Mercado de trabajo: cambio de tendencia

La reforma laboral pactada por los agentes sociales y el gobierno de la nación (Real Decreto-Ley 32/2021) establece, para su desarrollo, un período transitorio hasta el 31 de marzo próximo, pese a lo cual los últimos datos publicados por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social registran ya significativos avances en su aplicación.

Los tres ejes sobre los que se articula dicha reforma (contratación laboral, negociación colectiva y flexibilidad interna en las empresas ante situaciones de crisis) operan, a su vez, sobre otros procesos de cambio y transformación en curso (recuperación económica, creación de empleo, mejora salarial y de las prestaciones sociales) dando como resultado el inicio de un cambio de tendencia en la estructura, gestión y evolución de nuestro mercado de trabajo, cuyos principales vectores analizamos seguidamente, con especial referencia a su impacto en la Comunidad Valenciana.

Crecimiento del empleo y reducción del paro

Son ya diez meses consecutivos los que avalan la recuperación del empleo tras el shock producido por la pandemia, durante los que la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 905.000 hasta alcanzar en febrero de 2022 el máximo de la serie histórica con 19.934.481 personas afiliadas a nivel nacional y 1.993.117 en nuestra Comunidad, habiéndose recuperado en ambos casos los niveles existentes antes del estallido de la crisis COVID.

Por su parte, el paro registrado ha disminuido en el mismo período en 897.105 (-22,4%) hasta situarse actualmente en 3.111.684 personas desempleadas (360.383 en la Comunidad Valenciana), de las que el 62,9% percibe prestaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE), de carácter tanto contributivo como asistencial, por una cuantía media mensual de 890 euros.

Expansión de la contratación indefinida

No sólo se está creando empleo, sino que este es de mejor calidad, con un crecimiento sostenido de los contratos indefinidos y consiguiente reducción de la temporalidad que ha sido, y lo sigue siendo aún, el principal problema de nuestro mercado de trabajo, con tasas que doblan la media europea, lastran la modernización real de las empresas y precarizan el trabajo y la vida de los trabajadores. Concretamente, en la Comunidad Valenciana casi medio millón de personas trabaja con contrato temporal, lo que supone el 27,8% del empleo asalariado total, siendo aún mayor la tasa de temporalidad de las mujeres (32,6%).

La actual reforma laboral ha modificado radicalmente la regulación impuesta por el PP en 2012, especialmente en la tipología de la contratación laboral que, por definición, se presume a partir de ahora como concertada por tiempo indefinido (artículo 15.1 del nuevo Estatuto de los Trabajadores)

Aunque la Disposición Transitoria tercera del RD-L 32/2021 de reforma laboral fija un período de transición hasta el 31 de marzo de 2022 para la desaparición de los contratos de obra y servicio (principal vía de precarización contractual) y la adecuación de los nuevos a los objetivos de la norma, sus efectos positivos son ya evidentes.

En los dos últimos meses se han suscrito 555.513 contratos por tiempo indefinido a nivel nacional (56.695 en la Comunidad Valenciana), más del doble de los registrados en el mismo período del año anterior, siendo especialmente significativo el aumento de dicha modalidad contractual entre las mujeres y los jóvenes menores de 25 años, colectivos tradicionalmente más castigados por la precariedad laboral.

Paralelamente al crecimiento de los contratos indefinidos se está produciendo una progresiva reducción de los temporales (-17%), especialmente de las modalidades precarias más utilizadas hasta ahora, tales como la de “obra y servicio” que ha disminuido en un 19,5% respecto de 2021 y la de “eventual por circunstancias de la producción” (-15,5%), que se están convirtiendo en indefinidos de forma mayoritaria (el 73,6% en el primer caso y el 93,6% en el segundo).

Más espectacular aún es el crecimiento de los contratos “fijos discontinuos”, modalidad que la reforma laboral pretende impulsar para que absorba buena parte del empleo temporal y que en los dos primeros meses de este año ha aumentado en un 348,5% respecto del mismo período del año anterior.

Esta inversión de la tendencia que, de consolidarse, producirá un auténtico cambio cultural en las prácticas contractuales de empresas y trabajadores, se prevé especialmente importante en el sector de la construcción que ocupa a casi 100.000 trabajadores en nuestra Comunidad. La reforma elimina el contrato por “obra y servicio” ligado a una subcontratación, por lo que a partir de ahora los nuevos contratos pasarán a ser “fijos de obra”, lo que supondrá que unos 30.000 trabajadores valencianos del sector accederán a contratos indefinidos.

Reducción de la subcontratación y mejora salarial

La nueva redacción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores regula los procesos de contratación que han operado tradicionalmente a la baja en las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras.

Concretamente el apartado 6 de dicho artículo reformado establece que dichas empresas contratistas o subcontratistas se regirán por el convenio sectorial que corresponda y que habitualmente fija mejores condiciones, tal y como está ocurriendo ya en las “empresas multiservicios” que subcontratan actividades de limpieza, jardinería, mantenimiento, etc.

En la Comunidad Valenciana se calcula que dichas empresas ocupan a unas 40.000 personas, mayoritariamente mujeres, que tras el actual período de transición verán incrementando su salario entre 1.000 y 7.000 euros/año, además de obtener otras mejoras en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos, etc.

Aumenta el SMI y el número de sus perceptores

La Disposición Adicional séptima de la reforma laboral preveía la revisión del Salario Mínimo Interprofesional que ha sido fijada ya en 1.000 euros en 14 pagas mensuales (RD 152/2022, de 22 de febrero), lo que supone que sólo en la actual legislatura el SMI se ha incrementado en un 36%, beneficiando a casi dos millones de trabajadores, de los que 194.000 corresponden a nuestra Comunidad, siendo los colectivos más beneficiados las mujeres (120.000 aproximadamente), los trabajadores temporales (54.000) y los jóvenes de entre 16 y 24 años (20.000).

No sólo se trata, pues, de una medida de justicia social destinada a cerrar la brecha abierta por las dos grandes crisis de este siglo, sino que resulta asimismo funcional en la actual fase de recuperación económica por su impacto directo sobre el consumo, evidenciando además el carácter ideológico de las críticas conservadoras y empresariales que auguraban catastróficos efectos sobre el empleo que en la teoría negaban ya los estudios del último premio Nobel de economía, David Card, y en la práctica impugnan cotidianamente los datos de contratación

De los ERTE al nuevo “mecanismo RED”

El mecanismo de regulación temporal del empleo (ERTE) implementado por el Gobierno desde el inicio de la pandemia COVID ha contribuido decisivamente a salvar uno de cada cinco empleos en la Comunidad Valenciana. En el momento más duro de la crisis (abril/mayo de 2021) fueron 354.794 trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad los que mantuvieron su empleo y sus salarios en base a este mecanismo regulatorio. Desde entonces, y conforme se ha ido avanzando en el control de la crisis sanitaria y la progresiva recuperación de la actividad económica, los trabajadores en ERTE se han reincorporado progresivamente a la actividad productiva, contribuyendo con ello a la continuidad de sus respectivas empresas. En la actualidad sólo continúan protegidos por este mecanismo 6.320 personas trabajadoras en nuestra Comunidad, lo que significa que se han salvado el 98,2% de los puestos de trabajo inicialmente afectados.

El “Mecanismo RED” establecido en el artículo 47bis del nuevo Estatuto de los Trabajadores garantizará en adelante la gestión de posibles crisis cíclicas o sectoriales, mediante mecanismos de flexibilidad y estabilización que los ERTE han demostrado eficaces.

Se trata, en definitiva, de transformaciones importantes en la estructura, cobertura y cultura del empleo y las relaciones laborales que de consolidarse, si la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania no lo complica, demostrarían que no sólo es justo sino posible y necesario compatibilizar crecimiento económico con equidad social.