La Sindicatura de Cuentas cifra en 82,6 millones los litigios y reclamaciones a la Generalitat Valenciana
La Conselleria de Política Territorial encabeza la lista de reclamaciones y litigios, con 46,3 millones de euros de provisión para cubrir las posibles deudas, según el informe de fiscalización de la Administración autonómica elaborado por la Sindicatura de Cuentas.
Así, la Generalitat Valenciana mantiene un importe estimado en 82,6 millones en obligaciones por reclamaciones o litigios. La cifra incluye sentencias condenatorias por actuaciones urbanísticas de la época del PP, como el Plan de Actuación Integral (PAI) en Nàquera, las tarifas de la ITV o las resoluciones sobre conciertos educativos y los sexenios de los profesores de religión.
El grueso de los procedimientos judiciales del 2020 correspondientes a la Conselleria de Política Territorial, por 20 millones, corresponde a indemnizaciones y reversiones de las expropiaciones de la Ciudad de la Luz en Alicante. Las sentencias condenatorias pendientes de cuantía estiman en 7,8 millones las reclamaciones junto con el Ayuntamiento de Nàquera, por un polémico proyecto urbanístico con campo de golf aprobado por el exconseller Rafael Blasco y anulado por la justicia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cheste, junto con la conselleria, acumula 2,2 millones en sentencias condenatorias, mientras que los expedientes de responsabilidad patrimonial estimados en vía judicial ascienden a 7,7 millones. Los epígrafes de los dos consistorios recogen la mitad las indemnizaciones a pagar a terceros de forma solidaria por responsabilidad patrimonial de la Administración.
Recursos a las tarifas de las ITV
La Conselleria de Economía no detalla la estimación precisa de las cuantías que pueden surgir por los recursos contencioso-administrativos pendientes de resolución judicial de las empresas concesionarias del servicio público de las ITV, aunque al cierre del ejercicio había constituido una provisión de 2,9 millones.
Las empresas de las ITV presentaron reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración que ascienden a 78,21 millones de euros, sin embargo en todos los casos los procedimientos administrativos concluyeron con resoluciones desestimatorias. Quedan pendientes de resolución los recursos que algunas concesionarias y la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana de la ITV ante diferentes órganos judiciales.
Además, seis concesionarias presentaron incidentes de nulidad tras el acuerdo del Consell que estableció nuevas tarifas para el servicio de ITV. La cuestión está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo. La conselleria ha mantenido una provisión por responsabilidades de 2,86 millones de euros, la misma cifra que el ejercicio anterior.
Centros concertados y profesorado de religión
El departamento de Educación, tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), ha estimado en 20,3 millones el coste para la reposición de las unidades concertadas.
Además, también mantiene una provisión de 6,3 millones por el reconocimiento judicial del derecho del profesorado de religión católica, en los centros públicos, al devengo y retribución del complemento específico para la formación específica (los sexenios).
85,8 millones para la demolición de los rascacielos de Benidorm
Adicionalmente, en un epígrafe distinto, la Sindicatura de Cuentas reseña provisiones y contingencias de la Generalitat Valenciana por las responsabilidades en la demolición de un complejo urbanístico en Benidorm formado por dos rascacielos ilegales de la época de los gobiernos autonómicos del PP.
El saldo de provisión asciende a 15 millones de euros por el coste de la demolición y 70,8 millones por las indemnizaciones del precio de adquisición de las propiedades.
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