Cuando falta el 'alguien' más importante

Mariola Urrea publicó el pasado 9 de mayo un artículo en El País con el título “Cuando ese alguien es más de uno”, en el que pasaba revista a la cadena de decisiones que se habían ido adoptando en relación con el uso del programa Pegasus en nuestro país. 

Estoy de acuerdo con lo que ella dice en dicho artículo, de lectura más que recomendable. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que omite. El programa Pegasus, mejor dicho el uso de dicho programa, ha sido conocido de forma generalizada por la opinión pública a raíz de la publicación de un artículo en la revista The New Yorker con base en la investigación de una Universidad canadiense sobre espionaje al nacionalismo catalán. El impacto del artículo en la opinión pública española y en la agenda política ha sido enorme y todavía tiene recorrido.

Mariola Urrea pasa revista a los “alguienes” que han tomado decisiones respecto del programa a partir de ese momento del espionaje catalán, pero deja fuera de su campo de análisis la figura de quien ha tomado la decisión más importante, en mi opinión, de la que traen causa todas las demás, tanto a las que ella se refiere, como todas las demás de las que ella no se ocupa.

El programa Pegasus no nace con el impulso del nacionalismo catalán a lo que se ha acabado denominando el procés, sino que estaba en el mercado, como mínimo, desde 2014. Con la velocidad de los acontecimientos, los cinco años que van de ese 2014 al 2019 en adelante en que se concreta el uso del programa para espiar a los nacionalistas catalanes es una eternidad. 

El interrogante más importante, con mucha diferencia, respecto del programa Pegasus es el de quién tomó la decisión de que, una vez conocido el impacto del programa en el ejercicio de los derechos fundamentales más fundamentales, valga la redundancia, el programa pudiera ser adquirido en España. “¿Quién autorizó la compra del programa? ¿Quién decidió la persona o las personas que podrían hacer uso del mismo y en qué condiciones?

El programa es tan letal que no puede ser adquirido fácilmente. ¿Quién fue el “alguien” que está en el origen de la introducción de Pegasus en España?¿Lo adquirió solamente el Estado o fue adquirido también por personas, físicas o jurídicas, privadas? En el caso de que no fuera adquirido solamente por el Estado, ¿fue informado el Gobierno por la empresa fabricante de dicha adquisición con identificación de los compradores y las condiciones para poder hacer uso del mismo?

“Sin orden no hay conocimiento”, fue la primera lección que recibí del profesor Lojendio en 1966, mi primer año como profesor ayudante de clases prácticas. Y el orden en que se han tomado las decisiones respecto del programa Pegasus es lo que falta. Por eso en realidad no sabemos nada. Ahora mismo estamos dando palos de ciego. 

Reconstruir ese orden no debería ser difícil. Se trata de un programa del que, por su propia naturaleza, solamente se puede hacer uso de forma limitada y queda rastro de cada vez que se utiliza. Conectar los distintos eslabones de la cadena de utilización del programa en nuestro país debería poder hacerse con facilidad. Es en lo que, en mi opinión, debería estar trabajando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ir poniendo cronológicamente en orden todas las ocasiones en que se ha hecho uso del programa. La empresa fabricante tiene que tener el registro de todas. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales.

Mientras no se empiece por donde se debe empezar, no vamos a poder saber qué ha pasado realmente y a quién o quiénes es exigible responsabilidad y de qué tipo. Y, sobre todo, no vamos a aprender cómo tendríamos que actuar de ahora en adelante.