LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El proyecto de Moviment Sumar País Valencià apenas ha logrado consolidar una estructura territorial estable tras casi un mes desde la convocatoria fallida de su Asamblea Autonómica Constituyente prevista para finales de noviembre, un proceso que se planteó como fundamental para asegurar la implantación del movimiento en el País Valenciano y que, a estas alturas, sigue bloqueado o con resultados mínimos sin avances visibles significativos.
La Asamblea Autonómica Constituyente de Sumar en territorio valenciano fue convocada formalmente con un calendario que contemplaba la publicación de borradores de documento político y organizativo, la presentación de enmiendas por parte de la militancia y culminar en un pleno diseñado para el 29 de noviembre en València. Los reglamentos internos marcaban plazos para la presentación de documentos alternativos y su aval en la plataforma digital habilitada por Sumar País Valencià.
A pesar de estas previsiones y de la publicación de la documentación en la web oficial, la participación interna real ha sido inferior a la esperada y el proceso no ha cristalizado en una base organizativa sólida en el territorio. En el seno del propio espacio político se percibe que la actividad ha quedado reducida a tareas administrativas sin una movilización amplia ni una consolidación de estructuras locales que permitieran proyectar una presencia real de Sumar fuera de órbitas meramente declarativas, según fuentes internas cercanas al movimiento. Esto ha generado frustración y cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto en el País Valenciano.
La debilidad de Sumar en el territorio valenciano se aprecia también en la relación con Compromís, socio electoral clave que compartió listas y espacio político en 2023 pero que ha protagonizado tensiones continuadas durante 2025. En junio pasado, Més per Compromís —la fuerza dominante dentro de la coalición valencianista— decidió abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, como respuesta a discrepancias sobre prioridades políticas y representación territorial, incluida la oposición a que se registrase la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación por la DANA.
La misma crisis quedó a la vista cuando la dirección de Compromís mantuvo abierta la confrontación con Sumar ante la falta de avances en acuerdos, con un sector de Més impulsando la salida de la organización del grupo de Sumar y otro apostando por mantener la alianza pese al desencanto.
Críticos del proyecto apuntan a que la falta de participación y la incapacidad para traducir la convocatoria de la asamblea en una plataforma territorial efectiva reflejan problemas estructurales más profundos de Sumar: su construcción desde arriba, con escasa base orgánica previa, y la ausencia de un relato cohesionado que articule un proyecto autónomo en regiones como la Comunitat Valenciana. Algunos analistas recuerdan que, en el contexto más amplio del espacio de izquierda, Sumar ha lidiado con abandonos de socios históricos como Podemos y problemas internos de liderazgo, lo que ha erosionado la percepción de que puede servir de vehículo de unidad política.
Desde la organización oficial, altos cargos de Sumar han defendido que los procesos de constitución territorial requieren tiempo y paciencia, y han resaltado que la documentación y los reglamentos están disponibles para que la militancia participe a través de la plataforma digital habilitada. Sin embargo, no se han ofrecido balances públicos detallados sobre la participación o los resultados de la fase de enmiendas cerrada en noviembre, lo que alimenta la percepción de bloqueo.
El resultado de estas dinámicas es un País Valenciano donde Sumar no ha logrado consolidar una estructura estable ni aglutinar un proyecto renovado que permita competir con otros actores políticos del espacio de izquierdas o de signo similar. El estancamiento de la asamblea fundacional, lejos de simbolizar un punto de partida, se ha convertido en un síntoma del difícil encaje de la organización en el mapa político valenciano, poniendo en cuestión su capacidad de implantación territorial de cara a futuros retos electorales y organizativos.