La nueva batalla del campo por la supervivencia
No es ningún secreto que hace décadas que resulta francamente complicado, si no directamente imposible, ganarse la vida trabajando la tierra. Tampoco que, en los últimos años, y en particular en la Marina Alta, han proliferado los mercados de proximidad, los conocidos como Mercats de la terra, que han abierto la puerta a que los pequeños productores del campo puedan vender directamente y sin intermediarios su cosecha. Pero aún con ello continúa siendo una quimera poder obtener un resultado económico suficiente que compense las horas dedicadas a la huerta. De ahí que los pequeños agricultores de la comarca y los diferentes Mercats de la terra lleven meses reivindicando una regulación apropiada que mejore sus condiciones. Si la actividad agrícola viene caracterizada por la escasa rentabilidad desde hace años, la situación es aún peor si cabe en la Marina Alta, donde además el campo ha sido ignorado durante años, excepto cuando era para urbanizarlo.
Hace ya más de un año, de hecho, presentaron a la Generalitat una propuesta concreta, que sigue las directrices dadas por la Unión Europea y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un borrador de Decreto sobre pequeña producción y canales cortos de comercialización que busca propiciar condiciones favorables para esta actividad, básicamente minifundista, y que recibió ya el visto bueno de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, transcurridos doce meses, la de Agricultura no acaba de darle trámite. Ayer se inició una campaña en redes sociales para reclamar el desbloqueo del proyecto.
El decreto nace a propuesta, precisamente, de la red de Mercats de la terra de la Marina Alta, por iniciativa del Consell d’Autogestió de la Vall de Laguar, y con la colaboración de la Reforma Agrària Orgànica (RAO), un movimiento que engloba a diversas organizaciones, asociaciones y agentes de cambio a escala comarcal, estatal e internacional que buscan precisamente la recuperación de la agricultura bajo criterios de autogestión, horizontalidad y soberanía alimentaria.
Los objetivos que persigue la iniciativa aparecen claramente definidos en el preámbulo del borrador de decreto. La tradicional venta directa desde las explotaciones agrarias en ferias y mecados fue durante siglos el canal principal de comercialización de los productos, pero éste “cambió, hasta esquemas de mayor complejidad, caracterizados por la presencia de intermediarios y la influencia de las empresas de distribución en la fijación de los precios agrarios. Además, la transformación de parte de su producción que representaba buena parte de los recursos de las familias del medio rural se vio muy afectada por las nuevas normativas, lo que propició una pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas”.
Por ello, y también porque “la venta de los productos agroalimentarios por parte del productor primario, o a través de establecimientos locales de venta al por menor, es una forma de diversificar las fuentes de ingreso de las explotaciones agrícolas y ganaderas y al mismo tiempo ofrece a los consumidores productos de proximidad, frescos, con un elevado valor organoléptico y una alta calidad”, el texto plantea diferentes medidas para “el fomento y protección de este sector” como “instrumento básico del desarrollo en el medio rural”.
Garantías para el productor y el consumidor
Para ello, el borrador de decreto cubre el vacío normativo actual. “Complementa el marco normativo vigente en materia de higiene de la producción primaria y sus productos transformados, considerando como actividad agraria la venta de la producción propia de los agricultores, ya se en su explotación, en mercados locales o supracomarcales tradicionales”. Además, desde el punto de vista de los consumidores, “puede favorecer el consumo de los productos de temporada del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana”, señala el texto.
Puede decirse, por tanto, que la propuesta recoge beneficios para los pequeños agricultores (al establecer, por ejemplo, cantidades máximas autorizadas en venta directa para cada producto, suficientes para garantizar unos ingresos anuales mínimos), como para el consumidor (ya que es precisamente el refuerzo de los controles higiénicos el asunto al que dedica el grueso de su parte dispositiva). A la vez, pone las condiciones para potenciar esa venta directa, lo que sin duda iría en beneficio de ambas partes.
El caso es que hace ya más de un año que el borrador de decreto salió de la Conselleria de Sanidad en dirección a la de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Si la primera resolvió favorablemente en apenas un mes, los promotores de la iniciativa no tienen noticias de la segunda, que es la que le debe dar trámite. De ahí que hayan decidido dejar patente su malestar.
“Pensamos que la Conselleria de Agricultura debería ser la primera implicada en el nuevo decreto por los beneficios que supondría sobre tierra y pueblos”, señala Joan Ortolà, representante del Consell de Laguar de la RAO. Por ello, exige su puesta en vigor, pues “la paralización del proceso por parte de la conselleria es una agravio grave contra la posibilidad de soberanía alimentaria de los pueblos”.
