Sanidad desconoce cómo devolverá la Atención Primaria a los inmigrantes tres meses después de su anuncio
El 31 de marzo el presidente Mariano Rajoy afirmó que “parece más sensato y razonable” que los inmigrantes sin permiso de residencia puedan ser atendidos en Atención Primaria en los centros de salud. Lo hacía a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y más de dos años después de que el Gobierno despojara a estos ciudadanos, entre otros, de sus tarjetas sanitarias y del derecho a acudir a su médico de cabecera. Tres meses después de ese anuncio, nada ha cambiado. Su aplicación efectiva podría posponerse hasta otoño, según ha afirmado el secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno.
Desde el anuncio del Gobierno, apenas han trascendido detalles sobre la medida en la que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, afirmó en marzo que su equipo “estaba trabajando”. Entonces, solo se hizo público que no se devolverían las tarjetas sanitarias a los inmigrantes en situación irregular sino que se concedería un documento (de validez autonómica) que reconociera su derecho a la Atención Primaria. El requisito establecido, según se apuntó en estas primeras informaciones, será un mínimo de empadronamiento.
Quedaba en la incertidumbre el tiempo exigido en el padrón, también si el documento permitiría la derivación a especialistas y, entre otras cuestiones, si se incluiría la posibilidad de que los médicos recetasen a estos pacientes.
A día de hoy, la información del Ministerio de Sanidad al respecto es casi inexistente. “Hasta que no terminen todos los acuerdos, sobre los que está trabajando el Ministerio, y pase por el pleno del Consejo Interterritorial de Salud no se va a dar información al respecto”, responden fuentes de su cartera a este medio. El plan del Gobierno, por tanto, no está terminado.
La semana pasada, el secretario general de Sanidad y Consumo afirmó en un encuentro informativo con la agencia Servimedia que el acuerdo final, que se aprobará en el pleno del próximo Consejo Interterritorial de Salud, podría retrasarse hasta otoño. Los cambios en los gobiernos autonómicos, fruto de las elecciones, retrasan el Consejo Interterritorial, que “podría celebrarse en julio”, pero también “perfectamente en septiembre”, dijo Rubén Moreno. De cumplirse esta última fecha, la aplicación de la medida anunciada en marzo tendría lugar medio año después de su anuncio.
En esa reunión, Moreno apuntó que el documento “les garantizará la cobertura de la asistencia en salud en Atención Primaria y para los especialistas, si así lo cree oportuno el médico de cabecera”. No dio información sobre el resto de interrogantes y tampoco lo hacen desde el Ministerio, donde justifican el retraso en los cambios con los periodos de las elecciones. No explican, sin embargo, cuál es la propuesta que llevará el Gobierno a las Comunidades Autónomas.
Mientras, la exclusión persiste
Debido a la reforma del Gobierno de 2012, el acceso de los inmigrantes sin permiso de residencia a la sanidad pública está limitado a las urgencias, para los menores de edad, las embarazas, los demandantes de asilo y las víctimas de trata. También, en los casos de salud pública. Sin embargo, se registran irregularidades en todas las excepciones reconocidas por la ley, como denuncian Médicos del Mundo y Yo Sí, Sanidad Universal y se ha publicado este medio en numerosas historias.
Mar Sacristán, médica de Atención Primaria de un centro de salud de Madrid y miembro de Yo Sí, Sanidad Universal, confirma que por el momento la única información sobre las intenciones del Ejecutivo que ha llegado a su centro de trabajo es “la de los medios de comunicación”. Sacristán insiste en que “esta medida (de aplicarse) es insuficiente, puesto que no reconoce el derecho a la atención sanitaria de forma continuada e integral, sino que constituye un 'parche': ofrece a los excluidos una atención sanitaria mínima y fragmentada, ”de segundas“, diferente al resto de ciudadanos”.
En este periodo, las irregularidades se siguen sucediendo, denuncian en Yo Sí y Médicos del Mundo. Alan, amigo de Kamal (nombre ficticio), estaba presente cuando en un centro de salud de Lavapiés le negaron el seguimiento médico, a pesar de que la doctora que le atendió en urgencias informó de sus sospechas sobre una posible tuberculosis. No tuvo acceso a la Atención Primaria que el Gobierno ha prometido dar a los inmigrantes sin permiso de residencia, pero es que, en la actualidad, el seguimiento en las enfermedades contagiosas ya está contemplado. “Y no se cumple”, dicen desde Yo Sí.
Los que no se beneficiarán de los cambios
El plan del Gobierno, hasta lo que se conoce, se acerca a los programas que ya han instaurado algunas regiones, como Galicia y la Comunidad Valenciana, que reconocen el derecho a la atención dentro de “programas sociales” a extranjeros en situación irregular empadronados un tiempo determinado y con escasa renta.
Inés Fernández, médica de cabecera en Galicia y miembro de Médicos del Mundo, explica que en su región “el documento del Programa Gallego de Protección de la Salud permite la atención primaria, la derivación a especilistas y la prescripción de recetas”. Y añade: “Aquí incluso el plan del Gobierno podría ser un paso hacia atrás si no reconociese la emisión de recetas”.
Las organizaciones sociales ya recordaron con estos programas autonómicos –y repiten ahora ante los planes del Gobierno– que la reforma sanitaria de 2012 excluyó a muchas personas y no todas se pueden beneficiar de estas medidas. Por ejemplo, los extranjeros residentes de manera legal en España gracias a la reagrupación familiar, ancianos, a los que la Seguridad Social exige un seguro privado (que no les pidió para venir a España) y les niega la tarjeta sanitaria. Cuando los casos han llegado a los tribunales, como el de Víctor Walteros, la justicia ha fallado en contra de la Administración.
La dotora Fenández los llama “los casos difíciles”: “Hay personas que no se pueden acoger al programa gallego porque no están empadronadas, porque viven en la calle, y otros casos de extranjeros con residencia legal, como estudiantes, que tienen problemas para que los atiendan”.
Los 'casos fáciles' son los de las personas que sí tienen derecho al programa, pero no lo saben y el trabajo de Médicos del Mundo pasa por informarles: “En Galicia hay unos 10.000 inmigrantes y el programa gallego llega a unos 1.500”, dice Inés Fernández. En la Consejería Gallega de Sanidad no han respondido a las preguntas de este medio sobre las últimas cifras oficiales del programa.
Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo en Madrid, denuncia que el problema es poner un parche tras otro “y no derogar el deal decreto 16/2012”. En su opinión, los únicos cambios garantistas para la salud de la población pasan por la insumisión a la norma de las Comunidades Autónomas, como hicieron (entre otras regiones) el País Vasco y Navarra, cuyas regulacioles autonómicas ha respaldado por el momento el Tribunal Constitucional. “Según la información que nos llega con los cambios de gobierno podría haber normas similares en Castilla-La Mancha, Baleares y Valencia”, apunta.
Por ello, espera que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, los consejeros de las comunidades autónomas apuesten por la atención normalizada. “Se puede hacer y es a lo que se han comprometido todos los partidos excepto Ciudadanos y el PP”, recordó Espinel. El resultado, no obstante, deberá esperar aún varios meses.
