¿Cuánto tiempo podemos seguir así?

A medida que se aproxima la fecha electoral los resultados que arrojan las encuestas suelen ser más fiables. Lo acabamos de comprobar en Galicia y País Vasco. Cuando los ciudadanos ya saben la fecha en que tienen que acudir a las urnas, es cuando empiezan a pensar seriamente en qué partido y candidato van a depositar su confianza para los próximos cuatro años.

Aunque todavía no está fijada la fecha en que los ciudadanos catalanes tendrán que depositar su voto, el margen para la decisión de la fecha electoral es tan reducido que prácticamente es casi como si las elecciones ya estuvieran convocadas. A partir de este momento, el resultado que arrojen las encuestas nos van a indicar cuál va a ser la composición del Parlamento y se van a empezar a despejar incógnitas. O tal vez, a no despejarlas.

La que se ha conocido esta semana del CEO, el 'CIS catalán', ya empieza a tener esa apariencia de fiabilidad. En las próximas semanas empezarán a conocerse otras, que previsiblemente la confirmarán. Y el horizonte que se dibuja no se diferencia del escenario en el que se viene moviendo el equilibrio de fuerzas en Catalunya desde 2012, es decir, desde el momento en que el nacionalismo convergente decidió transitar de la autonomía a la independencia. El nacionalismo sigue siendo mayoritario electoralmente, pero sin que en su interior haya un partido clara e inequívocamente hegemónico y sin que la suma de los partidos nacionalistas alcance el 50% del electorado, lo que viene a representar un 34% o 35% del censo electoral. En el espacio no nacionalista se produce un claro avance del PSC y uno mucho más pequeño de los comunes, en tanto se produce un gran retroceso de Ciudadanos, que no se ve compensado en su totalidad por el ligero ascenso de PP y la entrada de Vox.

La línea divisoria que ha introducido la independencia en la sociedad catalana conduce, por un lado, a la ingobernabilidad de Catalunya y por otro, a la dificultad de la relación del nacionalismo catalán con el Gobierno de España.

La falta de sintonía entre los tres partidos nacionalistas catalanes con representación parlamentaria es similar a la falta de sintonía que existe entre los cuatro partidos no nacionalistas catalanes. La línea divisoria de la independencia hace que la representación parlamentaria no sea un reflejo, sino una caricatura de la sociedad catalana. Catalunya no está dividida en dos mitades. Cada mitad está dividida en tres o cuatro fuerzas políticas que no se soportan. Por eso, con dicha representación parlamentaria ni se puede gobernar Catalunya, ni se puede establecer una relación razonable con el Estado.

Los partidos nacionalistas catalanes no tienen la fuerza suficiente para imponer la independencia y no tienen la cohesión necesaria para formar Gobierno. Únicamente se ponen de acuerdo en algo que no pueden llevar a la práctica y que al mismo tiempo no les permite definir un programa de gobierno. Con dicho acuerdo se cierran, además, la puerta a cualquier posibilidad de negociar razonablemente con el Gobierno del Estado.

El Estado, por su parte, tiene fuerza suficiente para impedir la independencia de Catalunya, pero no puede dirigirse democráticamente sin el concurso del nacionalismo catalán. No hay mayoría parlamentaria de Gobierno en España sin el concurso, activo o pasivo, del nacionalismo catalán. Mariano Rajoy lo comprobó de una manera, a través de una moción de censura. Pedro Sánchez lo está comprobando de otra. Menos traumática, pero no menos persistente. Porque los partidos no nacionalistas catalanes de España únicamente se ponen de acuerdo respecto de Catalunya en el no a la independencia, pero difieren en todo lo demás. Ni la derecha ni la izquierda española puede gobernar establemente sin el concurso de los nacionalismos catalán y vasco.

Este es el escenario en que nos estamos moviendo desde hace ya casi diez años, aunque la “artificial” mayoría absoluta del PP en 2011 lo mantuvo oculto durante un tiempo. A partir de las elecciones europeas de mayo 2014, seguidas de la abdicación del rey don Juan Carlos I y, sobre todo, a partir de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y las generales de diciembre del mismo año, la realidad resulta inocultable.

¿Cuánto tiempo podemos seguir así?