De mal en peor

La última exigencia de Alberto Núñez Feijóo de aprobar una ley orgánica que haga residir en los cinco mil jueces que hay en España el poder de elegir a los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tienen que tener la condición de juez, y que hasta que dicha exigencia no haya sido aceptada no se procederá a la renovación del actual CGPJ, no solamente retrasaría por tiempo indefinido dicha renovación, sino que plantea un problema más grave, que no es otro que el de la posibilidad misma de que el CGPJ tal como está en la Constitución no vuelva a operar en el futuro.

La propuesta de que los jueces elijan a los doce miembros del CGPJ es directamente anticonstitucional. Los jueces, como ya he explicado varias veces, sólo tienen legitimidad democrática en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero nada más. No pueden transmitir legitimidad democrática a los miembros de un órgano de gobierno de naturaleza política porque ellos no la tienen. Pero demos por supuesto que se pasa por alto este pequeño detalle.

Hacer esa propuesta supone conducir la renovación del CGPJ a un callejón sin salida. Estamos en 2023. Han pasado diez años desde que fueron elegidos los miembros del actual CGPJ. Las elecciones generales, previsiblemente, se celebrarán en diciembre y, dependiendo de los resultados, se podrá proceder con mayor o menor celeridad a la investidura del candidato propuesto por el rey como presidente del Gobierno, exigencia inexcusable para que las Cortes Generales puedan ejercer las funciones que tienen

constitucionalmente encomendadas. El lector, sin duda, sabe que, si en el plazo de dos meses desde la primera sesión de investidura, no ha sido elegido el presidente del Gobierno, las Cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones. Ya ha ocurrido dos veces, en 2016 y 2019. No es descartable que haya que volver a hacerlo después de las elecciones generales de diciembre.

Pero, demos por supuesto que no va a ser así y que en el plazo mínimo de un mes se consigue investir como presidente al candidato propuesto por el rey. ¿Cuánto tiempo se supone que sería necesario para pactar la renovación del CGPJ?

En el caso de que la mayoría de Gobierno que se configuró en la moción de censura de julio de 2018 fuera revalidada, es obvio que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo no podría salir adelante. ¿Quiere ello decir que el PP se mantendría en su posición de no renovación del CGPJ?

Pero en el supuesto de que Núñez Feijóo llegara a ser presidente del Gobierno, incluso en el caso de tuviera mayoría absoluta, tendría que pactar la renovación del CGPJ. Con la aprobación de la Ley Orgánica que atribuye a los 5.000 jueces la elección de los doce miembros del CGPJ que tienen que ser jueces no está garantizada la renovación del CGPJ, ya que los ocho restantes tienen que ser designados por mayoría de tres quintos por el Congreso y el Senado.

La mayoría exigida para la reforma de la Constitución es la mayoría exigida para la renovación de ocho de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, la de los miembros del CGPJ y para la del Defensor del Pueblo. Esta última no la exige la Constitución, sino la Ley Orgánica que regula dicha institución. Cualquier fórmula que se busque intentando sortear esta mayoría está destinada al fracaso. Intentar hacerlo a la desesperada, cuando ya se llevan más de seis años de retraso y cuando el poder judicial realmente existente va a estar hecho añicos como consecuencia de la extraordinaria prolongación del mandato de los actuales miembros del CGPJ, supone en la práctica poner fin al propio CGPJ.

Si Alberto Núñez Feijóo persiste en su propuesta, ya no estaremos hablando de la renovación del CGPJ, sino de algo distinto.