La ley de Presupuestos

La pretensión de las tres derechas de poner fin a la legislatura antes de que echara a andar se hizo muy visible en la investidura de Pedro Sánchez. Muchos de los lectores recordarán la intervención de Inés Arrimadas en la tribuna del Congreso pidiendo que hubiera “un valiente” en las filas socialistas que ejerciera de Tamayo e impidiera que Sánchez pudiera convertirse en presidente del Gobierno. Posteriormente se volvió a intentar forzar la disolución de las Cortes Generales en la votación de la prórroga del estado de alarma, y todavía una vez más, en la aprobación de la reforma laboral.

Tengo la impresión de que en estos próximos días, cuando se inicie propiamente el debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos, se va a producir el último intento. El momento decisivo va a ser el de la presentación y votación de las enmiendas a la totalidad. Y no por las enmiendas que puedan presentar PP, Vox o Ciudadanos, sino por la o las que eventualmente puedan presentar algún o algunos de los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la sesión de investidura y que han mantenido ese apoyo en los Presupuestos y en la casi totalidad de las leyes y convalidación de decretos-leyes a lo largo de la legislatura. La reforma laboral ha sido la única excepción, en la que el Gobierno se salvó por el error de un diputado del PP.

Estoy seguro de que ya se están moviendo los hilos para fracturar la mayoría de investidura y legislatura, aprovechando la dificilísima situación en que se encuentra Catalunya tras la ruptura del gobierno de coalición. La necesidad que parece que siente el Govern presidido por Pere Aragonès de que los Presupuestos de la Generalitat no sean aprobados con los votos del PSC dificulta sobremanera la participación de ERC en los Presupuestos Generales del Estado. 

La composición tanto del Parlament como del Congreso de los Diputados debería conducir en buena lógica a que tanto ERC como los partidos que forman el Gobierno de coalición en el Estado se apoyaran mutuamente en la aprobación no solamente de los Presupuestos sino de todas las medidas progresistas en que coinciden. No debería ser necesario siquiera la formalización de un acuerdo expreso, sino que debería ser suficiente la coincidencia en la tramitación parlamentaria de todas esas medidas en ambos Parlamentos. Es una ocasión muy propicia para que se hiciera visible que tanto en Catalunya como en España la mayoría de gobierno no es de derecha.

Será también una manera muy apropiada de ir configurando el mensaje que será necesario transmitir a los ciudadanos de todas las “nacionalidades y regiones” en las dos elecciones que se van a celebrar en mayo y diciembre de 2023. Mensaje que, como escribí en esta misma tribuna el 7 de octubre, tiene que hacerse “en positivo”, subrayando el programa de gobierno que se ha puesto en práctica y que se necesita seguir continuando en la próxima legislatura. 

Todo lo que se ha hecho ha sido posible porque la “mayoría de investidura” ha sido también “mayoría de gobierno”, algo que no ha conseguido la derecha desde las elecciones de diciembre de 2015. Mariano Rajoy dispuso de una mayoría de investidura tras la repetición de las elecciones generales en julio de 2016, pero esa mayoría no operó nunca como mayoría de gobierno. Fueron unos años de esterilidad extrema, en los que el Gobierno del PP se dedicó a impedir que se pudiera derogar su enorme trayectoria reaccionaria de la legislatura de su mayoría absoluta de 2011 a 2015, pero en los que no fue capaz de aprobar ni leyes ni presupuestos, porque su mayoría de investidura no era mayoría de gobierno. El éxito de la moción de censura de 2018 vendría a confirmarlo.

La mayoría absoluta de la moción de censura se ha confirmado en todas las elecciones generales celebradas con posterioridad. Pero es una mayoría muy heterogénea, sobre la que pesan además las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, muy lejos todavía de haber sido superadas. 

Dichas consecuencias han sido y continúan siendo muy dolorosas en Catalunya. Pero, para poder superarlas, es esencial que continúe un Gobierno que pueda, con paciencia y tenacidad, ir removiendo obstáculos normativos y sustituyendo piezas como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional en su composición actual, que impiden avanzar en una dirección razonable. 

Esto es lo que va a estar en juego en los próximos días en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Espero que nadie se llame a engaño y sepa el riesgo que corre.