La novedad de la investidura de 2023: la apelación al Rey

La investidura ha sido una institución no problemática desde la primera en 1979 hasta la décima en 2011. No ha habido duda nunca de quién iba a ser el candidato propuesto por el Rey ni tampoco de que dicho candidato sería aprobado por la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en la primera votación. Únicamente en 1996 hubo algunas dudas iniciales, que fueron despejadas gracias a la intervención de Felipe González, que se opuso a la propuesta de Jordi Pujol de la abstención de todos los partidos con la finalidad de que José María Aznar fuera presidente con los votos exclusivos del PP. La oposición del expresidente socialista surtió efecto y el candidato del PP fue investido por mayoría absoluta con los votos de CiU y PNV. 

Desde las elecciones de 20 de diciembre de 2015 ya no es así. La investidura ha sido problemática en las dos de 2016 y en las dos de 2019. El resultado de estas cuatro elecciones no ha arrojado una mayoría clara de investidura a favor de alguno de los dos partidos de gobierno que se habían alternado en la presidencia del Gobierno en las diez ocasiones anteriores. PP y PSOE fueron y continúan siendo los dos únicos partidos de gobierno, los dos únicos partidos con posibilidad de que su candidato sea presidente del Gobierno. Pero lo son de manera distinta a partir del 20 de diciembre de 2015.

Antes de 2016 se alternaban de forma natural en la presidencia del Gobierno, sin que se tuvieran que poner en marcha operaciones complicadas para conseguir la mayoría de investidura por parte del candidato del PP y del PSOE y sin que la intervención del Rey tuviera la más mínima importancia. Después de 2016 ha dejado de ser así. Mariano Rajoy “declinó” lo que entendía que era un ofrecimiento y no una designación para ser candidato a la investidura, lo que condujo a la propuesta de Pedro Sánchez, que no consiguió la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados. En julio de 2016 se repitieron las elecciones y Mariano Rajoy fue propuesto como candidato por el Rey. El candidato del PP alcanzaría una mayoría de investidura por la abstención del PSOE. Es decir, tendría una falsa mayoría de investidura, ya que no disponía de mayoría de gobierno. Pedro Sánchez, además, renunció a su condición de secretario general del PSOE y a su escaño en el Congreso. 

La falsa mayoría de Mariano Rajoy se acreditaría a lo largo de la legislatura, la más raquítica hasta la fecha en el ejercicio de las funciones parlamentarias definidas en el artículo 66.2 de la Constitución: potestad legislativa, potestad presupuestaria y potestad de control gubernamental. La moción de censura de julio de 2018, la primera que ha tenido éxito desde la entrada en vigor de la Constitución, pondría fin a la falsedad que había presidido la vida política y parlamentaria. A través de ella se hizo visible la mayoría parlamentaria real que se componía de las izquierdas españolas y los partidos nacionalistas. 

Esta mayoría parlamentaria real se confirmó en las dos elecciones de 2019. Pero la resistencia de las derechas españolas a aceptar que con dicha mayoría se pudiera configurar un Gobierno las llevó a intentar una reedición del tamayazo que hizo presidenta de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. El diputado de Teruel Existe necesitó protección policial para poder ejercer libremente su condición de parlamentario en la investidura y la apelación a algún “socialista valiente” en la propia sesión de investidura por parte de Inés Arrimadas creo que ha quedado en el recuerdo de muchos ciudadanos. Pedro Sánchez no solamente tuvo que configurar una mayoría, sino que tuvo que protegerla frente a la embestida de las derechas parlamentarias y mediáticas. 

También se ha confirmado, contra pronóstico, la mayoría de las izquierdas y los partidos nacionalistas en julio de 2023. Y también se ha reproducido la resistencia de la derecha a aceptar el resultado electoral. Con una novedad: la apelación al Rey.

Esto no había ocurrido hasta la fecha. Tras el 23J no ha dejado de estar operativa la iniciativa de que el Rey intervenga para que sea imposible la investidura de Pedro Sánchez. Empezó con la presión inconstitucional de que el Rey designara a Alberto Núñez Feijóo como candidato antes de que se hubieran constituido las Cortes Generales y fueran elegidos los presidentes del Congreso y el Senado y los miembros de las Mesas de ambas Cámaras. Continuó con la propuesta de la candidatura de Núñez Feijóo, justificada por primera vez por un Comunicado de la Casa Real con medias verdades y argumentación jurídica delirante, a la que siguió un periodo excepcionalmente largo carente de justificación objetiva y razonable. Y terminó, como tenía que terminar, con el fracaso en las dos votaciones, en las que se evidenció –como había ocurrido, por lo demás, en la elección de la presidenta del Congreso– cuál es la mayoría parlamentaria en esta legislatura.

Tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, las derechas presionaron para que el Rey no hiciera una nueva propuesta, con lo que se habrían tenido que disolver las Cortes Generales y celebrar nuevas elecciones. Al no haberlo conseguido, han dado un paso más en su estrategia contra un posible Gobierno de Pedro Sánchez. El Rey no puede oponerse a que el candidato socialista sea investido presidente del Gobierno, pero sí puede y debe negarse a “sancionar, promulgar y ordenar la publicación” de la, en su opinión, “previsible” Ley de Amnistía. 

Este va a ser el eje en torno al cual va a girar la acción política de las derechas españolas. Marcos Pinheiro lo detalla de manera insuperable en su crónica de este sábado: “Un sector de la derecha carga contra el Rey e inicia la campaña para que no firme la amnistía”. El artículo vale la pena leerlo detenidamente, porque pone orden en lo que puede parecer un pandemónium, pero no lo es. Es una estrategia diseñada con todo lujo de detalles.

Y en la que ocupa un lugar destacado Alfonso Guerra, cuyas palabras cita entre comillas: “Si tiene que firmar eso (la ley de amnistía), tendrá que acordarse del discurso que hizo el 3 de octubre (de 2017), porque ese texto sería exactamente lo contrario del discurso que hizo”.

No creo que a estas alturas del guion el lector se sorprenda de ver a Alfonso Guerra en compañía de quienes llenan la fachoesfera o secundan a Alvise Pérez o a Alfonso Ussía, etc. Él sabrá lo que hace. Pero apelar al Rey contra la “voluntad general del Estado” expresada por las Cortes Generales, único órgano que tiene la legitimación democrática exigida para poder hacerlo, es algo que va más allá de lo que se podía esperar de una persona que ha ocupado el lugar que ha ocupado en el sistema político español desde antes de la Transición. 

En todo caso, avisados estamos.