La concejala de Vox del Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero, se enfrenta a una pena de hasta nueve años de presión por la publicación de una veintena de tuits de tinte racista entre los años 2020 y 2024.
Como ha avanzado elDiario.es, el juzgado de instrucción número 15 de València ha dictado auto de procedimiento abreviado, paso previo para la apertura de juicio, por un presunto delito de odio.
La resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario recoge el listado completo de los mensajes publicados por Herrero principalmente en su perfil de la red social X, tales como: “tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros”; “asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada”; “no son migrantes ni inmigrantes; son invasores”; “basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles” o “el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.
El auto destaca el último mensaje lanzado por la edil ultra el 19 de abril del pasado año contra el exdiputado de Podemos en Madrid Serigne Mbayé, quien compartió en la red X (antes Twitter) una serie de vídeos racistas, xenófobos y ofensivos de Daniel Esteve, el mediático líder de Desokupa, en el que él se preguntaba. “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”. Herrero contestó: “Sí. Falta que te vuelvas a tu país”.
El juez afirma que estos hechos pueden ser “constitutivos de un delito castigado con pena privativa de libertad no superior a 9 años de prisión o bien con cualquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración” y considera que existen “suficientes indicios de criminalidad contra la investigada para ordenar la prosecución de la causa en su fase intermedia” y añade: “No existe controversia acerca de los hechos objeto de la investigación. Los distintos mensajes a que se contraían las denuncias presentadas ante la Fiscalía, incluidos luego en la propia denuncia de la citada Fiscalía, fueron publicados por la investigada como la misma admitió al prestar declaración”.
El titular del juzgado explica que “la divergencia surge entre la interpretación” que Herrero da al alcance de tales mensajes, que considera “penalmente irrelevantes” y la que de los mismos se hace por la Fiscalía, “bien detallados en su escrito por el que se opone al sobreseimiento libre de la causa y que expresamente se acogen”.
Según el juez, “la publicación por la investigada de los mensajes recogidos en esta resolución podrían efectivamente ser constitutivos de delito en tanto que la acción continuada de la misma y los términos empleados en los mensajes difundidos en redes sociales ponen de manifiesto un ataque al diferente- al moro, al negro, al africano, al inmigrante, al refugiado, a ONGs que les dan apoyo, al gay, al rival político- como expresión de una intolerancia incompatible con la convivencia, en tanto que todos los seres humanos son objeto de protección en nuestra Constitución y por lo demás en las Declaraciones Internacionales de que España es parte”. Por este motivo, afirma que debe proseguirse “la tramitación de la causa en su fase intermedia”.
El magistrado ordena que se dé traslado “al Ministerio Fiscal y partes acusadoras personadas para que en el término común de 10 días soliciten la apertura del Juicio Oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias”. La resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días o recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Conflicto en el grupo municipal de Vox
Se da la circunstancia de que su pareja y también concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, también estuvo investigado por comentarios racistas, aunque finalmente el juzgado archivó la causa. El edil difundió un bulo en sus redes sociales en el que atribuyó a un inmigrante el asesinato de un hombre de 40 años en el Puente de las Moreras de València cuando el autor de los hechos era español. Sin embargo, el juez argumentó el archivo en “la poca relevancia de las declaraciones del político que solo aparecieron en dos medios de comunicación”, entre otros motivos.
Como informó este diario, ambos concejales fueron readmitidos en Vox y en el gobierno municipal tras pasar al grupo de no adscritos por unos contratos que investiga la Fiscalía. Aunque parecía que tras su readmisión se habían calmado las aguas en el seno del ejecutivo municipal que preside la alcaldesa María José Catalá, del PP, los dos concejales díscolos vuelven a la carga y llevan días librando una batalla en redes sociales contra sus compañeros de partido, entre ellos el nuevo portavoz que relevó a Badenas, José Gosálbez.
Además, pese a estar integrados en el grupo municipal de Vox, ya se han separado de la disciplina de voto del PP y de los otros dos concejales de extrema derecha haciendo perder diversas mociones al equipo de Gobierno en el pleno del pasado mes de mayo. Catalá, quizás, pensó que con su readmisión había cerrado una crisis, pero nada más lejos de la realidad, máxime si finalmente Herrero acaba siendo juzgada por un presunto delito de odio.