Qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y qué debe hacer el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra

Han sacado la política valenciana de las páginas de sucesos. Y esto ya casi justifica una legislatura. Sus predecesores del PP cubrían las ventanas con la bandera mientras saqueaban el edificio y se llevaban el botín por la puerta de atrás. Acabar con eso ha sido la principal aportación del gobierno del cambio en la Generalitat Valenciana, liderado por el presidente Ximo Puig, del PSPV-PSOE, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís. Pero esto ya lo sabemos los ciudadanos. Y si a una parte les da igual, como parecen apuntar ciertos comportamientos electorales, otra parte exige ya, al gobierno surgido del Pacte de Botànic –gracias al cual socialistas y Compromís cuentan también con el apoyo parlamentario de Podemos–, mucho más que la denuncia una vez transcurrido el primer año de funcionamiento.

La normalidad democrática ha regresado a las instituciones y la experiencia de gobierno compartido, con su peculiar mestizaje, funciona más allá de pequeños desencuentros propios de cualquier equipo. Pero el gobierno a la valenciana debe hacer frente a su tarea en condiciones de extrema dificultad, dado que carece de margen de maniobra. El principio de autonomía política ha quedado reducido a la mínima expresión.

Hay departamentos cuya primera tarea consiste ahora en disponer de información básica fiable para tomar decisiones. Las políticas, como suele decir el premio Nobel de Economía Angus Deaton, empiezan por la estadística. Y hay departamentos fundamentales para hacer realidad el primer compromiso del Pacte del Botànic, el de rescatar a las personas, que carecen de información básica sobre la realidad. Porque la ausencia de información pública transparente era una forma de hacer política: así se garantizaba la discrecionalidad y el clientelismo.

Se han adoptado interesantes medidas en transparencia y buen gobierno, mientras algunos departamentos están tomando decisiones importantes, aunque no se vean ni sean muy mediáticas. Por ejemplo en política territorial, o en medio ambiente. A veces es una buena idea escuchar antes de tomar decisiones.

Gobernar también es gestionar. Gobernar no es nada heroico. En gran medida es saber decir no a ocho de cada diez peticiones o reivindicaciones ciudadanas. Es priorizar. Culminada la tarea de “desescombro” y empeñados en devolver a la Comunidad Valenciana la reputación perdida, les corresponde ahora lo más difícil: pasar de los planes anunciados a las políticas y a las determinaciones; construir un nuevo relato fundamentado en sólidos valores éticos que sea compartido por una mayoría social; volver a incorporar el pensamiento estratégico a la agenda política. Para una radiografía colectiva de la situación, ocho especialistas de diversas áreas ofrecen a eldiario.es otras tantas respuestas a estas dos preguntas: A) ¿En qué cree que ha acertado y en qué no el gobierno surgido del Pacte del Botànic? B) ¿Qué recomendaría de cara al futuro inmediato al Consell surgido de aquel pacto?

Economía

Francisco Pérez (catedrático de Análisis Económico y director de investigación del IVIE)

A) En el ámbito económico, es indudable que el gobierno ha puesto el foco en la importancia que tiene resolver el problema de la infrafinanciación de la CV y, en general, la débil presencia del sector público en la Comunidad. Acierta en eso, porque es un condicionante de su capacidad de desarrollar cualquier política, y en particular las de fomento del desarrollo económico. Los recursos dedicados a esas materias –inversiones, I+D+i, apoyo a las empresas- están casi en la mitad que en otras regiones, tanto ricas como pobres. Es necesario seguir insistiendo en que no tiene justificación que una comunidad claramente por debajo de la media en nivel de renta no reciba la solidaridad de las demás para prestar los servicios públicos a un nivel similar ni para impulsar su crecimiento. Dada la dificultad de que la voz de la CV se haga oír y sus reclamaciones atendidas, el esfuerzo del gobierno es necesario y es acertado.

Pero, siendo cierto que la infrafinanciación limita muchísimo, es también necesario trabajar para mejorar la capacidad de la Administración autonómica de gestionar los recursos, los que tiene ahora y los que pueda tener en el futuro. No basta con aspirar a gastar más, sino que es preciso tomar medidas claras para demostrar que se tiene la capacidad de gastar mejor. El punto de partida de la gestión pública era bajo y las señales de avance en esa dirección son, por el momento, insuficientes. Los objetivos de eficacia y eficiencia han sido mencionados por el gobierno, pero las iniciativas no son tan perceptibles. No basta con identificar los errores precedentes o denunciar la corrupción: se necesita sentar las bases para que las malas prácticas no se repitan y la gestión mejore.

B) La primera es profesionalizar decididamente la Administración: abordar con elevadas dosis de profesionalidad los problemas de gestión que comporta el desarrollo de los objetivos políticos. Es necesario apoyarse en gestores experimentados y formar adecuadamente en esas competencias de gestión a los responsables de los niveles superiores de la Administración que no poseen la formación y la experiencia necesarias.

Para avanzar más decididamente en la mejora de la gestión que los ciudadanos y las empresas desean, es necesario que las directrices políticas vaya acompañadas de criterios profesionales capaces construir una Administración pública diferente: moderna y ágil, orientada a resultados y la rendición de cuentas, que cuente con la necesaria capacidad de diseño y evaluación de las políticas y también con las estructuras de gestión idóneas. Se necesitan recursos directivos bien preparados y una organización adecuada. Sin esos ingredientes, será difícil obtener resultados adecuados.

La segunda recomendación es abordar en profundidad y con realismo los problemas de fondo, sabiendo que las reformas que pueden ofrecer ventajas para muchos a medio plazo pueden bloquearse a corto plazo porque perjudican a algunos, y probablemente se opondrán a ellas.

Para poder confiar en la capacidad transformadora de la sociedad por parte del sector público es preciso poder confiar antes en su propia capacidad de reformarse para ofrecer mejores servicios. No basta con escribir los titulares sobre los objetivos últimos y los impactos esperables de las políticas sanitarias, educativas, de servicios sociales o el cambio de modelo productivo: se necesita entrar en los detalles de las políticas, precisar sus objetivos y sus instrumentos, y probar la eficacia y la eficiencia de las herramientas elegidas.

Innovación y desarrollo tecnológico

María Teresa Sanchis (profesora de Análisis Económico)

A) Sin duda, han acertado en haber situado en el centro del debate el replanteamiento del modelo productivo valenciano. Esta es una cuestión fundamental si tenemos en cuenta que, desde 1985, la posición relativa de la Comunidad Valenciana respecto a la media nacional se ha deteriorado en términos de renta y de riqueza. Hoy en día el nivel de vida de un valenciano medio no alcanza la media nacional y, con la crisis, sus expectativas de empleo y mejoras salariales se han visto truncadas. Por no hablar del previsible impacto de este deterioro sobre la sostenibilidad del actual modelo de Estado del bienestar.

Entre las principales conclusiones de este debate está la idea de que si los salarios son bajos es porque la productividad del trabajo también lo es. La renovación del tejido productivo pasa por mejorar la eficiencia, y esto significa apostar por la innovación. Un diagnóstico sencillo, para un problema complejo. Una de las iniciativas más ambiciosas en este sentido es el proyecto de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), entendida como un instrumento similar al que funciona en los países nórdicos, de carácter transversal, dirigida a coordinar el “sistema de innovación valenciano” (empresas, universidades, centros de investigación, parques tecnológicos, sistema financiero). Con el ánimo de reanimar el crédito para la inversión la Generalitat ha aprobado la reestructuración del Institut Valencià de Finances (IVF) y la creación del Banco público para finales de 2017. El IVF se centrará en la gestión de la deuda y el Banco público en la financiación del sector privado, especialmente de los sectores más débiles (autónomos y pequeñas empresas) y del emprendimiento innovador. Otra iniciativa interesante y necesaria, de impacto a medio plazo sobre la productividad global, es el anunciado plan de infraestructuras para extender la red de banda ancha y reducir el déficit valenciano en el uso de las TIC. Lamentablemente, de momento muchas de estas iniciativas son sólo proyectos.

B) Entre las iniciativas tomadas por el Consell, una de las más cuestionadas ha sido la que, sin duda, puede llegar a tener un mayor calado en la modernización de la economía valenciana, la creación de la Agencia Valenciana de la Innovación. Ésta parece sustentarse en el concepto teórico de Sistema de Innovación Nacional que deriva de un enfoque evolutivo del cambio tecnológico, según el cual la dinámica innovadora depende más de los procesos de aprendizaje tecnológico que de los recursos disponibles, teniendo el aprendizaje un carácter acumulativo, sistemático y cultural. La empresa es el lugar donde se materializa la innovación, y el entorno institucional, el espacio donde se crean las externalidades dinámicas positivas que la favorecen.

Por tanto, debería corresponder a una agencia estatal de este tipo no sólo eliminar trabas, generar incentivos y priorizar líneas estratégicas de actuación en la I+D+i regional, sino contribuir a desarrollar una cultura de la innovación. Para ello una de sus labores debería de ser la de establecer puentes y propiciar el contacto entre los distintos agentes. Uno de los activos más potentes de la sociedad valenciana actual es una universidad pública que se encuentra a la cabeza de las universidades españolas y que cuenta con una presencia creciente en los foros académicos internacionales. El capital humano de los investigadores revierte también en la formación de unos graduados que no encuentran acomodo en el mercado de trabajo regional. Por ello, hay que abrir espacios de diálogo y cooperación entre la universidad y la empresa, sea cual sea el tamaño de ésta, a fin de no desperdiciar estos recursos.

Uno de los puntos débiles que requiere una urgente actuación es el déficit en las comunicaciones. Urge potenciar la interconexión entre las distintas redes de transporte. El contraste con los sistemas de transporte integrados de nuestros vecinos europeos es demasiado evidente y un sector muy favorecido en este sentido podría ser el turismo. También debería ser una prioridad la mejora de las nuevas autopistas de la información pues éstas son para la economía actual lo que los ferrocarriles en la Primera Revolución Industrial y el transporte aéreo y por carretera en la Segunda. Es decir, tecnologías de alcance general con impacto en la productividad de todos los sectores de nuestro tejido productivo.

Igualdad e inclusión social

Joaquín Azagra (profesor de Historia Económica)

A) Quizás lo más destacable sea el haber colocado la política social como prioridad para este gobierno, al integrarla en la Vicepresidencia. Con ello se lanza un potente mensaje a los ayuntamientos respecto a la importancia de un tema en que las corporaciones locales tienen tanto que decir. El PP había optado por la mercantilización de partes del sistema de protección y, en ese sentido, la municipalización es política adecuada para limitar su alcance y permitir una gestión más integrada del sistema. En temas concretos, las ayudas a los cuidadores, el reconocimiento del apoyo familiar, los matices introducidos en el controvertido tema de las tasas o copagos, planteados ahora en función de las rentas de los beneficiarios, o la aceptación del desarrollo de la dependencia como tema crucial, son aspectos a destacar en positivo.

Dicho lo cual, aún no se ha notado una mayor eficacia en la gestión y no se ha avanzado lo suficiente en deshacer “tapones” heredados. Cierto que eran muchos. El conocido Informe DEC (que elaboran anualmente los directores y gerentes de los servicios sociales en toda España) situaba a esta Comunidad, ya en 2015, en último lugar en cuanto a relevancia y desarrollo de sus servicios sociales, puntuándola con un 1,05 sobre 10 cuando la media española es de 4,53 y el País Vasco alcanza el 6,1. O sea, que en el primer medio año del actual Consell todavía no se había invertido la tendencia a la irrelevancia del sistema. Es herencia, sí, pero aún demasiado presente. Hay que mejorar la gestión. Quizás también haya faltado algo de finezza al abordar cuestiones en que interviene el sector privado, especialmente el que no tiene ánimo de lucro. Acciones loables encaminadas a evitar la estigmatización de la pobreza, como lo sucedido con los comedores sociales, han llegado a la opinión pública desfiguradas por mal enfoque del cómo se han llevado a cabo, no del porqué.

B) A corto plazo y con limitaciones presupuestarias, insistiré en la necesidad de mejorar la gestión. El sector público debe hacer mejor hasta lo que ya hace bien, porque en su eficiencia radica parte del recorrido y de la viabilidad de un Estado del Bienestar sometido a presiones contrapuestas para su ampliación y su reducción. A medio plazo sin embargo, la cuestión es otra. Hace falta revisar muchas cosas, empezando por la garantía de las rentas mínimas, su amplitud y sus condicionamientos, el definitivo despliegue de la ley de dependencia, las ayudas familiares… Porque este era un sistema que se creó pensando en la pobreza severa y la crisis, con su secuela de desempleo, ha roto sus costuras. Cabe repensar prioridades y formas de las políticas, incluida la definición de las relaciones con el sector privado, que en este caso no está definido sólo por las empresas con ánimo de lucro, sino por voluntarios y organizaciones benéficas. En suma hay que “crear sistema” al tiempo que se articula y se desarrolla. Creo que se está preparando un plan integral al respecto. Buena noticia. Resulta imprescindible y espero que sea punto de partida para un espacio del Estado del Bienestar que en la nueva realidad adquiere una relevancia creciente y que si se compara con otros del sistema de protección social, especialmente el gasto en salud y farmacia, no puede ser sometido a recorte alguno, pues su cuantía no puede ser causa de desequilibrios.

Buen gobierno y transparencia

Salma Cantos Salah (Abogada, profesora de Derecho Administrativo y politóloga)

A) En términos generales, el camino iniciado es muy bueno. Se ha acertado con la creación ex novo de una Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, como órgano implementador y coordinador de las políticas en la materia. Se acierta con la creación de espacios abiertos de reflexión para la ciudadanía, como el Fórum Ética Pública y Democracia. Se acierta con la firmeza en el impulso de normas que mejoran el marco legal de calidad democrática y fomento de la cultura de lo público, como con la aprobación de la Ley de Cuentas Abiertas para la Generalitat Valenciana o la aprobación del Código de Buen Gobierno de la Generalitat (texto de gran calidad); y con desarrollo de otros textos -en curso-, como el Reglamento de Transparencia, o la regulación del Consejo de Participación Ciudadana. No se ha acertado, sin embargo, en seguir el modelo encorsetado del Consejo de Transparencia, proveniente de la definición hecha en Legislatura anterior, cuyo resultado es que todavía no está en marcha. El modelo parte de un Consejo tan austero, que lo hace casi inviable. No se prevé retribución para sus miembros, con la congruente (desde el punto de vista económico) compatibilidad con otras actividades, lo que le aboca a no avanzar, y por tanto, no estar todavía disponible para la ciudadanía. Se está privando a la ciudadanía de ejercer los derechos y recursos previstos en las diferentes leyes en materia de transparencia y buen gobierno; se la está privando del órgano de control.

No se estaba acertando con cierta omisión en su perspectiva, de los Ayuntamientos (administración más numerosa y cercana, a la par que escasa de recursos); si bien, precisamente coincidiendo con el cumplimiento del año de gobierno, se ha puesto en marcha la firma de convenios con Diputaciones para la coordinación necesaria y puesta a disposición de recursos, especialmente tecnológicos y formativos.

B) En términos generales, el camino se puede mejorar. Recomendaría una reconsideración del modelo de Consejo de Transparencia, que permita su inmediata puesta en funcionamiento. El Consejo debe ser un órgano de control, eficaz.

Recomendaría un despliegue formativo, al hilo del iniciado, en instituciones autonómicas y especialmente, locales, de la cultura del buen gobierno y transparencia. Es necesario trabajar la sensibilización del concepto de lo público, y de la disponibilidad de información comprensible para la ciudadanía, especialmente en el ámbito local. Recomendaría el establecimiento de pautas concretas en materia de transparencia, que faciliten la labor y el cumplimiento de la Ley, en el ámbito de las Administraciones locales.

Propondría el establecimiento de mecanismos de consulta ciudadana, ágiles, que permitan una mayor información y participación (por medios telemáticos y de otro tipo). Convendría trabajar en la difusión de la información de actividades y proyectos que se emprenden desde el Gobierno (de cualquier tipo, en el ámbito de la transparencia y buen gobierno), atendiendo también, a los tiempos y momentos idóneos, que favorezcan una auténtica participación de la ciudadanía y accesibilidad a la información, olvidando los cumplimientos formales.

Educación

Francesc J. Hernàndez Dobon (profesor de Sociología)

A) Según mi opinión, los responsables de la Conselleria de Educación han acertado al formar un equipo cohesionado, independientemente de la procedencia de partido de cada persona, y han mantenido infatigablemente el diálogo con representantes sindicales, municipales, de instituciones, etc. Han paliado (como afirmaba el pacto) los efectos más negativos de la LOMCE y han resistido, por ahora, el ataque furibundo de empresas acostumbradas a sacar beneficio de favorecer la desigualdad social, a veces, incluso, de manera presuntamente fraudulenta. Se han tomado medidas para reducir la ratio en las unidades de los centros educativos. No sólo se han empezado a eliminar los barracones, sino también parece que se ha favorecido la investigación judicial de los mecanismos corruptos que, también presuntamente, favorecieron CIEGSA y otras iniciativas semejantes de los gobiernos anteriores.

Aunque en general han acertado, quizá en algunos asuntos tengo ciertas reservas. Apuntaré tres. El nuevo equipo se incorporó en fechas sumamente difíciles (el fin del curso escolar), lo cual exigía algunas medidas inmediatas; otras, sin embargo, se podían haber aplazado hasta tenerlas totalmente preparadas, y eso habría sido, en mi opinión, bien entendido por la comunidad escolar, que ha debido afrontar asuntos con precipitación (quizá ha pasado eso con Xarxallibres).

Ciertamente, los medios de comunicación presionan muchísimo a los responsables de esta Conselleria; en mi opinión, deberían ser extremadamente cautos haciendo declaraciones para no “abrir melones” que no han madurado suficientemente (ha pasado, tal vez, con las exenciones del valenciano). Hay conflictos educativos de consenso difícil o imposible. Hacer política (educativa) es tomar partido en estos conflictos, y no trasladarlos a otras instancias. Si la Conselleria considera, por ejemplo, que la jornada continua no beneficia el aprendizaje del alumnado, no se debe llevar a votación; y ya encontrará otras maneras de satisfacer la flexibilización del horario laboral presencial del profesorado o de incrementar la oferta de actividades formativas de la escuela pública.

B) Tomando como criterio los objetivos de la Unión Europea para 2020, los tres problemas más importantes en la educación valenciana son: a) la mayoría de la población activa no dispone de una acreditación profesional; b) las universidades (y no los centros de formación profesional) cargan con la mayor parte de la acreditación profesional; y c) las elevadas tasas de abandono educativo, que para la UE no es el abandono “escolar”, sino la falta de estudios de secundaria postobligatoria (bachillerato o formación profesional). En su mayor parte, la solución de estos problemas no es escolar. Tiene que ver sobre todo con un mercado laboral desregulado, que privilegia la mano de obra descalificada o poco calificada, el horizonte de precariedad que se extiende ante la juventud, que la lleva a buscar en los estudios universitarios la esperanza de un empleo digno) y en el mantenimiento de una cuota elevadísima de enseñanza en centros privados. Desde la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la educación lo es también a la formación profesional y permanente. Por ello, una Ley valenciana de educación (como la que se acordó en el Botánico) no se puede reducir a tratar del sistema escolar. La calificación profesional, la acreditación de la experiencia laboral, los mecanismos de la formación continua en el centro de trabajo, la formación de personas adultas, la competencia multilingüe de la población en general o los programas formativos para las personas mayores son partes fundamentales de la educación, tal y como se entiende ahora en la Unión Europea. La futura ley deberá partir de análisis generales (y no sólo escolares), para lo cual son necesarios observatorios de la igualdad educativa, preferiblemente a escala comarcal o municipal, y, tal vez, proceder a una reorientación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (centrada ahora en la educación superior), que aporten los datos necesarios con total transparencia.

Cultura

Amparo Tórtola (periodista)

A) La inversión de 500 millones de euros comprometidos en #FesCultura o Plan Estratégico Cultural Valenciano 2016-2020 ha sido el anuncio más destacado en materia cultural del Consell constituido hace ahora un año al amparo del denominado Acuerdo del Botánico. Se trata de una ambiciosa iniciativa que contempla siete objetivos prioritarios y una extensa relación de medidas concretas dirigidas al “rescate del sector cultural valenciano”, toscamente definido por parte de sus agentes como “un edificio en ruinas”.

La viabilidad de dicho plan y sus compromisos –creación de una industria cultural autóctona, democratización del acceso a la cultura, descentralización territorial, cooperación entre instituciones, creación de 10.000 puestos de trabajo, etcétera– quedan a expensas de la disponibilidad de unos recursos económicos sometidos a las rígidas tensiones financieras de la Generalitat Valenciana.

Atendiendo a la letra del Acuerdo del Botánico, la cultura no es para el actual Consell, presidido por el socialista Ximo Puig, una partida “prioritaria”, como sí lo son la educación, la sanidad o los servicios sociales. Comprensible el temor extendido entre los profesionales del sector ante la posibilidad de que #FesCultura acabe por convertirse en “papel mojado” o, peor aún, en “propaganda política”. Entonces, sí, llovería sobre mojado.

Los otros dos anclajes destacados de la gestión cultural del Consell han sido la potenciación del uso del valenciano –objetivo grabado en el ADN de sus integrantes– y un voluntarioso Plan de Fomento del Libro y la Lectura con el que conjurar la ínfima vocación de los valencianos hacia la producción editorial.

En materia de medios de comunicación, los mayores esfuerzos han ido dirigidos a recuperar el desaparecido servicio público autonómico de radio y televisión. También a poner orden en el complejo entramado de licencias de TDT y de FM.

Las escasas ayudas a la prensa escrita y otros medios han estado vinculadas al fomento del valenciano.

B) La política cultural suele figurar entre las primeras víctimas de las situaciones económicas adversas. La alarma social que generan los recortes en otras esferas de gestión más vitales para los ciudadanos, enmascara las consecuencias del retroceso inversor en ámbitos tan necesarios para el progreso equilibrado de una sociedad como las artes escénicas y plásticas, la música, el sector del libro, el audiovisual, los archivos y las bibliotecas, etcétera.

Por tanto, es exigible al Consell que otorgue a la cultura el carácter de sector “prioritario”, no como un pronunciamiento retórico que en poco o nada compromete, sino con un fiel reflejo en sus ejercicios presupuestarios. Si no se hace así, se perderá de nuevo la oportunidad de construir –con el concurso de los profesionales y el apoyo de la ciudadanía– esa industria cultural valenciana que contribuya a incrementar nuestro producto interior bruto (PIB) y genere sinergias con otro sector estratégico valenciano como lo es el turismo. Reclamar hasta la saciedad el compromiso económico del Ministerio de Cultura deviene en obviedad.

Más allá de la puesta en marcha de un servicio público de radio y televisión valenciano –imprescindible– el actual ejecutivo autonómico, como los precedentes, no parece tener una política de medios de comunicación. Consecuencia, también, de las estrecheces económicas y de no entender la información como un servicio vital en las sociedades democráticas. Nuestro índice de difusión de la prensa –la cantidad de ejemplares que se venden por cada 1.000 habitantes– está por debajo de la media estatal y muy alejado de los 100 ejemplares que la Unesco atribuye a las sociedades avanzadas. No sería mala idea que el presidente Puig recuperase aquella propuesta suya de 2009 de implantar un Plan de Fomento de la Lectura de Prensa entre los más jóvenes. Aunque sea en formato digital.

Política territorial

Josep Sorribes (profesor de Economía Regional y Urbana)

A) Desde el punto de vista de la política territorial, el Acord del Botànic supuso una declaración de principios coherente con los nuevos tiempos y este fue su principal logro. Sin embargo, la acción de gobierno posterior presenta un balance poco alentador. No se ha priorizado el enfoque territorial frente al sectorial y eso es un grave defecto de origen porque es en el territorio (muy diverso y con diferentes especializaciones relativas) y en sus ciudades donde se visualizan las políticas y su eficiencia. Tampoco se aprovechó lo válido de la Estrategia Territorial Valenciana de 2012, que respondía a los principios de subsidiariedad, cohesión territorial, policentrismo y cooperación, y que incorporaba áreas funcionales que abrían la puerta a gobiernos supramunicipales y subregionales. Continuando con el principio de “descubrir las Américas”, lo mismo ha sucedido con el Plan de Acción Territorial de L’Horta (PATH), que se podía haber mejorado puntualmente y abordar actuaciones concretas en lugar de definir un nuevo PATH que tardará bastante, en el mejor de los casos, en dar frutos. El Plan de Actuación Territorial del Litoral sí era necesario, pero no hace falta un año para identificar las áreas que deben ser no urbanizables en el área costera. Se ha enquistado el conflicto de las diputaciones cuando la Ley de coordinación está vigente y sólo habría que volver a aprobar los decretos que dejaron de estar vigentes con la aprobación de la nueva Ley local valenciana.

No se ha avanzado en el nuevo modelo territorial ni en el encaje de las áreas metropolitanas. El pretendido reforzamiento de las mancomunidades no es mala noticia, porque todo lo que sea colaborar es bueno, pero entre las mancomunidades y las nuevas unidades de gestión hay un mundo. Ni tan siquiera las comarcas son, con alguna excepción, ámbitos lógicos de gestión territorial.

B) Con carácter general, yo haría todo lo posible para evitar la parsimonia letal que creo que se transmite. El análisis de los resultados del 26J no tendría que “moderar” (otra cosa es el exceso de gestos) y sí acelerar la acción de gobierno. Es cierto que la necesidad de consenso entre los firmantes del Pacte del Botànic hace complicado ir deprisa, al igual que la participación tiene un coste temporal. Habrá que cambiar los métodos, que no los principios, en ambos casos

Yo sugeriría, en primer lugar, crear una Conselleria Transversal de Territorio que “tradujese” al espacio las políticas sectoriales. El espacio no es una excusa, sino una exigencia. Todas las políticas son, en definitiva, espaciales. Cada conselleria no puede ir por libre en sus planes espaciales –si los tiene– y debe testarlos a pie de obra.

También se tendría que aplicar la Ley de coordinación (aprobada ya hace tiempo por el Tribunal Constitucional) con mucha más decisión, aprobando nueve decretos operativos basados en la delegación de competencias prevista en la Ley valenciana

En tercer lugar, no se puede aplazar la puesta en discusión de un nuevo modelo territorial, con la nueva Conselleria como protagonista. Como hipótesis –que hay que confirmar con estudios ad hoc muy poco costosos–, un modelo territorial basado en áreas de gestión supramunicipales y subregionales que descentralice el propio gobierno de la Generalitat puede resultar más democrático y, al mismo tiempo, más eficiente, y no hace falta mantener las diputaciones. Pero hay que atreverse a ello.

Por último, como no se han reutilizado algunos documentos preexistentes de política territorial (la Estrategia Territorial o el PATH) y se han elaborado nuevos, habría que agilizar todos los trámites para tener documentos que hicieran posible actuar, en un plazo máximo de 6 meses, porque el arroz se pasa y el desbarajuste heredado no es argumento electoral.

Política lingüística

Rafael Castelló (profesor de Sociología i director del Servei de Política Lingüística de la Universidad de Valencia)

A) Por lo que respecta a la política lingüística, el gobierno surgido del Pacte del Botànic cambió bastante rápidamente las redes de relación con la sociedad organizada en relación a los usos lingüísticos. Así rehizo vínculos entre el Gobierno de la Generalitat e instituciones tan relevantes para la política lingüística como las universidades públicas valencianas o la Xarxa Vives, pero también otras de la sociedad civil vinculadas con la defensa de los derechos de los valencianos y que habían sido desterradas por los gobiernos del Partido Popular.

En segundo lugar, ha puesto sobre la mesa toda una serie de propuestas y revisiones de aspectos relevantes de la política lingüística, como el cambio en la política de ayudas y subvenciones, o el debate sobre las competencias lingüísticas en valenciano del personal que trabaja en la Administración pública, o la revisión y recomposición de las relaciones con los gobiernos de los demás territorios que tienen el valenciano como lengua propia...

También creo que hay que destacar la renovación realizada en el ámbito de la Junta Qualificadora, su composición y actuación, con el objetivo de frenar su progresivo deterioro y velar por la mejora de la calidad en la transmisión y el reconocimiento de las competencias lingüísticas en valenciano.

Ahora bien, desde mi punto de vista, no es sólo una cuestión de cultura y educación, ni tan siquiera sólo de la Administración pública: la política lingüística es una política de carácter transversal, como puede serlo la de transparencia, la política territorial o la de igualdad de género o la de no exclusión social; y requiere, por tanto, de una atención en todos los ámbitos de gobierno.

En ese sentido, por ejemplo, no se ha puesto el énfasis adecuado, en mi opinión, en poner al alcance de la población valenciana medios de comunicación capaces de expresarse en valenciano con la calidad necesaria y exigible. Así, por ejemplo, si la puesta en marcha de RTVV es lenta por culpa de los procesos judiciales, muy bien se podría haber acelerado la reconexión con la TV3 y la IB3, mientras llega de nuevo la televisión valenciana. Los medios de comunicación son una herramienta de política lingüística de primer orden y demasiado valiosos para depender de cálculos cortoplacistas.

B) La Dirección General cuenta con un equipo de personas sobradamente preparadas y conocedoras del campo de la política lingüística, que a buen seguro saben lo que hay que hacer. Ahora bien, si me preguntaran, yo centraría mi atención en tres aspectos. En primer lugar, el diseño del papel de las lenguas en el sistema educativo valenciano, en todos sus niveles. Este es un asunto de mucho calado social y proyección a largo plazo, por eso hay que abordarlo lo más pronto posible, debido a que se trata de una cuestión de fuerte impacto sobre la estructura social valenciana y seguro que requiere mucho trabajo de negociación.

En segundo lugar, las necesidades de competencia lingüística en valenciano de las plantillas de la Administración pública en el País Valenciano también se deben establecer a la mayor brevedad. Es una cuestión con efectos muy relevantes sobre el valor social de nuestra lengua. Eso también puede requerir procesos de negociación largos y por ello hay que afrontarlo cuanto antes.

Y, en tercer lugar, abordaría con profundidad la estructura comunicativa valenciana, medios de comunicación, escritos y audiovisuales. La inexistencia de esta estructura comunicativa en valenciano causa un daño terrible y hay que construirla lo más pronto posible.