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El Ayuntamiento de Madrid ordena el derribo de chabolas vacías en El Gallinero en presencia de niños

Una menor observa las tareas de derribo en el poblado chabolista de El Gallinero, este 6 de julio. | Foto cedida por Miguel Ángel Vázquez.

Laura Olías

El Ayuntamiento de Madrid lo retrasó tres semanas, pero al final ha metido las excavadoras para derribar casas vacías en El Gallinero delante de los niños que habitan el poblado chabolista. Muchos menores se han despertado esta mañana con el ruido del operativo, al que ha acudido la Policía, pese a que fue retrasado el pasado día 15 de junio para intentar, sobre todo, que los niños no estuvieran presentes. Muchos pequeños pasaron diez días en un campamento, hasta el 30 de junio, pero el Consistorio dirigido por Manuela Carmena asegura que “la Junta de Compensación –conjunto de propietarios entre los que está el Ayuntamiento– no pudo proporcionar la máquina necesaria hasta hoy”.

Este miércoles, los operarios han derribado “nueve casas y dos cocinas”, todas ellas deshabitadas, explica Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo e interlocutor de los voluntarios del asentamiento y las autoridades. Fuentes del Consistorio indican que estaba previsto el derrumbe de “13 viviendas”. Baeza explica que la máquina excavadora no pudo acceder a dos de ellas.

El Gallinero es un asentamiento de la capital, a 12 kilómetros de la céntrica Puerta del Sol, donde viven en la actualidad “unas 40 familias, unas 230 personas en total”, apuntan los voluntarios. Todas ellas, de etnia gitana provenientes de Rumanía. Sus índices de pobreza están a años luz de la media de la ciudad: un devastador 93% de pobreza, según el índice de Pobreza Humana (IPH), respecto al 10,7% medio de los madrileños.

El Ayuntamiento dio marcha atrás a la actuación de desmantelamiento hace tres semanas, después de las denuncias de los voluntarios y ONG que trabajan en el poblado porque no habían sido avisados y debido a la presencia de los menores en esa fecha. Las personas que colaboran en El Gallinero pedían que, si los derribos debían ejecutarse, el equipo municipal evitase que los niños fueran testigos de la escena.

El momento sugerido por los voluntarios fue en las fechas del campamento al que acuden muchos menores, “del 21 al 30 de junio”, explica Jorge Fernández, que estuvo de vacaciones con los pequeños. En el Ayuntamiento reconoce que se retrasaron los derribos para atender la solicitud de la ONG Coordinadora de Barrios, “se preparó para el día 30, que continuaba el campamento, pero la Junta de Compensación no consiguió la máquina”.

Fernández critica esa falta de previsión: “Que un Ayuntamiento como Madrid no pueda conseguir una máquina de este tipo en este tiempo...”. El Consistorio justifica la carencia del material a que, como el terreno es privado (de una Junta de Compensación con varios propietarios), no puede utilizar “los recursos públicos para emergencias que están disponibles solo para el espacio público”. Hacerlo en este terreno sería ilegal, indican.

Menores ante las excavadoras

El resultado ha sido ejecutar la operación, con los niños presentes, este miércoles. Ha asistido al poblado el concejal madrileño de Seguridad, Javier Barbero, “que ha hablado con los habitantes y no ha habido conflictividad, que eso es una diferencia con la anterior administración, la posibilidad de diálogo”, admite Javier Baeza.

En el pasado, con Ana Botella al frente del gobierno de la capital, los niños amanecieron varias veces con derribos que afectaban a sus propias casas y a las de sus vecinos. Ahora, las viviendas demolidas no están habitadas, pero “el problema no es que destruyan su casa, que también, es que lo que ven los niños. No pueden volver a presenciar esa violencia institucional”, critica Fernández.

Miguel Ángel Vázquez, voluntario y secretario general del partido Por Un Mundo Más Justo también ha estado presente esta mañana en El Gallinero y condena la repercusión de la escena en los menores: “Estaban inquietos. Un niño no tiene por qué saber que solo van a tirar las casas vacías. No sabe qué va a ocurrir, solo que se despierta viendo otra vez una excavadora y a la Policía en su barrio”, lamenta.

Con el equipo del PP al mando, en algunas ocasiones un derribo de viviendas desocupadas se saldó con alguna otra casa afectada. “Arrasaban con más, por eso hemos ido hoy a El Gallinero a vigilar que solo se derribaban las vacías”, reconoce Jorge Fernández.

Sin el prometido grifo y los retretes

En enero de este año, el equipo de Manuela Carmena comunicó su intención de lanzar su “plan de choque” con medidas urgentes para mejorar la habitabilidad en este foco de pobreza. Entre las actuaciones figura una de las principales exigencias de los voluntarios: la intalación de retretes y más acceso a puntos de agua potable. Tras un año al frente del Ayuntamiento, no han aplicado estas mejoras. “Es frustrante. Que la primera actuación en un año, tras una limpieza, sean estos derribos y que no hayan puesto ni un grifo de agua”, critica Miguel Ángel Vázquez.

Las mismas fuentes del Ayuntamiento vuelven a destacar las dificultades de avanzar en el proyecto debido a la propiedad del terreno, y también apuntan que el plan municipal no quiere “consolidar” más aún El Gallinero: “El plan de choque no pasa por consolidarlo, sino por una actuación más compleja, con los agentes sociales. Hay una parte de proveer las necesidades mínimas, pero son medidas paliativas”.

Aun así, en el Ayuntamiento creen que, tras los derribos, “algunas actuaciones básicas, como llevar agua corriente y los urinarios, se podrán instalar en el próximo mes”. Los voluntarios y la población desconfían porque ya han escucharon esa promesa a principio de año.

La falta de saneamiento en El Gallinero ha sido objeto de la preocupación de la ONU, a través de la Relatoría especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, con la que contactaron desde Coordinadora de Barrios durante el gobierno del PP. Además, según informó El País, el requerimiento de información de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el asentamiento se ha ampliado desde siete relatorías en total al Gobierno español. El Ayuntamiento, según ha indicado a este medio, está facilitando la información requerida por la administración central.

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