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Igualdad creará un observatorio de servicios sociales y un comité de ética en el sistema de atención pública

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra presenta los decretos que desarrollan la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

Laura Martínez

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El nuevo modelo valenciano de servicios sociales inclusivos va tomando forma legislativa para actualizar el sistema de atención. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado este martes los tres anteproyectos de decreto que desarrollan la ley aprobada la pasada legislatura, que reorganiza el mapa de servicios sociales en un modelo equivalente al de los centros de salud.

Los decretos avanzan en la descentralización de los centros de atención primaria, la puerta de entrada al sistema, homogeneizarán los criterios comunes a los centros y agruparán diversas normas, siguiendo los principios de “la organización, la participación y la ética”. Los proyectos prevén la creación de un Observatorio de Servicios Sociales y un comité de ética que asesore a profesionales y usuarios en cuestiones complejas a las que la ley per sé no pueda llegar. Según ha explicado la titular de Políticas Inclusivas, los recursos de uso habitual tendrán que estar en entornos urbanos accesibles, se deslocalizarán los puntos de atención y se ampliarán los horarios de atención.

Los decretos incorporan el contrato programa para los servicios sociales, una fórmula, “que da estabilidad a los profesionales de los servicios sociales municipales que ya no son despedidos y vueltos a contratar cada año”. En los últimos presupuestos, se han destinado 93 millones a contratar los equipos de atención primaria, aquellos que son “la puerta de entrada” al sistema desde los ayuntamientos, lo que ha supuesto multiplicar por 10 la inversión y el número de profesionales.

El decreto de tipologías de centros actualiza la normativa y será “una guía en la que cualquier persona, profesional o usuaria, podrá encontrar toda la información para cada tipología de recursos”. Este texto actualizará las ratios de todos los recursos incluidos en el sistema teniendo en cuenta “una nueva realidad sociodemográfica, en la que la población es más mayor, existe mayores niveles de atención a la dependencia o más gente que vive sola”. Con idea de avanzar en la atención domiciliaria y en la reducción de las personas por cada centro, el decreto establece las condiciones materiales, funcionales y de personal de centros y servicios a cualquier recurso.

La segunda norma crea los organismos de participación, análisis y recopilación de datos: el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que regulará el Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials, que tendrá carácter autonómico, así como los consejos de participación zonales y locales que se crearán en cada ayuntamiento o mancomunidad. “De esta manera creamos una participación bien regulada, ordenada, accesible y práctica, además de empoderar a la sociedad civil y permitir a las personas usuarias su participación en las decisiones del sistema”, ha indicado.

Por último, se creará un comité de ética de carácter autonómico, y uno por cada uno de los departamentos de servicios sociales, en los que se incluirán personas expertas en servicios sociales que ofrecerán respuestas a profesionales y personas usuarias, de manera que las actuaciones sean más seguras.

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