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València amplía la rebaja del 2% en el IBI a los que opten por fraccionar el pago y lo tengan domiciliado

Un año más, se mantiene la congelación de los impuestos y tasas, así como la bonificación en los pagos, tanto de manera lineal como selectiva.

El IBI agrícola queda exento en el máximo porcentaje que permite la normativa vigente (95%) para aquellas tierras del término municipal de València que estén en explotación.

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Fachada del Ayuntamiento de València EFE

La Comisión de Hacienda ha aprobado este martes de manera definitiva las Ordenanzas Fiscales para 2019, después del periodo de exposición pública, y sin que hayan sido enmendadas por ninguna entidad ciudadana, profesional, patronal ni vecinal.

El delegado de Hacienda, Ramón Vilar, ha valorado este consenso sobre el proyecto impositivo del Govern de la Nau para el próximo ejercicio, que refleja, ha asegurado, el respaldo de la sociedad valenciana.

Únicamente se ha registrado una enmienda concreta de una ciudadana particular, asdemás de las presentadas por el PP y de Ciudadanos, lo cual, ha asegurado el concejal de Hacienda, forma parte de su labor de Oposición.

El delegado se ha felicitado por este apoyo implícito a la política fiscal municipal, y ha recordado que, un año más, se mantiene la congelación de los impuestos y tasas, así como la bonificación en los pagos, tanto de manera lineal como selectiva, según el caso.

De hecho, una de las novedades afecta precisamente a la bonificación por domiciliación del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que, hasta ahora, se perdía cuando la persona contribuyente optaba por fraccionar el pago.

El próximo año, quienes fraccionen los pagos domiciliados (en marzo, junio y septiembre) podrán seguir beneficiándose de la misma bonificación que el resto, del 2%.

Asimismo, el IBI agrícola queda exento en el máximo porcentaje que permite la normativa vigente (95%) para aquellas tierras del término municipal de València que estén en explotación.

El concejal Vilar ha subrayado la satisfacción que le han trasladado las principales asociaciones profesionales agrarias por esta decisión que, sobre todo, implica un respaldo y un apoyo a la actividad agrícola.

El concejal se ha referido a las alegaciones planteadas sobre el IBI por los grupos de oposición municipal, quienes han pedido rebajas lineales: del 3% en el caso del PP, y del 7% en el caso de Ciudadanos.

Vilar ha criticado estas peticiones por considerar que no se explican ni justifican los respectivos porcentajes, "que lo mismo podrían ser del 3%, del 7% como del 9%, puestos a pedir", ha señalado.

De hecho, València es la ciudad que tiene el IBI más bajo de las 8 grandes ciudades españolas, dado que se basa en la ponencia del año 1997 (es decir, que el sistema de cálculo que se aplica sobre el valor catastral de cada calle se realiza sobre valores de 1997: está poco actualizado, especialmente en comparación con otras grandes urbes).

Precisamente, el Colegio de Economistas de España, ha afirmado el concejal, sitúa a nuestra ciudad en menos de la mitad de la tabla de ciudades de más de 150.000 habitantes y capitales de provincia en cuanto a esfuerzo fiscal por habitante. "Estamos al mismo nivel de Málaga", ha subrayado el concejal de Hacienda.

El esfuerzo fiscal también se ha contenido en otros impuestos, como por ejemplo el ICIO (Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras), que se ha reducido a lo máximo que permite la ley para las actuaciones en inmuebles en los que residan personas con movilidad reducida.

Periodo medio de pago a proveedores

Durante la reunión de la Comisión de Hacienda se ha aprobado el informe trimestral sobre morosidad. Según los datos disponibles, durante los meses de julio, agosto y septiembre pasados, el periodo medio de pago a proveedores se situó en 23’22, 26’14 y 28’33 días, respectivamente.

Hasta ahora el cálculo se realizaba a partir de los 30 días desde la presentación de las facturas, en los que se preveía que tuviera lugar la tramitación de la documentación presentada.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de València ha registrado en numerosas ocasiones una cifra negativa (es decir, menor de 30 días).

El nuevo cálculo, más gráfico y ajustado para comprobar la realidad, que empieza a contar desde el primer día que se hagan efectivas las facturas, arroja de nuevo unos resultados de menos de un mes, muy lejos del máximo de 60 días que la legislación marca como plazo para empezar a contabilizar intereses de demora.

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