Un juzgado falla en contra de la Seguridad Social por excluir de la sanidad a un anciano con papeles

Los rostros de Víctor y Annie Walteros, enmarcados con una gran sonrisa, son muy diferentes a los de hace nueve meses. Entonces, denunciaron en eldiario.es una situación que Annie, colombiana y residente regular en España desde 2008, califica de “vía crucis”: la Seguridad Social había negado la tarjeta sanitaria a su padre, reagrupado legalmente, de 80 años y enfermo crónico, alegando como motivo la reforma sanitaria de 2012. “Nos dijeron que mi padre no tenía derecho a sanidad”, que debería haber llegado con un seguro privado. Tras una larga lista de negativas, esta semana un juzgado de Madrid les ha dado la razón: “Mi familia y yo estamos de fiesta”.

La reforma sanitaria del Gobierno de 2012 excluyó de la atención pública normalizada a cerca de 870.000 de personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular, pero también a ancianos como Víctor, que no han cotizado en España y que llegaron al país gracias a una reagrupación familiar aprobada por la Administración. Lo mismo le ocurrió a Lourdes y a la madre de Claudia (nombre ficticio) en Valencia. En estas situaciones, el INSS interpreta que estas personas deberían haber venido a España con un seguro privado, algo que no se les exigió cuando sus familiares tramitaron los papeles.

El juzgado número 6 de Madrid ha fallado en el caso de Víctor Walteros en el mismo sentido que lo hicieron antes los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Cataluña y Cantabria: considera que el Instituo Nacional de Seguridad Social (INSS) no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia en España.

La decisión de la justicia pone fin a “un año y tres meses de negativas”, de puertas cerradas, cuenta Annie sin poder contener la emoción. Mientras habla, desvía la mirada a sus bebés, dos mellizas que corretean por la sala habilitada por Médicos del Mundo Madrid para hacer pública la sentencia favorable a la familia, apoyada por la ONG en todo el proceso judicial. Annie relata cómo desde que llegó con su marido a España hace siete años, con un contrato de trabajo, tenía en mente traerse a su padre. “Mi madre murió y soy hija única. Lo dejé en un estado de salud un poco lamentable”.

Un año y tres meses de desesperación

Una vez aprobada su llegada, Annie se interesó por los trámites oportunos para traspasar el historial médico de su padre desde Colombia a España. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron, tanto en oficinas de la Seguridad Social como en organismos de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, que Víctor no tendría acceso a la sanidad pública normalizada; le exigían un seguro privado del que antes nadie le había hablado.

La mujer se vio obligada a preguntar los precios de empresas de aseguradoras privadas. Allí, tampoco aceptaban a su padre porque era demasiado mayor y estaba enfermo: “Pedían que el paciente tuviera menos de 65 años y que estuviera en buen estado de salud”. De lo contrario, las cuotas se tornaban inalcanzables para su bolsillo.

Víctor, enfermo de EPOC, vive ligado a una máquina de oxígeno. Annie sabía que no podía traerlo a España sin acceso al sistema sanitario, “después de lo que nos costó convencerlo de dejar su casa, todo lo que conocía”, recuerda. En ese momento, la mujer acudió a Médicos del Mundo (MdM) donde le asesoraron y lograron que una máquina de oxígeno recibiera al anciano a su llegada a la casa Annie. “Mi padre llegó al aeropuerto un poco morado y con mucho esfuerzo fue a la oficina de Extranjería para recoger la tarjeta de residencia. Eso fue todo lo que salió a la calle en mucho tiempo”, recuerda la mujer.

Así contaba Annie el pasado verano la desprotección que sufría su padre:

Hoy Víctor Walteros ha entrado a la sala por su propio pie, con paso lento y con una dispensador de oxígeno portátil en su mano derecha. Pero todo “había que hacerlo por detrás, con trampas”, denuncia Annie. Su padre no ha tenido acceso a un médico de Atención Primaria que siga su caso, ni a los medicamentos ni la atención especializada que requiere. “¿Debe Médicos del Mundo encargarse de todo esto? —pregunta la mujer— Debe hacerlo el Gobierno que fue quien autorizó la residencia”, critica.

La sentencia del tribunal madrileño le da la razón. “Implica de forma automática que el solicitante ostenta la condición de asegurado y por tanto debe tener garantizada la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos mientras esté en vigor dicha autorización”, recoge el texto. Según el abogado que ha llevado la causa, Gorka Velle, voluntario de MdM, “los tribunales han venido a decir que la administración tiene que cumplir con sus propios actos”.

“Consecuencias de una ley injusta”

Annie Walteros espera que esta sentencia, una más que declara ilegal el proceder de la Seguridad Social, anime a más afectados a denunciar. “Si nosotros lo logramos, lo podemos conseguir todos”, dice tajante. En Médicos del Mundo Madrid, su presidente Manuel Espinel reitera el compromiso de la organización en contra del real decreto 16/2012, la reforma sanitaria tras la que se ha amparado la exclusión sanitaria de miles de personas.

“La reforma que anunció el Gobierno en abril es insuficiente porque no devuelve las tarjetas sanitarias y tampoco cambia el modelo de asegurados y beneficiarios”, critica. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que se devolverá la Atencion Primaria a los inmigrantes en situación irregular pero no ha concretado la medida aún: se desconoce, por ejemplo, qué servicios incluirá y si tendrán acceso a la prescripción farmacéutica. Desde la ONG piden al Ejecutivo instaurar un sistema de sanidad universal, que no divida a los ciudadanos en estas categorías administrativas ni que permita situaciones de indefensión como las de los ancianos reagrupados como Víctor. En la organización recuerdan que muchos inmigrantes no acuden a las vías judiciales por miedo a represalias y sus casos persisten en silencio.

Espinel indica que, si el Partido Popular y Ciudadanos (partidarios de reducir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular solo a ciertas excepciones) pactan y consiguen gobernar la Comunidad de Madrid, “seguiremos luchando por la sanidad universal, seremos una mosca cojonera”, concluye.

Gorka Velle relata que un juez les preguntó por qué denunciaban si tenían derecho a las urgencias. “Si llegamos a urgencias, tal vez ya no haga falta”, advierte el abogado. Pero hoy Annie, que ha temido esa situación en muchas ocasiones, mira a su padre y respira tranquila. “Lo conseguimos”.