El PSC plantea una reforma del sistema de financiación 'valencianizada'

El Partido Socialista de Catalunya (PSC) entra en el debate de la financiación autonómica y reclama al Govern de Catalunya que no se ausente de las mesas de negociación. El secretario del PSC, Salvador Illa, ha presentado un informe de la fundación Rafael Campalan, el think tank de los socialistas catalanes, con una propuesta de reforma del sistema de reparto de recursos aprobado en 2009 y caduco desde 2014, que acerca su posición a la del Gobierno valenciano.

El informe que expone la fundación de los socialistas catalanes refuerza las tesis del equipo de Ximo Puig, que planteó su modelo en el Congreso Federal del PSOE buscando una posición común entre las federaciones y se suma al modelo desarrollado por los expertos en financiación consultados por el Gobierno valenciano para redactar las alegaciones al proyecto del Ministerio de Hacienda. El pasado enero la Generalitat Valenciana asumió como propias las consideraciones de los expertos, planteadas en una comisión mixta Consell-Corts en el Parlamento autonómico.

Aunque el documento elaborado por las economistas Montserrat Colldeforns y Antònia Monés no es para Salvador Illa la postura del PSC, sí implica el inicio de un proceso de reflexión. En la ronda de encuentros que el presidente Pere Aragonés mantiene con los grupos parlamentarios, el dirigente socialista reclama que no deje a la autonomía al margen del debate. “Catalunya no puede estar ausente en este debate, tiene que volver a liderarlo”, apuntaba Illa en la presentación del texto.

Las economistas plantean acabar con el statu quo en el reparto de recursos, abogar por el principio de equidad financiera entre comunidades e incrementar la autogestión de las haciendas autonómicas, conceptos que secunda la propuesta del conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler. Las autoras del texto insisten en la necesidad de que las autonomías tengan “responsabilidad fiscal” y no se limiten a ser gestoras de las competencias y los recursos del Estado, reclamando un modelo de financiación federal, similar al de Alemania, Canadá o Bélgica, y subrayan que el debate debe partir de acuerdos institucionales y del máximo consenso. “Seguramente la clave para que la reforma del sistema de financiación llegue a buen puerto se encuentra en el hecho que se pacte con criterios realmente federales, con la participación transparente y responsable de la Administración central y las comunidades autónomas”, apuntan.

Colldefons y Monés consideran que un nuevo modelo debe abordar cuatro aspectos “críticos”: los recursos de las comunidades de régimen común, su origen y su distribución final para cada autonomía, los cambios en el marco fiscal y la gobernanza federal. Las economistas señalan que las comunidades autónomas están infrafinanciadas y han visto reducida su participación en el conjunto de recursos del país, mientras que las “exigencias” en el cumplimiento de las competencias han aumentado, especialmente con la eclosión de la pandemia. En otras palabras: que con menos recursos deben hacer frente a más servicios para los ciudadanos.

Otro punto de acuerdo con la propuesta valenciana es el de eliminar los fondos que distorsionan el reparto de recursos. Aunque, hasta el momento, la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda se limita a definir la población ajustada -piedra angular del sistema, pero una piedra al fin y al cabo- las expertas abogan por eliminar los Fondos de Suficiencia y Convergencia, e incorporar de estos recursos a la dotación complementaria que hace el gobierno central al Fondo de Garantía. Las economistas también reclaman una condonación parcial de la deuda generada por los mecanismos de liquidez y la eliminación de los actuales, cuestiones que en la propuesta valenciana se traducen en condonar la deuda histórica derivada de la infrafinanciación.

Las expertas catalanas critican la competencia a la baja de otras comunidades y abogan por una reforma del impuesto de sucesiones que fije un mínimo común en el Estado. “En primer lugar, porque los grandes impuestos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) son compartidos, y no tendrían que reformarse sin la plena participación de los gobiernos territoriales. En segundo lugar, porque un sistema fiscal tiene que aspirar a ser simple, eficaz y adaptado a los nuevos cambios del entorno y, en este sentido, no conviene que proliferen nuevas figuras, sino que las que se creen lo sean con consenso, refuercen especialmente las haciendas autonómicas, y a la vez sean coherentes con los retos sociales y ambientales a los cuales hay que hacer frente de manera colectiva”, apuntan.

A la par de esa autonomía, insisten en la mejora de la suficiencia financiera a partir de un aumento de los recursos tributarios, una reforma del marco fiscal o de las transferencias del Gobierno. Esta autonomía, apuntan, se tiene que ejercer en coordinación con la Hacienda central, entendiendo el Estado como un todo: “Es como tiene que ser en un estado federal, porque la política fiscal –ingresos y gastos– del conjunto de las administraciones públicas de un país, afecta la posición financiera y la estabilidad económica de este país en el ámbito internacional”, sentencian.