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Asturias acusa al Gobierno de Rajoy de actuar “con mala fe y deslealtad” con el impuesto estatal a los bancos
Asturias —
Asturias perderá 41 millones de euros por culpa del tributo estatal sobre los depósitos bancarios en lugar del autonómico, según los cálculos de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. Desde que el pasado 4 de julio, el Gobierno central elevó del cero al 0,03 por ciento el tipo de su impuesto sobre la banca, todo es condicional: El Principado obtendría cinco millones de euros, si la recaudación es cedida a las administraciones autonómicas, frente a los 46 millones de euros que tiene previsto ingresar este año con la tasa del 0,3 por ciento que aplica la Comunidad Autónoma.
La cuerda de las relaciones del Gobierno de Asturias (PSOE) con el Ejecutivo central se tensa más cada vez más. Leyes que invaden competencias o perjudican a la autonomía, que obligan a recurrir ante la Justicia –dieciséis recursos en poco más de un año-; el Ministerio de Industria no le paga los 300 millones de euros que le debe de los fondos mineros; una reforma fiscal que no afronta los verdaderos problemas; la inexistente reunión de Presidentes para hablar de la financiación autonómica, y ahora un impuesto estatal a la banca inferior a la tasa aprobada por el Ejecutivo de Javier Fernández, que perjudica a las arcas del Principado.
El Gobierno asturiano ya ha encargado los informes correspondientes a sus servicios jurídicos para presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, que se suma al que ya interpuso el año pasado contra el impuesto de tipo cero, anunciado en su momento por el Ministerio de Cristóbal Montoro.
Al igual que en aquel caso, para el Ejecutivo asturiano el 0,03 por ciento “se trata de un tipo marginal que no tiene un fin recaudatorio”, señala el consejero de la Presidencia y Portavoz, Guillermo Matínez. El Gobierno de Asturias está convencido que el Ejecutivo de Rajoy actúa “de mala fe y deslealtad institucional al plantear la tasa del tipo 0,03 en una enmienda en el Senado y sin informar a las autonomías”, añade.
A las explicaciones del Portavoz se suma la de la consejera de Hacienda. Dolores Carcedo precisa que el tributo que anuncia Montoro “tiene carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2014”, lo que dejaría fuera de juego el impuesto autonómico, que se está aplicando porque el Tribunal Constitucional dio la razón al Principado y levantó la suspensión provisional decretada por el Gobierno central.
En opinión de la consejera no existe justificación alguna para aprobar este impuesto estatal por la vía de urgencia, a través de un decreto ley y con carácter retroactivo. Además, el Ejecutivo autonómico ya ha comenzado este mes su liquidación, aunque todavía no está normalizada del todo. Los distintos recursos que hay abiertos, permiten a las entidades bancarias no afrontar el pago de la tasa autonómica y se limitan a presentar avales. “No se puede recaudar de manera normal”, reconoce la consejera de Hacienda.
Es tal el embrollo que ha creado el Ministerio de Hacienda con el impuesto a los bancos, que de los 35,8 millones de euros que debería haber obtenido Asturias el pasado año, sólo ha recaudado cinco millones. Con esta nueva vuelta de tuerca, los 46 millones, que calcula ingresar en 2014, quedarían en cinco millones con la propuesta estatal.
El problema radica en que el Ministerio de Hacienda se vio obligado, por la presión de las entidades financieras, a cortar la iniciativa que tomó Extremadura, Andalucía y Canarias de imponer una tasa bancaria; estela que siguieron Cataluña, Asturias y Valencia. Ahora se planta con el 0,03- un tipo más bajo que el autonómico- “con el único motivo de bloquear la capacidad normativa y recaudatoria de las comunidades. El Gobierno no se merece la confianza que solicita a otras administraciones”, afirma Martínez.
