La anomalía democrática que censura la crítica

El día de hoy marca un punto de inflexión respecto al alarmante retroceso que viene sufriendo la libertad de expresión en todos territorios del Estado. También en Valencia, donde la reciente cancelación de un concierto “por motivos políticos”, nos urge a recordar que el derecho a la libertad de expresión ya aparece reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Art. 19:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Igualmente lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19.2), y por último en la Constitución Española (Art. 20), donde se le otorga rango de derecho fundamental, goza de todas las garantías institucionales y debe ser amparado como uno de los pilares básicos en un Estado de Derecho.

A pesar de ello, por primera vez en democracia, asistimos a la resolución de una sentencia que insta a los poderes públicos a encarcelar a un músico por la letra de sus canciones. En nuestra opinión, esta anomalía democrática, atenta contra las libertades más elementales de la ciudadanía  y corre el riesgo de sentar un peligroso precedente, entre la larga lista de causas pendientes de procedimientos judiciales, por ejercer sus legítimos  derechos  mediante manifestaciones verbales o través de las redes sociales.

No menos alarmante resulta la persecución que están sufriendo algunas creadoras y creadores e incluso sus obras; el humor; la sátira; las expresiones críticas con instituciones de ámbito político; por no olvidar los numerosos periodistas acosados tras denunciar los abusos de determinados poderes. Actualmente las libertades de la ciudadanía están siendo coartadas mediante la aplicación de leyes antiterroristas como recientemente ha denunciado Amnistía Internacional en su informe “Tuitea… Si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España”.

En este escenario, cabe recordar las palabras de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, respecto a la absolución de seis jóvenes acusados de integrar un grupo criminal dedicado a incitar al odio contra distintos colectivos y  por difundir mensajes xenófobos y pertenencia a grupo criminal, el pasado mes de marzo:

“Los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión permiten, inicialmente, no sólo asumir cualquier idea, sino expresarla, e incluso, difundirla …, siempre con los límites que impone la convivencia respetuosa con los derechos de los demás”; la Constitución vigente “no prohíbe las ideologías que se sitúan en los dos extremos del espectro político …, identificados como izquierda y derecha. Incluso podría decirse que tampoco prohíbe las ideas que, por su extremismo, se sitúen fuera de ese amplio espectro político, por muy rechazables que puedan considerarse desde la perspectiva de los valores constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas”. [Fuente: Europapress CyLEuropapress CyL]

Si la misma interpretación de la norma se aplicase en todos los casos, no existiría el “caso Valtonyc”, ni muchos otros que están a la espera de procesos judiciales o incluso con sentencias dictadas. Con lo cual podríamos concluir que estamos ante decisiones sujetas a discrecionalidad.

Numerosos organismos y movimientos sociales llevan años denunciando que la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”, se está utilizando para recortar los derechos de manifestación y libre expresión de la ciudadanía y exigen su derogación. Por otra parte, la aplicación de leyes antiterroristas para perseguir artistas, humoristas y usuarios de redes sociales, constituye una banalización del terrorismo, además de incurrir en una falta de respeto y sensibilidad hacia las víctimas del verdadero terrorismo y sus familiares.

En democracia, nadie debería sentir miedo por expresar sus opiniones, crear, hacer periodismo o criticar al poder. Medios de comunicación internacionales como el New York Times han calificado al estado español como una de las democracias europeas “en ruinas” debido a la deriva autoritaria de los poderes del Estado.

Pese a no estar de acuerdo con muchas de las opiniones expresadas por las personas ahora perseguidas, la defensa del derecho a la libre expresión implica estar dispuesta a defender que esas opiniones puedan ser manifestadas, aunque no sean de nuestro agrado.

Hoy queremos alertar contra el riego de la autocensura creciente, ya que una sociedad no puede ser democrática sin ser crítica. Apoyar los derechos de  artistas, músicos, humoristas, periodistas y de cualquier ciudadano o ciudadana y su derecho a expresarse a través de sus palabras y su arte, es un deber que nos compete a todas. Nos sentimos orgullosas de todas esas personas que deciden no callar -venciendo el miedo-, que siguen creando, expresándose y saliendo a la calle a defender los derechos que las instituciones del Estado parecen incapaces de garantizar.

Ante todo ello, es el momento de mantener intacto el compromiso individual y colectivo con la defensa de los derechos fundamentales y cuestionar las desproporcionadas reacciones por parte de los poderes del Estado.

Desde la “Matria” libre de la Cultura, hacemos llegar un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las personas  perseguidas y represaliadas injustamente y a todas las que en  diferentes ámbitos creativos, han visto cercenada su libertad de expresión.

*Rosana Pastor. Diputada y Responsable del Área de Cultura de Podem CV*

Giannino Clemente. Músico