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El fiscal pide 4 años de prisión para Olivas por estafar al inversor en Bankia

Anticorrupción exculpa del asunto al resto de consejeros valencianos del banco y exime al expresidente de la Generalitat de delito de falsedad contable

Solicita cinco años de prisión y una multa de 60.000 euros para Rodrigo Rato

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José Luis Olivas, en la salida a bolsa de Bankia.

José Luis Olivas, en la salida a bolsa de Bankia.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por estafa a los inversores en el caso Bankia, aunque le exime del delito de falsedad contable que le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.

En su escrito, el Fiscal atribuye ese mismo delito al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses), y exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre el socio auditor de Deloitte Francisco Celma y los otros consejeros valencianos de la entidad.

El fiscal pide además que se imponga a cada uno de los cuatro acusados una multa de 60.000 euros. Asimismo, solicita que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Se ocultó la inviabilidad del negocio

Lo fundamental, según el escrito de Anticorrupción, es que, durante la salida a bolsa, en julio de 2011, "se ocultó" a los inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de ahí que les atribuya el delito de estafa al inversor.

Esta ocultación se habría realizado de forma "consciente" por parte de Rato y el resto de acusados por la Fiscalía, con el objetivo de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que se tradujo en el perjuicio patrimonial ocasionado a los accionistas de la salida a bolsa.

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