La norma catalana

En las elecciones generales casi siempre han ganado los partidos estatales en Catalunya. En las elecciones al Parlament casi siempre han ganado los partidos nacionalistas. PSOE y PP casi siempre han tenido más votos y escaños que CiU y ERC en las elecciones generales en las circunscripciones catalanas. CiU a solas, porque nunca hubo acuerdo con ERC, pero con los votos y escaños de ERC todavía más, se imponía en las elecciones parlamentarias catalanas.

Así ha sido desde 1980 hasta hoy. Incluso en las elecciones del tripartito. Maragall y Montilla fueron presidentes de la Generalitat con los votos de ERC, pero la mayoría en el Parlament que les proporcionó la investidura a ambos era nacionalista. En todas las elecciones anteriores a la STC 31/2010 esta norma se hacía visible con claridad. En las elecciones posteriores a dicha sentencia la norma ha seguido operando, aunque no de una manera tan nítida a como lo hacía antes. Pero ha seguido operando. 

Quiero decir con ello que lo que ha ocurrido el 23J, contemplado con perspectiva histórica, no es una anomalía. Los partidos de ámbito estatal, PSC-PSOE y SUMAR, se han impuesto a ERC y JUNTS. Si se suman los votos y escaños del PP, el triunfo de los partidos estatales sobre los nacionalistas es todavía más abrumador. Pero apuesto doble contra sencillo que, en las próximas elecciones al Parlament, los partidos nacionalistas volverán a ganar.

Si se considera la trayectoria electoral de Catalunya, incluso tras el terremoto provocado por el Tribunal Constitucional haciendo suya la interpretación de la reforma del Estatuto de Autonomía del PP frente a la interpretación pactada por el Parlament y las Cortes Generales y ratificada en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se obtienen dos conclusiones:

1ª. Que el nacionalismo catalán en general y el “catalanismo” en particular, que va bastante más allá del nacionalismo, suelen ser imprescindibles para la investidura y para la acción de Gobierno. Si exceptuamos las elecciones de 2000 y 2011, las dos mayorías absolutas del PP, en todas las demás Catalunya ha sido necesaria, ya que en las mayorías del PSOE la contribución de los votos y escaños de Catalunya ha sido siempre decisiva. Y las mayorías absolutas del PP de 2000 y 2011 se agotaron en una legislatura por no saber manejar la “cuestión catalana”.

2ª. Que el nacionalismo catalán, ni en el mejor de sus resultados, tiene fuerza suficiente para exigir la independencia de Catalunya del Estado español. Su mayoría en escaños casi nunca es mayoría en votos. Es un resultado de la ley electoral. No va más allá del 35% del censo electoral. Se trata, además, de una mayoría fluctuante, en la que lo más frecuente es que se quede por debajo del 50 % de los votos válidamente emitidos. Y heterogénea, ya que el entendimiento entre el gen convergente y el gen republicano deja mucho que desear. 

Quiere decirse, pues, que los resultados del 23J en Catalunya y su impacto en la gobernabilidad del Estado no son una anomalía nada más que hasta cierto punto. Es verdad que el nacionalismo ha visto reducida su presencia en el Congreso de los Diputados, pero no lo es menos que su contribución para la investidura, primero, y para la gobernabilidad, después, resulta determinante. Nada que no hayamos visto antes. 

La singularidad de los resultados del 23J no es electoral, sino “política”. Hay que gestionar la gobernabilidad del país con un partido, Junts, cuyo líder se encuentra en Bélgica y está pendiente de que se pueda hacer efectiva o no una orden de detención y entrega para que pueda ser juzgado en España por el delito de malversación. Es obvio que ERC va a estar muy pendiente también de lo que ocurra con esa orden. No es solamente Junts, sino todo el nacionalismo, el que se ve afectado por la situación de Puigdemont. De ello depende la gobernabilidad del país.

De todos los actores políticos, Carles Puigdemont es el que tiene más margen de maniobra en este momento. Hay que recordar, porque es algo que no solamente se olvida, sino sobre lo que se miente descaradamente, que Carles Puigdemont es un ciudadano en pleno uso de sus derechos, que no hay ni uno solo que se vea afectado de manera acorde con la Constitución por una decisión judicial sea de la naturaleza que sea. Puigdemont no es un “prófugo”, sino un ciudadano que, antes de que se hubiera iniciado actuación judicial de cualquier tipo contra él, decidió hacer uso del artículo 19 de la Constitución y fijar su residencia en Bélgica. Allí y en todos los países de la Unión Europea en los que ha estado ha permanecido a disposición de la justicia española, si bien, para que esa disposición se materializara, el Tribunal Supremo tenía que conseguir que un juez del país europeo donde Puigdemont se encontrara hiciera suya la decisión contenida en la orden de detención y entrega cursada por el juez Pablo Llarena. Hasta ahora esto no se ha producido, ni en Bélgica, ni en Schleswig-Holstein, ni en Italia…

Se ha avanzado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que ha avalado la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Carles Puigdemont. Pero dicha decisión no es firme y está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si la decisión del TJUE no se produce antes del próximo mes de mayo, en que se celebran elecciones europeas, y si Puigdemont se presente a la mismas y sale elegido, todo lo actuado contra él en esta legislatura europea decae. El parlamentario europeo Puigdemont de esta legislatura es completamente distinto de parlamentario europeo de la próxima. Todo empieza de nuevo. Y en las próximas elecciones se acabará el jueguecito de la Junta Electoral Central con la no proclamación de Puigdemot como candidato electo si no viene a Madrid a prometer o jurar la Constitución. En la anterior se pudo hacer por la estratagema del juez Marchena con el planteamiento fraudulento de la cuestión prejudicial ante el TJUE y, después, con la ejecución no menos fraudulenta de la sentencia del TJUE sobre dicha cuestión prejudicial. En esta ya no va a ser posible. 

Carles Puigdemont tiene una posición jurídica muy sólida, que le permite pensar no en términos de investidura, sino en términos de legislatura. Esto lo tienen que interiorizar todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. No se puede desvincular la investidura del programa de gobierno que se vaya a poner en práctica a partir de la misma. Y de cómo se va dando respuesta a todas las anomalías de nuestra Constitución Territorial que se derivan de la STC 31/2010. Con VOX ya sabemos que no se puede contar. Pero el PP, si quiere volver a ser partido de gobierno de España, debería estar interesado en participar. 

La gestión del momento es muy complicada, pero, por eso mismo, es viable. Porque la alternativa es la descomposición sistémica. 

En la sesión de 5 de mayo de 1978, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se inició el debate constituyente propiamente dicho. Y en esa sesión inaugural los portavoces de todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la Constitución sería juzgada por el resultado que diera de sí el Título VIII, por la respuesta que se diera a la integración en el Estado de las “nacionalidades y regiones que integran España”. Esta era la cuestión decisiva. Lo que allí se dijo tiene vigencia hoy más que entonces. Hasta 2010 la integración se produjo de manera razonablemente satisfactoria. A partir de 2010 se quebró en Catalunya. Hay que reparar dicha quiebra. Esta es la cuestión decisiva de esta legislatura, si echa a andar. Creo que el nacionalismo catalán debería tener interés en que así sea. E, insisto, el PP debería estar interesado en participar en esta reparación. De ello va a depender la recuperación de su credibilidad como “partido de gobierno” 

La forma en que han votado los catalanes el 23 J no es un obstáculo para el éxito de la operación, sino todo lo contrario. Se ha mantenido la norma catalana, sin la cual no se puede gobernar España.