“Es muy cómodo para España no pensar en las devoluciones en caliente a Marruecos”

En apenas un par de días en Melilla, Maribel Mora no ha parado. “No hemos tenido ni un segundo”, explica. Es senadora de Podemos por designación autonómica (por el Parlamento de Andalucía), portavoz adjunta del grupo parlamentario, portavoz de la Comisión de Interior del Senado, vocal de la Comisión de Justicia y portavoz de la Comisión Mixta de relaciones con la Defensora del Pueblo.

Para todos estos temas Melilla es un campo de trabajo necesario. Hay que venir aquí: se producen devoluciones en caliente, existe un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes sin reglamento conocido, y cerca de un centenar de menores no acompañados prefieren dormir en la calle a pasar la noche en el centro de menores.

Maribel Mora lleva 20 años trabajando por los derechos humanos. Parte de ellos los pasó como coordinadora de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. “No quiero perder el contacto con la realidad”, destacaba en una entrevista concedida a eldiario.es poco después de ser designada senadora. El jueves completaba la frase para explicar su presencia en Melilla, que no debería ser tan sorprendente: “He venido a hacer trabajo de campo” y a comprobar si las demandas planteadas en el Senado han tenido resultado. En estos meses ha presentado varias iniciativas sobre la frontera sur, entre otros la moción rechazada en el Senado (con los únicos votos en contra del PP) en la que se pedía “otra política migratoria que respete los derechos humanos”.

El Senado rechazó la moción que usted defendió, pero la Comisión de Interior y Justicia sí ha pedido esta semana acabar con las devoluciones en caliente.

La moción en el Senado era exactamente sobre devoluciones en caliente, para que se cumpliera la normativa y se dieran instrucciones de no practicarlas, porque la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Extranjería no está reglamentada. Y pedía que, mientras tanto, las expulsiones se hicieran por el procedimiento de la ley extranjería, que contempla expulsión o devolución.

Fundamentalmente era “no haga devoluciones en caliente”, porque hay varios organismos internacionales diciendo que es ilegal y recomendaciones de la defensora del pueblo. Eso sale que no, porque el PP vota que no, pero todos los demás grupos se posicionan a favor.

También lo teníamos metido en el Congreso. Y ayer lo que se debatió fue una proposición no de ley para derogar determinados artículos de la Ley Mordaza, entre los que está la DA 10ª de la Ley de Extranjería, que son las devoluciones en caliente.

¿Cree que estamos en el momento propicio para acabar con esta práctica?

Sí. Estoy convencida de que todo esto se va a modificar. En cuanto haya gobierno.

¿Con independencia del color?

Claro. Hay mayoría que piensa que esto tiene que ser derogado o modificado, y que debe cumplirse la legalidad.

¿Y la mayoría de bloqueo del PP en el Senado?

Se cree, falsamente, porque el PP está jugando a eso, que puede bloquear leyes, y no puede. Lo único que puede pasar es que al poner un veto o enmiendas, devuelva la ley al Congreso. Y el Congreso necesite más tiempo o mayoría cualificada para sacarla adelante. Pues la tramitación será más larga, pero será.

Entonces, ¿está convencida de que se va a acabar con esta práctica?

Totalmente. No tengo dudas... [Hace una pausa] Se va a acabar con la posibilidad de dejar la puerta abierta a que el rechazo en frontera sea posible. ¿Que en la práctica pueda seguir pasando? Pues habrá que estar pendiente de que no sea posible.

¿Cuál es la trascendencia de que no haya protocolo de actuación para los agentes de la Guardia Civil de frontera?

Pues que trabajan con inseguridad jurídica absoluta, sin condiciones laborales dignas, y no saben cómo aplicar un procedimiento que está sin reglamentar. ¿Cómo aplicas cuando coges a alguien encima de la valla y tienes que garantizar, mientras lo interceptas, el cumplimiento de la normativa internacional (porque lo dice la normativa que regula los rechazos en frontera) y los derechos humanos y de protección internacional? ¿Cómo garantizas que pueda pedir asilo cuando el procedimiento que se les ordena es que lo intercepten y lo devuelvan a través de una puerta? Hay falta de seguridad jurídica y denuncias penales hacia ellos, que no se lo merecen. Al final se tragan las querellas los que están al pie de la valla y no los que dan las órdenes.

La AUGC lleva dos años solicitando normas claras para saber cómo hacen su trabajo. Lleva mucho tiempo diciendo que no tiene instrucciones y la contestación que se da públicamente desde Interior, no en el Congreso y Senado aún, es que “ellos saben lo que tienen que hacer”. En la práctica esto lleva a la discrecionalidad y lleva a situaciones de ilegalidad perjudiciales tanto para el funcionario y provoca vulneraciones de derechos humanos.

Lo mismo que hacemos en Turquía es lo que se hace aquí desde hace tiempo. Todos nos llevamos las manos a la cabeza por que esto pudiera pasar y García Margallo decía que era inmoral la posibilidad de devoluciones colectivas porque era tratar a la gente como maletas. Y es lo que está ocurriendo aquí.

Usted ha dicho que España subcontrata el control de las fronteras: ¿qué papel juega en esto el acuerdo Marruecos-España de 1992?acuerdo Marruecos-España de 1992

Ese acuerdo no permite ni devoluciones en caliente, ni devoluciones colectivas, va en contra del principio de no devolución, obliga a que tengas que filiar a una persona, ver la documentación, registrarlo y que registre el rechazo Marruecos. Si te saltas eso, te saltas el convenio. Cosa que en la práctica sucede, pero ese convenio se ratificó para justificar las devoluciones masivas de Isla de Tierra, y para eso se utilizó. Es muy cómodo para España no pensar en las devoluciones a Marruecos. Se hace por nuestra comodidad.

Hay que ir a una política migratoria respetuosa con los derechos humanos, que garantice vías seguras de entrada a las personas que pueden ser demandantes de asilo para evitar las mafias y los saltos de la valla, vía oficinas consulares. Eso está previsto en nuestra Ley de Asilo, pero como no hay reglamento de desarrollo desde 2009…

A las oficinas de asilo no entra ningún subsahariano. Ninguno. Porque Marruecos lo para. ¿Por qué para a subsaharianos y no a los sirios? Por eso intentan entrar por la valla… Vienen de zona en conflicto con Boko Haram, por ejemplo. Y los rechazamos, saltando toda la normativa y vulnerando derechos humanos. Si pudieran pedir refugio en una oficina consular no tendrían que pasar barbaridades para llegar aquí y encima jugarse la vida saltando una valla. Eso es cumplir con nuestra legalidad y la legalidad internacional. Son formas de gestionar flujos migratorios cumpliendo la legalidad internacional.

¿Cree que se juega con el miedo?

Claro que sí. Recordarás la noticia de El País de los 30.000 esperando en Marruecos para saltar la valla… una noticia que no estaba contrastada. El Gobierno lanza esos mensajes para que sientas inseguridad. El 1% de las personas demandantes de asilo en Europa lo piden en España. La migración no llega aquí mayoritariamente, por supuesto nunca a la valla. El 80% entran por los aeropuertos, no entran por la valla. Eso no es real. Y los demandantes de asilo en Europa no llegan ni al 10% de los demandantes en el mundo, que están alrededor de las zonas de conflicto. Es un mensaje para justificar actuaciones contrarias a la legalidad.

De su moción se dijo en Melilla que se planteaba desde “el desconocimiento”. ¿Ha percibido un sentimiento de “en la Península no saben lo que pasa”?

La AUGC de aquí, de Melilla, pide parte de lo que planteamos nosotros en la moción, y es la asociación mayoritaria. Otra cuestión es que de manera partidista haya quien diga eso para justificar su posición. Dicen que no entendemos la problemática, pero todos tenemos un pasado y yo llevo 20 años trabajando en derechos humanos, así que sé de qué va el tema. Si no tienes argumentos jurídicos o humanos para responder la descalificación es la vía más fácil. Pero yo tengo claro qué estoy planteando y por qué.

¿Cómo ha percibido la situación del CETI?

Ha mejorado muchísimo. Hay mucha menos gente, pero sigue habiendo cosas que hay que mejorar y se sigue incumpliendo la Directiva de Acogida. Voy a empezar a plantear otra vez iniciativas sobre lo que no se cumple. Ahora que hay menos gente es el momento de poner aquello a punto para garantizar que si hay un repunte se les pueda garantizar una acogida digna.

¿Qué se incumple actualmente?

Tienen solo un psicólogo y un médico, que no está 24 horas. La directiva de condiciones de acogida de refugiados establece la obligación de tener programas específicos de atención psicológica para personas que vengan de zonas de guerra y para menores y no hay nada de eso. No hay información de cuándo se les traslada a la Península, y tenemos varios toques dados por la UE y el Consejo de Europa y la Defensora del Pueblo. Cuando entra la gente no se le da información sobre las normas nada más que en inglés y francés...

Hay varias sentencias del TSJ de Madrid y Andalucía diciendo que es ilegal que cuando tengan la tarjeta de demandante de asilo se limite la circulación a Ceuta y Melilla, y eso sigue pasando. Los plazos en los procedimientos en la tramitación del asilo siguen siendo más largos de lo establecido, y eso supone que mientras estás en el CETI, si tardas más de la cuenta y no te informan, surgen problemas de convivencia. Hay mucha gente parada porque las pruebas de ADN tardan, aunque eso, es cierto, no es problema del CETI.

Más: a los marroquíes que no piden asilo no les dejan entrar en el CETI y a las demás nacionalidades sí, y eso no es legal; a los argelinos no les trasladan a la Península hasta que no termina el procedimiento de asilo: es ilegal y hay sentencias diciendo que eso no puede ser. Y genera problemas de convivencia.

No existe una normativa que regule el funcionamiento.

Es una de las iniciativas que hemos planteado en el Senado. He pedido que me den las normas de funcionamiento, pero no me las han dado. Sí es cierto que hay cosas de las que he solicitado que estaban en tramitación. Y me han dicho que estaban esperando a que el Gobierno elaborara algo común para todos los centros.