Gobiernos autonómicos autorizan la caza en pleno estado de alarma sin que los ministerios de Interior y Agricultura se pongan de acuerdo

La falta de acuerdo entre los ministerios de Agricultura e Interior está provocando que los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia o La Rioja autoricen la caza para el control poblacional de especies cinegéticas en pleno estado de alarma. Cada Comunidad está regulando esta actividad en función de su situación, pero lo cierto es que mientras los ciudadanos tienen limitados sus desplazamientos, los cazadores no. Así lo ha denunciado la asociación ASCEL (Asociación para el estudio y Conservación del Lobo ibérico), con sede en Palencia.

El pasado 18 marzo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León retiró una orden interna que autorizaba la caza de conejos, corzos y jabalíes en grupos de cuatro personas como máximo, después de que eldiario.es publicase su existencia mientras Ascel denunciaba ante la Delegación del Gobierno de Castilla y León y el Ministerio del Interior. Un mes y dos días después, una nueva autorización, similar a la anterior pero con algún retoque: permite cazar jabalíes y conejos, en grupos de dos personas como máximo -la orden anterior permitía hasta cuatro cazadores- y en terrenos “tanto cinegéticos como no cinegéticos” y extiende esta autorización hasta que finalice el estado de alarma, “con personal de la localidad en las que se encuentren las parcelas con daños comprobados, donde fuera posible, para evitar desplazamientos desde otras localidades que puedan ocasionar riesgo de contagios por el Covid-19”.

El Ministerio de Agricultura pide que se controle la población de jabalíes

¿Qué ha cambiado desde entonces? Según la propia instrucción de la Consejería, fechada el 20 de abril a la que ha tenido acceso este diario, “en esta época del año las poblaciones de determinadas especies cinegéticas, fundamentalmente de jabalí y de conejo, están provocando que en zonas de Castilla y León se produzcan daños a las personas y a sus bienes, materializados fundamentalmente en las zoonosis, accidentes de tráfico y los daños sobre los cultivos agrícolas y la transmisión de enfermedades al ganado”. Pero además, señala el riesgo de transmisión de peste porcina de los jabalíes y apunta a la carta que el director general de la Sanidad de la Producción Agropecuaria del Ministerio de Agricultura del pasado 14 de abril que “insta a las Comunidades Autónomas a llevar a cabo controles poblacionales de jabalí en el marco de la Estrategia de gestión de jabalíes en España, aprobada en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, de marzo de 2019”. Es decir, basan su nueva instrucción en una petición del Ministerio.

Interior considera que la caza contraviene el estado de alarma

Pero ¿es compatible la caza con el decreto de estado de alarma? Pues según el Área de Normativa e Informes del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, no. En un correo remitido a ASCEL el pasado 20 de abril, en el que se pronunciaba sobre las instrucciones de caza en Castilla y León y en Asturias, se considera que en el caso de la primera, la instrucción se retiró tan rápido que no ha lugar a cursar la denuncia, pero en el caso de Asturias, es muy claro.

Según el Gabinete de Coordinación y Estudios, la autorización de aguardos solicitados por sociedades adjudicatarias de cotos regionales de caza por causas de fuerza mayor (como graves daños a los cultivos), recogidos en una resolución del de 05 de marzo y que contempla que se podrán desarrollar “excepcionalmente” cacerías en modalidad de aguardo, con autorización expresa para cada caso del Servicio de Caza y Pesca, con un solo cazador, y siempre bajo la supervisión y presencia de un Guarda Rural, cualquier día de la semana, con una duración de uno a tres días “sí incumpliría las limitaciones impuestas a la circulación de particulares en el Estado de Alarma; no pudiendo alegarse fuerza mayor al suplirse con el ejercicio profesional (y en su caso, esencial) de los funcionarios que forman parte de la Guardería de la Dirección General de Medio Natural del Principado de Asturias·”. Así, mientras desde el Ministerio de Agricultura se pide a las comunidades que controlen las especies que pueden dañar cultivos, Interior considera que no es algo que deban hacer los particulares debido al estado de alarma.

La Delegación del Gobierno de Aragón contesta a Ascel: el Estado “no ha quitado competencias a las administraciones”

En el mismo sentido podría pronunciarse ahora Interior sobre la nueva instrucción interna de la Junta de Castilla y León. ASCEL cursa sus denuncias ante el Ministerio y también ante las delegaciones del Gobierno. No todas reaccionan bien. Es el caso del secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Luis Roldán Alegre, que directamente remitió un correo a ASCEL en el que indicaba que “el Estado de Alarma, no ha quitado competencias a las distintas Administración Publicas, las siguen ejerciendo, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con la su Orden ha ejercido sus competencias, si están en contra, tiene abierta la posibilidad de iniciar el correspondiente recurso”. La Delegación se alinea así con el consejero responsable, el socialista Joaquín Olona, pero no lo hace en la vía administrativa sino a través de un correo electrónico.

El presidente de ASCEL, Nacho Martínez, lamenta la libre interpretación que se hace tanto del Estado de Alarma como de la carta de Agricultura. “Mientras Planas -el ministro- anima a las comunidades a dar vía libre para matar bichos, en la Secretaría de Estado dicen que afecta a la restricción de libertad de movimientos”, comenta. Martínez se refiere también a lo que ocurre con las delegaciones del Gobierno, y en concreto con la “contestación chulesca” del secretario de la de Aragón, “que parece estar al servicio del partido y no del Gobierno, porque nos dicen que presentemos un recurso y no podemos hacerlo si no nos contestan por escrito”, critica. Ascel denunciará todas las instrucciones autonómicas que autorizan la caza durante el estado de Alarma.