Llevar a los estados a los tribunales: ¿una solución ante la inacción de los gobiernos contra el cambio climático?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene su sede en Estrasburgo (Francia) y desde allí interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde que se fundó en 1959, el TEDH ha dictado más de 10.000 sentencias relativas a presuntas violaciones contra los derechos civiles y políticos.

Pero el 29 de marzo de este año se enfrentó por primera vez a una denuncia que no había recibido hasta entonces: la protección del clima como un derecho humano. El caso fue llevado al tribunal por una asociación de mujeres suizas llamada KlimaSeniorinnen Schweiz (Mujeres Mayores de Suiza por la Protección del Clima), con una edad media de 73 años.

La acusación fue dirigida contra el gobierno suizo por vulnerar el derecho a la vida y a la salud de las mujeres mayores, recogidos en los artículos 2,6, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos humanos (CEDH), y llegó al tribunal europeo después de una batalla de seis años y de que su denuncia fuera desestimada en el Tribunal Federal de Suiza. 

Estas mujeres afirman que el gobierno suizo no hace lo necesario para cumplir con el Acuerdo de París sobre emisiones y que si la respuesta de todos los países fuera la misma que la de Suiza, se produciría un calentamiento global de hasta 3℃ en 2100.

El gobierno Suizo no niega que el cambio climático pueda afectar a la salud, pero argumenta que las emisiones no pueden vincularse específicamente a la salud de las mujeres mayores. Afirma que la acción climática es una cuestión que deben decidir los políticos. 

Sin embargo, los políticos de todo el mundo no parecen haber afrontando el desafío del cambio climático con premura ni firmeza en los últimos años. En el último informe del IPCC (panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU) se insta a los gobiernos a abandonar su pasividad y tomar “medidas urgentes” para limitar las emisiones.  

Las mujeres suizas de KlimaSeniorinnen no son las únicas que han elevado su demanda ante esta corte. El TEDH también recibió una demanda en 2021, pendiente de veredicto, por parte de Damien Carême, ex alcalde del municipio de Grande-Synthe en Francia.

Este ha denunciado al gobierno francés sobre la base de que el hecho de que las autoridades no adopten todas las medidas adecuadas para que Francia pueda respetar los niveles máximos de emisiones de gases de efecto invernadero, constituye un incumplimiento de su obligación de proteger el derecho a la vida privada y familiar.

Antes, en 2020, seis jóvenes portugueses presentaron una demanda frente al TEDH contra Portugal y otros 32 estados (todos los de la Unión Europea más Noruega, Rusia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido).

La acusación era similar: los demandados habían vulnerado los derechos humanos al no adoptar medidas suficientes contra el cambio climático. Los ciudadanos están llevando a los tribunales a sus gobiernos por no actuar con decisión contra el cambio climático pero, ¿servirá de algo?

La autoridad del TEDH sobre el clima

La protección del clima en el seno del TEDH es una cuestión complicada legalmente. Aunque la CEDH no contiene ningún derecho humano medioambiental específico, el TEDH ha interpretado que algunas infracciones contra el medio ambiente sí que constituyen una violación de algunos derechos.

El primer caso ganado en este sentido fue el de una mujer de Lorca, Murcia, Gregoria López Ostra, contra el gobierno de España, que elevó su demanda al tribunal por la contaminación y los olores de la planta de tratamiento de desechos junto a su casa.

El TEDH encontró una violación de los artículos 3 y 8 de la CEDH y condenó al gobierno español a pagar una compensación por daños de cuatro millones de pesetas y las costas del juicio. Sin embargo, la demanda de las Klimaseniorinnen es la primera que llega a la Gran Sala del tribunal.

Una de las objeciones del gobierno español durante la causa fue que la demandante no era una víctima de una violación de los derechos humanos y esta es precisamente la misma objeción que otros estados están presentando para defenderse de estas demandas.

La otra es que no hay un vínculo causal entre las supuestas emisiones de un estado concreto y los efectos del calentamiento global.

Junto a la demanda de las Klimaseniorinnen, el TEDH también verá el caso de Damien Carême y, después del verano, el caso de los demandantes de Portugal. El veredicto sobre estos casos podría tener importantes repercusiones, no solo para los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, sino para todo el mundo.

Es la primera vez que el TEDH celebrará una audiencia pública para determinar hasta qué punto un país como Suiza debe reducir sus emisiones para proteger el medio ambiente.

Si el tribunal decide que la protección del clima es un derecho humano, esto podría tener repercusiones y traducirse en cambios en la legislación de los estados. Si el veredicto desestima la demanda, justificaría la inacción de los estados.

Por otra parte, un veredicto a favor de las demandantes representaría un cambio en la actitud del TEDH, que hasta la fecha han evitado asumir un papel legislativo. Pero no es el único alto tribunal que afronta este dilema.

La vía judicial para frenar el cambio climático no se limita a Europa. El pasado 31 de marzo los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una resolución histórica sobre justicia climática en la que se pide al más alto tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia, que aclare las obligaciones de los estados para hacer frente a la emergencia climática.

Aunque la protección de la humanidad frente al cambio climático estaba representada hasta ahora por una adolescente sueca, puede que sean unas jubiladas suizas quienes cambien la historia.  

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