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Compromís plantea una reforma fiscal con 8 nuevos tributos para los próximos dos años

El síndic de Compromís, Fran Ferri, durante su intervención en la sesión de control.

Laura Martínez

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La modificación del régimen fiscal será uno de los puntos calientes en la negociación de los presupuestos entre los grupos que componen el Gobierno Valenciano. En la primera reunión de los partidos para preparar las cuentas para 2021 ya se apreciaron algunas diferencias entre el PSPV, que considera que en la pasada legislatura ya se hizo un esfuerzo fiscal con la modificación del tramo autonómico del IRPF, y Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, que piden un esfuerzo a las grandes fortunas y las rentas altas. En principio, los partidos se han comprometido a explorar la llamada “fiscalidad verde”, sin concretar demasiado de qué se trata.

En la sesión de control al president de la Generalitat de este jueves, tanto Compromís como Unides Podem interpelaron a Ximo Puig por las líneas fiscales para el próximo año, que se detallarán en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos y que ambos quieren incrementar para poder asegurar la prestación de los servicios públicos básicos. El síndic de Compromís, Fran Ferri, sorprendió el jueves cambiando su pregunta en la sesión de control y reclamando al president una serie de tributos de aplicación inmediata, un plan de reforma fiscal dividido en dos fases para aplicar en 2021 y 2022.

El plan de Compromís incluye la creación de ocho impuestos y la revisión de algunos ya existentes para gravar las rentas más elevadas. Este sería el caso de aplicar un nuevo tramo del IRPF para rentas superiores a los 175.000 euros anuales, que enmarcan en el acuerdo de reconstrucción y en el Pacto del Botánico -bajo el epígrafe “progresividad y justicia fiscal”- y es una propuesta que se reclama para incluir en esta ley.

Los impuestos de nueva creación para incorporar en la ley que se está tramitando ya se han planteado en anteriores ocasiones y funcionan en otros territorios del Estado, como son la tasa a bebidas azucaradas, una propuesta con carácter finalista que destinaría el 80% de los ingresos a Sanidad y el 20% a infraestructuras deportivas municipales, con el fin de combatir la obesidad infantil. Precisamente esta semana el Ministerio de Consumo presentaba un plan contra la obesidad y su relación con las rentas más bajas que advierte del riesgo de consumir bebidas azucaradas de forma recurrente.

Compromís también plantea la creación de un impuesto para residuos urbanos, una adaptación de la tasa a los vertederos municipales que el Gobierno se plantea crear. Por otra parte, en materia de fiscalidad verde, plantean un impuesto medioambiental sobre instalaciones de energía eléctrica de alta tensión, una de las recomendaciones de los expertos en la comisión de reconstrucción. Para finalizar, en 2021 los valencianistas plantean un impuesto para grandes tenedores de viviendas vacías para incentivar su salida al mercado, en sintonía con algunas medidas de la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem.

En lo que la formación denomina segunda fase, a implantar en 2022, propone una “mejora” de la progresividad del IRPF revisando las deducciones autonómicas y una revisión de los impuestos cedidos de acuerdo al sistema de financiación que se apruebe -Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales-. En este bloque se incluirían las propuestas que trabaja Transición Ecológica en su nueva ley y que el departamento de Mireia Mollá pelea con Hacienda por incluir en la Ley de Acompañamiento, como el impuesto para centros comerciales o para vehículos contaminantes, así como un impuesto sobre gases de efecto invernadero. Por último, los valencianistas adaptan la tasa turística planteada en años anteriores, una medida que la coordinadora de Podem, Pilar Lima, considera que carece de sentido dada la coyuntura.

En líneas generales, la formación morada y su aliado electoral, Esquerra Unida, apoyan las propuestas de Compromís, aunque creen que algunas no deberían esperar a 2022, como la revisión del impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones. El PSPV, por el momento, no parece dispuesto a aceptar tanta presión tributaria.

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