La Junta de Castilla y León llama a suprimir o restringir el transporte público y a no demostrar “quién es más o menos listo”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comunicado este lunes que “es indispensable restringir al máximo los movimientos” y se ha pedido al Gobierno que el confinamiento sea mayor, además de material para profesionales sanitarios. Igea ha informado de ello tras el nuevo Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado este lunes.

Igea se ha referido al llamamiento, “de manera reiterada” y a la petición de suprimir o limitar transporte colectivo porque hay que evitar lugares con aglomeraciones por ser un factor de riesgo en situación de pandemia, con un crecimiento del 15, 20, 30 por ciento y positivos que se doblan a diario. “Hemos reiterado a todas las administraciones y queremos reiterarlo hoy, hay que aplanar la curva o la situación se va a volver muy complicada. No es el momento de la falsa tranquilidad, ni de yo soy mas o menos listo, es un problema de salud pública, y no de demostrar quién es mas o menos listo”, ha recordado.

Igea también ha avanzado que la Junta de Castilla y León intentará que todos aquellos empleados públicos que puedan, recurran al teletrabajo reduciendo al mínimo su presencia en edificios de la Administración pero manteniendo servicios esenciales. En este sentido, se dará preferencia a los que padezcan alguna patología o tengan personas a su cuidado.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado de 334 casos de coronavirus confirmados en Castilla y León, con 176 personas ingresadas. En las últimas 24 horas se han registrado 42 positivos nuevos. En la actualidad hay 34 personas en la UCI, 9 de ellas ingresadas en las últimas horas. Además, se ha dado de alta a tres personas y hay 108 pacientes con tratamiento de antiretrovirales. El número de fallecidos en la Comunidad asciende ya a 12.

En cuanto a la falta de material, ha informado del envío de equipos a todas las provincias. Casado ha dicho que la Junta tomó la decisión de reclamar material a los ciudadanos y empresas al recibir llamadas de dos hospitales que alertaban de la falta de protección “algo clave”. También ha descartado que se pusiera en riesgo a los ciudadanos, que debían permanecer en sus domicilios y que acabaron saliendo de casa para llevar ese material. “No vinieron en manada, sino escalonadamente, y fue como si saliesen a la compra, pero nos la trajeron”, comentó Casado.

En concreto, ha detallado que en la Delegación de la Junta en Ávila se recibieron 1.500 mascarillas, 1.000 guantes y 210 monos; en la Delegación de Burgos se aportaron 4.220 mascarillas, 2.500 guantes, 20 gafas y 413 monos; en la de León se donaron 750 mascarillas, 500 guantes y 390 monos; en Palencia se aportaron 2.370 mascarillas, 1.100 guantes y 74 monos; en Segovia se recibieron 200 mascarillas, 3.000 guantes, 30 gafas y 185 monos; en Salamanca se han recogido 580 mascarillas, 4.000 guantes y 108 monos; en Soria los ciudadanos cedieron 470 mascarillas, 1.600 guantes y 110 monos; en Valladolid se recogieron 9.570 mascarillas, 2.000 guantes y 560 monos, mientras que en Zamora se aportaron 200 mascarillas, 1.000 guantes y 100 monos.

“A día de hoy el crecimiento de la enfermedad es del 14% y seguimos estando en alarma”, ha precisado la consejera. La Junta ha empezado ha recibir material del Gobierno central, aunque “no todo el que se esperaba”.

Desde el sábado, el protocolo para pruebas de coronavirus va cambiando en función del avance de la pandemia. Casado ha informado de que en Castilla y León, hasta el momento, se ha testado a 1.000 personas. El pico puede llegar en tres o cuatro semanas, según la consejera. Castilla y León ha pasado de ser la cuarta comunicad en contagios a estar en noveno puesto. La consejera ha recordado que Miranda de Ebro (Burgos) debutó con 93 casos y ahora tiene 41, con “pocos hospitalizados”, ocho en concreto.

La consejera también se ha referido al problema que ha surgido en La Bañeza (León), donde dos profesionales del centro de salud han dado positivo por coronavirus y hay otros dos en aislamiento. La actividad, ha dicho, “ha tenido que reorganizarse”.

El protocolo de Sanidad no aisla a los médicos si han tenido contacto con enfermos asíntomáticos

Casado ha respondido a las preguntas de este diario sobre el protocolo que siguen los profesionales sanitarios, que según ella es el que marca el Ministerio de Sanidad. Así, si uno de estos profesionales ha mantenido un contacto “de riesgo” y está asintomático se aparta en cuarentena. En el caso de dar positivo en coronavirus, ha dicho “hará lo que cualquier persona, aislarse en su domicilio”. “Si un profesional tiene síntomas, no debe seguir trabajando, lo quiero reiterar. Las personas con contacto estrecho con enfermos con síntomas, no pueden trabajar”, ha subrayado antes de añadir que los servicios de salud y prevención de riesgos son “los que analizan estas situaciones”. Casado no ha respondido cómo se procede con estos profesionales cuando han tenido contacto estrecho con asintomáticos, han podido ser contagiados y a su vez han atendido a pacientes de otras patologías.

Casado ha negado, como han indicado a eldiario.es fuentes médicas, que se esté “obligando a trabajar” a médicos y enfermeros que han tenido contacto con enfermos de COVID-19 sin los equipos de seguridad y ha comentado que “se pueden hacer malas interpretaciones” de las indicaciones, lo cierto es que, tal y como ha podido saber eldiario.es no se les permite hacer cuarentena. Casado no ha precisado cómo tienen que proceder los médicos en este caso. Tampoco ha respondido a la falta de transparencia sobre la cifra total de profesionales sanitarios contagiados de coronavirus. Así, ha insistido en que frente a la enfermedad, el aislamiento social es “la medida más efectiva”.

En cuanto a la gestión del problema por parte del Gobierno central, a preguntas de la prensa, Igea ha afirmado que este no es el momento de decir “lo que se hizo mal o lo que no se hizo” porque “no sirve para nada”. “Lo que la población necesita es lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo”, ha zanjado el vicepresidente y portavoz. Sobre la posibilidad de que el estado de alarma se prolongue más de 15 días como prevé el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, Igea considera que es “más que razonable”. “La previsión es más que razonable, menos de un mes es poco probable”, ha señalado.

Actos económicos de la Administración sin fiscalización previa por el COVID-19

Por último, en el Consejo de este lunes se ha aprobado un Proyecto de Decreto que incorpora, de acuerdo con lo regulado en el artículo 260.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, un nuevo supuesto de no sujeción a fiscalización previa de actos de contenido económico para hacer frente a la situación extraordinaria causada por la incidencia del virus COVID-19 en la población de la Comunidad. Este decreto se concreta en un artículo único que establece que los actos de contenido económico realizados por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, no estarán sometidos a la fiscalización previa. Asimismo, se fija la necesidad de acreditar esta circunstancia mediante un informe del titular de la Consejería responsable de la actuación.

El decreto cuenta con una disposición final que establece como fecha de entrada en vigor del decreto el mismo día al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Además se ha aprobado un Acuerdo por el que se establece, de la forma más inmediata posible, que los actos de contenido económico derivados de actuaciones realizadas por la Administración Institucional de Castilla y León para atender la situación ocasionada por el COVID-19, sean objeto de un control por parte de la Intervención.

De esta forma, el Acuerdo fija que se aplicará el control financiero permanente como forma de ejercicio del control respecto de todos los actos de contenido económico de los organismos autónomos de la Administración Institucional de la Comunidad, cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19. Para justificar esta circunstancia, en el expediente se incluirá un informe justificativo al respecto por parte del titular del organismo autónomo responsable de la actuación.

No estarán sujetos a la función interventora los actos de contenido económico de los entes públicos de derecho privado de la Administración Institucional de la Comunidad, cuando sean consecuencia de actuaciones para hacer frente a la emergencia ocasionada por el COVID-19. Para justificar esta circunstancia, asimismo, se incluirá en el expediente un informe justificativo al respecto por parte del titular del ente público de derecho privado responsable de la actuación.