconciliación con nuestro pasado, nada puede avanzar si no estamos reconciliados con nuestro pasado.

Durante esta pasada legislatura, pude comprobar lo que es esa reconciliación sin más interés que la de la restauración del buen nombre de las personas que fueron ajusticiadas durante la guerra civil o tras ella. Tuve la fortuna de conocer los casos del Capitán Tejero Langarita y del bombero Roca Pallardó.

Cualquiera de las dos historias podría ilustrar muy bien todo lo que supuso para este país el golpe de estado contra la República de 1936 y la posterior represión franquista. Uno fusilado por defender la legalidad democrática frente a los golpistas, fusilado sin juicio, el segundo desterrado de València y apartado del cuerpo de bomberos por sus presuntas ideas de izquierdas, después de haber sido el bombero que salvó la imagen de la Mare de Deu del Desamaparats de la Catedral de València al principio de la guerra civil, su pecado haber sido reconocido su mérito por el alcalde republicano de la época, José Cano Coloma.

En la pasada legislatura ambos fueron reconocidos con sendas calles en nuestra ciudad, un homenaje póstumo necesario, que hoy en día sería imposible realizar porque el actual gobierno del PP y VOX en la ciudad de València rechaza todo aquello que provenga de la memoria democrática, y no nos equivocaremos si pensamos que no estar a favor de la memoria democrática presupone que las víctimas no tienen derecho a la restauración de su buen nombre y las familias no tienen derecho a dar una sepultura digna a sus seres queridos, entre otras cosas y eso lesiona derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.