No matar las instituciones

“Hi havia una selva

molt verda i molt bella

amb micos i mones,

lleons i lleones,

girafes molt altes

i un fum de serpents.

I ara no hi és“

Marc Granell. La Dansa dels versos. València, 2009

Ferias, Cámaras de Comercio, Consell Jurídic Consultiu, agentes económicos y sociales, el Consejo Económico y Social, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura o el Síndic de Greuges i el de Comptes, constituyen la Administración Institucional con autonomía de gestión y con posible participación privada. En las sociedades ha de preocupar que las cosas importantes dejen de ser lo que son. Ocurre en el País Valenciano con instituciones y entidades que nacieron con una misión que se ha ido desvirtuando y prostituyendo para acabar siendo entidades muertas y estériles. Marionetas que balbucean en la farsa política.

Utopía

Es lo que pasa en las instituciones de Ferias de Muestras, las Cámaras de Comercio, determinadas asociaciones privilegiadas, Puerto y Bolsa de València, organizaciones empresariales y entidades financieras. En el centenario de Feria València, en 2017, en la visita real de Felipe VI, al presidente de la entidad homenajeada no se le permitió, por el dispositivo de seguridad, ausentarse del salón para recuperar el discurso que había preparado con esmero y convicción. Tuvo que improvisar. Nadie podía entrar ni salir del recinto cuando se cerraron las puertas tras el monarca. El presidente de Feria València, José Vicente González, exhibió espontaneidad para remarcar el pasado hacia el futuro de una entidad que él había soñado privada. No lo era. No lo ha sido nunca. Un empresario con probada experiencia ferial y emprendedora, Mario Mariner, dijo: “ A ver si el festejo de hoy sirve para devolver a Valéncia su prestigio como ciudad de ferias, pionera de la tradición empresarial que la caracteriza desde el Consolat de Mar y la Llotja de Mercaders”. Coincidíamos en una utopía que aún entonces era viable. Ahora no lo es.

El Puerto de los líos

Los últimos acontecimientos relacionados con foros público-económicos, en cualquier sociedad avanzada, exigirían dimisiones: Feria València y la Autoridad Portuaria de València (APV). Sobre el Puerto de València, como caja de resonancia económica y ciudadana en su hinterland, se ha escrito en abundancia y forma parte del feudo de José Luís Ábalos y su ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su competencia, lejos de la pretendida autonomía portuaria de la APV, corresponde al gobierno de España y Pedro Sánchez, su presidente, parece absorto en otros menesteres más acuciantes. Alguna dimisión sobre la presidencia de Aurelio Martínez, permitiría recomponer, desde cero, el cúmulo de errores y bravatas cometidos con la ampliación Norte, sus terminales, las concesiones y los acuerdos del Consejo de Administración. Los que se tendrán que enmendar y afectan a la naturaleza de su composición de personas y cargos, de dudosa legalidad e inconveniente incompatibilidad.

Pasividad

El panorama que ofrece Feria València, constituye uno de los dramas de mayor calado entre las entidades económico-empresariales por su efecto multiplicador. El endeudamiento desmedido y la gestión catastrófica de Feria València proviene de los sucesivos Consells de la Generalitat en los que mandaba hegemónicamente el Partido Popular —desde Eduardo Zaplana, con un pie en prisión, hasta Alberto Fabra, pasando por José Luís Olivas y Francisco Camps, también procesados--.En 2015, con afán regenerador, tomó el mando el gobierno del Botànic, que presidía y preside Ximo Puig (PSOE)bajo la supervisión de la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís). La competencia de las ferias en la Comunitat Valenciana, por imperativo estatutario, recae en la Generalitat y específicamente en la Conselleria de Economia, que regenta desde 2015 Rafael Climent, de Compromís. Han transcurrido seis años desde que el tándem PSOE-Compromís tomó el relevo del caos que dejó el Partido Popular en Feria València. El que trató de reconducir, con dedicación titánica, el expresidente de la institución ferial, José Vicente González Pérez, hasta que dimitió con dignidad y discreción. El único que ha tomado esta consecuente decisión, al ver que su proyecto para las ferias valencianas era imposible.

Tapar la deuda

El primer enredo a partir de la deuda que generó la ampliación desmedida de sus instalaciones, lo tejieron dos personas de la mayor confianza de la exalcaldesa Rita Barberá (PP): Alberto Catalá, expresidente, y Belén Juste, exdirectora general. Ahí confluyeron los empeños y voluntades de que Feria València, que nació institución pública, se obcecaron en que fuese de naturaleza privada. La intención honorable de José Vicente González, de firme convicción privada, se recibió con entusiasmo desde la Generalitat. Responsable de los avales de la deuda junto con la huida hacia adelante del Ayuntamiento de Rita Barberá. Incapaz de eludir su negligencia como responsable de la presidencia del Patronado y de la institución. Si la Feria era pública, podría haberse incurrido en malversación de fondos de la Generalitat para avalar deudas sin las debidas garantías. Y sin la necesaria vigilancia que exigen los recursos públicos. Si la institución ferial era de naturaleza privada —de ahí el desvarío— la responsabilidad de las decisiones de sus órganos de gobierno podía recaer en las personas que los detentaban. Según el patrón de los directores generales, consejeros delegados, presidentes ejecutivos y consejos de administración, en las compañías privadas. Tal como obliga la legislación por la que se rigen empresas y sociedades anónimas.

Público-privado

Desde 2001 y 2002, por sentencias sucesivas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quedó claro que Feria València era un consorcio, como “forma cooperativa entre una Administración Local y otras Administraciones y entidades privadas para una mejor gestión de una Feria, como entidad de interés público en el ámbito competencial de los servicios municipales”. Esta reiterada instrucción del TSJCV, implica como consorcio “la inclusión de esta Institución en el sector público estatal, autonómico o local”. Es decir, a las exigencias del Derecho Público. De haberse aceptado esta situación de hecho, toda la problemática subsiguiente, que ha dado al traste con Feria València, ya centenaria, se la hubieran podido ahorrar los empresarios y los ciudadanos valencianos. Estas consideraciones están recogidas y argumentadas en el voto particular, en disconformidad, que emitió el consejero Federico Fernández Roldán al dictamen de encargo, que el Consell Jurídic Consultiu de la CV difundió, en octubre de 2014. Cuyas salvedades fueron asumidas por la adhesión de la magistrada y consejera María Luisa Mediavilla.

Drama actual

El Ayuntamiento de València, se apartó, después de múltiples negociaciones y acuerdos —que incluían al IVF, dirigido por Manuel Illueca--. Para dar salida a las ferias valencianas. La pasividad, la obcecación y la indecisión de la Generalitat sobre Feria València han motivado que el Ayuntamiento haya hecho una mutación demanial de suelo e instalaciones, al ente autonómico. Para evitar que se disuelva la Institución, en quiebra técnica, con la responsabilidad patrimonial correspondiente. Si no se arbitra una fórmula para hacer frente a los 474 millones de euros que todavía adeuda. En la situación actual, distanciado el Ayuntamiento por presiones de las conselleries de Hacienda (PSOE) y Economía (Compromís), la Feria ya no puede ser un consorcio de carácter público —que lo era—porque ni el ente municipal ni la Cámara de Comercio de València, presidida por José Vicente Morata, están dispuestos a participar en él, como es preceptivo. La siguiente pugna que ha esterilizado a Feria València es la que ha enfrentado a las conselleries de Economía (Rafael Climent y Natxo Costa), que tiene las competencias feriales, y la de Hacienda (Vicent Soler y María José Mira), que tiene que cancelar la deuda para que la Feria pueda resucitar. Es curioso que el endeudamiento con Feria València, que siempre ha sido decidido y avalado por la Generalitat, ha tenido que sufragarse con el patrimonio —suelo, edificación y negocio— de los ciudadanos del municipio de València. El mismo que compró en su día estos terrenos al Ejército para celebrar en ellos las ferias.

Respingo cameral

Las Cámaras de Comercio, con su presidente José Vicente Morata, han propagado una extemporánea exigencia a la Administración autonómica. Su garante y supervisor. Se sienten agraviadas porque no se les tiene en cuenta a la hora de tratar y decidir en asuntos de su incumbencia. Las Cámaras llegan demasiado tarde a la hora de ejercitar su competencia. Responsabilidad suya es, entre otras, el desaguisado que se ha producido en Feria València. En cuyo Patronato y Comité Ejecutivo el presidente de la Cámara ostenta la vicepresidencia nata. En estos órganos de gobierno feriales han ocurrido votaciones y acuerdos que se han pasado por alto. Sin tan siquiera una advertencia de ilegalidad. Se puede concluir que los últimos años de la vida orgánica de Feria València han sido un conjunto de sinsentidos que han abocado en la crisis de la institución. De la que difícilmente se recuperará.

Corporación de derecho público

In extremis, la Conselleria de Economía, en los últimos meses, tuvo la ocurrencia de que Feria Valéncia adoptara la naturaleza de corporación de derecho público, siguiendo el modelo de las Cámaras de Comercio. Las informaciones al respecto anunciaban que la parte empresarial —Cámaras y patronales— aprobaban esta elucubración, que les permitiría participar en las Ferias de València y Alicante al variopinto modo privado cameral. Deberían advertir que las Cámaras de Comercio valencianas han sido un desastre a la hora de desarrollar sus funciones y por tanto no hay nada que emular. El declive de las corporaciones camerales se inicia con el acceso en 1995 a la presidencia en la de Valéncia y en el Consejo de Cámaras de la CV, de Arturo Virosque Ruiz y su equipo. Irrumpieron en estas instituciones para inutilizarlas y alejarlas de su misión y de sus funciones. Atesorar mucho dinero no significa gestionar bien una Cámara, sino todo lo contrario. Su obligación es invertir y destinar los recursos disponibles al servicio y en beneficio de la actividad empresarial en su territorio. La Cámara de Comercio de València adquirió y rehabilitó dos edificios en la calle de Jesús de Valéncia, innecesariamente y duplicó sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Paterna, sin ningún objeto. Ambas edificaciones están hoy en régimen de alquiler.

Responsabilidad

La mayor parte de los desvaríos camerales se produjeron durante los años que gobernó el PP en la Generalitat Valenciana (1995- 2015). Después sucedió el golpe de gracia a las Cámaras en toda España, propiciado por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, el 3 de diciembre de 2010. Fecha del decreto ley por el que se suprimieron las cuotas –recurso cameral permanente— obligadas de los empresarios a las Cámaras y la representación que ostentaban, las Cámaras, de la totalidad de las empresas de su demarcación. Esta última prerrogativa fue repuesta en la nefasta Ley de Bases del gobierno de Mariano Rajoy de 2014, por la que se entregó el gobierno de las Cámaras a las patronales y el mangoneo de la Cámara de España, cúpula estatal de las 85 corporaciones españolas, a las empresas del Ibex-35, más el Corte Inglés y Mercadona. Desde entonces la preside un personaje obscuro, que nadie sabe cómo se le nombra y se le elige, llamado José Luís Bonet, de la empresa productora del cava Freixenet. Vendida a sus nuevos propietarios alemanes.

Ocaso institucional

De este panorama sombrío para el mundo empresarial y para la sociedad valenciana, se deriva la ya prácticamente imposible recuperación de la institución Feria València, sacrificada durante los últimos seis años de disputa entre la Conselleria de Economía, encomendada a Compromís –titular de las competencias camerales— y la conselleria de Hacienda, en la órbita del PSOE, y que tiene la capacidad y el compromiso de saldar el endeudamiento que arrastra esta entidad. Es sabido que si lo que quieren es convertir Feria València en lo que fue, como entidad pública, no lo podrán conseguir sin la participación decidida y comprometida de las empresas. Tal como ha venido ocurriendo con diversas modalidades desde que se creó Feria Muestrario Internacional de València en 1917. Muy especialmente desde la irrupción y el empuje de los certámenes monográficos que estrenó la Feria del Juguete en los años 60 del siglo XX. La sinergia de los comités organizadores, compuestos por empresarios privados y la organización institucional de FMI de València, fue la fórmula magistral que permitió la celebración de casi treinta ferias y salones anuales que arropaban la economía valenciana y animaban la vida de la ciudad. Con un turismo de negocios, de calidad y con poder adquisitivo. Muy distinto de los turistas de calzón corto que, más que enriquecer la València de ofertas innovadoras, suponen una invasión depredadora que desprestigia y deteriora, por encima de lo que aporta. Si este es el resultado de la recuperación del nuevo modelo económico valenciano --innovador, competitivo y productivo--, quizás sería mejor que se olvidaran de impartir doctrina económica ineficiente, para dejar a la iniciativa privada que ponga en marcha y gestione sus instituciones. Y si las dimisiones no se producen, para eso están los ceses.