Indultos y cuestión de confianza

Los indultos a los dirigentes nacionalistas catalanes sobre los cuales tiene que tomar una decisión el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, una vez que se ha completado la tramitación del expediente administrativo con el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tienen su origen en la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy en octubre de 2017. 

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, activó las querellas contra los ex miembros del Govern al día siguiente de que el Gobierno de la Nación, en aplicación del artículo 155, los hubiera destituido, privándoles del fuero jurisdiccional que tenían cuando eran miembros del Govern. Aunque el artículo 155 no contempla la actuación de los Tribunales de Justicia, fue su aplicación la que desencadenó los procesos judiciales contra los ex miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Procesos que acabarían siendo instruidos y resueltos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de forma sobradamente conocida.

Una vez dictada sentencia firme, se ha solicitado el indulto para los condenados de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la Ley. Todos los pasos dados hasta ahora encajan dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico. Falta la decisión del Gobierno que, obviamente, también tiene que adoptarse de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento. 

Después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, en España se han celebrado dos elecciones generales: el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019. Y en ambas estuvo muy presente el artículo 155 de la Constitución. La derecha española, representada por tres partidos desde las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, centró la campaña electoral en la nueva aplicación del artículo 155 en Catalunya, si obtenían escaños suficientes para formar Gobierno. El 155 era la línea divisoria entre la derecha española y la izquierda y los nacionalismos catalán y vasco. 

El resultado de ambas elecciones fue claro. La sociedad española de una manera muy mayoritaria rechazó la aplicación del 155 en Catalunya. Tras la experiencia de la aplicación por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, la manifestación de voluntad del cuerpo electoral contraria a la misma fue inequívoca. Las derechas españolas sumaron algo más de 150 escaños. Las izquierdas y los nacionalismos catalán y vasco, algo menos de 200. 

Este es un dato político de primer orden que debe tomar en consideración el Gobierno presidido por Pedro Sánchez a la hora de tomar la decisión sobre los expedientes administrativos de indulto cuya tramitación ya ha finalizado. Estamos en 2021 y no en 2017. Y entre 2017 y 2021 la sociedad española ha dicho en dos ocasiones y de la manera más solemne que puede hacerse en una sociedad democrática, mediante el ejercicio del derecho de sufragio, que quiere “pasar la página del 155” y situar las relaciones entre Catalunya y el Estado en un terreno distinto. Volver al diálogo y a la negociación política, que, por su propia naturaleza, excluye la participación del poder judicial.

Para ello es preciso poner fin a las consecuencias penitenciarias de la aplicación del artículo 155. Esto es lo que significan los indultos para los nacionalistas catalanes que fueron condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en octubre de 2019. Estamos abriendo una nueva época para resolver el problema de la integración de Catalunya en el Estado y la apertura de esa nueva época, para tener credibilidad, exige que nadie esté en prisión.

Esto es lo que han dicho los ciudadanos españoles de manera inequívocamente mayoritaria en dos ocasiones. Visto el resultado de la moción de censura presentada por Vox con Santiago Abascal como candidato a la presidencia del Gobierno, no parece que hayan cambiado de opinión. Tal vez el PP, si considera que los españoles están mayoritariamente contra los indultos, podría presentar otra moción de censura. ¿No considera Pablo Casado al Congreso de los Diputados como el “legítimo” representante del pueblo español? 

La composición del Congreso de los Diputados es la representación más fiel de la sociedad española. Es la única que deriva directamente del voto de todos los ciudadanos con las garantías que incorpora la legislación electoral. Si alguien tiene alguna duda, ¿por qué no pregunta al Congreso de los Diputados? 

En cualquier caso, dado que las derechas no se van a atrever a hacerlo, ¿por qué no lo hace el Presidente del Gobierno y vincula la aprobación de los indultos al resultado de una “cuestión de confianza” en los términos previstos en el artículo 112 de la Constitución? ¿Por qué no se dirige al Congreso de los Diputados con el mensaje de que los indultos son indispensables para ejecutar el programa de gobierno con base en el cual solicitó la confianza del Congreso en la sesión de investidura y que, dado el clima generado por las derechas españolas, quiere saber qué opina el Congreso de los Diputados al respecto? ¿Coinciden conmigo en que los nacionalistas catalanes presos deben ser indultados? No creo que haya en el ordenamiento español una fórmula más transparente que esta para resolver el problema.